Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional

Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional

Venezuela

Cada vez más aislado y a la defensiva, el gobierno socialista de Venezuela podría estar al borde de una nueva crisis legal internacional. En las últimas semanas se ha fortalecido un esfuerzo sin precedentes para someter a juicio a altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Ahora, varios países latinoamericanos se están preparando para unirse a un proceso legal que ya está en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en el cual se está examinando abrir una investigación formal sobre la evidencia de violaciones de los derechos humanos a gran escala.
A la vanguardia de esta iniciativa marchan los gobiernos conservadores de Argentina, Colombia y Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le confirmó a Univision News que está “en el proceso de trabajar conjuntamente con algunos países de la región que están de acuerdo en realizar la demanda ante la Corte Penal Internacional”. La fuente dijo que se informaría mediante un comunicado conjunto próximamente, pero no se ha establecido una fecha.
El presidente argentino, Mauricio Macri, le dijo a CNN la semana pasada que la iniciativa también contaba con el apoyo de Paraguay.
La decisión de la CPI de abrir una investigación sería una gran vergüenza para el presidente Nicolás Maduro, y aumentaría la presión internacional sobre su asediado régimen en medio de una crisis política, económica y humanitaria que crece rápidamente.
El caso también les ofrece un rayo de esperanza a los opositores al gobierno después de un año de grandes frustraciones, entre las que se incluye la muerte de cientos de personas en una ola de protestas callejeras masivas que se extinguieron el verano pasado, y las elecciones fraudulentas que reforzaron el control absoluto del poder por parte de Maduro.
“Esto es sumamente serio. Maduro solo le teme a la CPI. La Corte tiene poder”, dijo Santiago Cantón, prominente jurista argentino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. La CPI tiene autoridad para ordenar detenciones y enjuiciar a individuos”, agregó Cantón, quien fue uno de los tres expertos designados por la OEA que recomendaron llevar el caso a la CPI en mayo.
“Sería un paso trascendental”, dijo Gustavo Marcano, un exalcalde venezolano del estado de Anzoátegui, quien huyó de la presunta persecución política el año pasado. “Éste es el tipo de presión internacional que necesitamos para restablecer la democracia. Es prácticamente nuestra única esperanza, además de la acción militar”, dijo.
Los expertos legales reconocen que incluso aunque se abra una investigación, se le daría pie a un largo proceso legal que podría durar años. Las posibilidades de que Maduro vaya a la cárcel siguen siendo altamente especulativas en esta etapa, según los expertos. “No digo que sea probable, pero la convertiría en una posibilidad real”, dijo Cantón.
El portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah, dijo que la corte no comenta los casos mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una decisión. “Algunos casos demoran unos meses, otros demoran 10 años o más”, dijo.
El ímpetu que está cobrando el caso de la CPI también se produce en momentos en que la región enfrenta una crisis humanitaria que aumenta rápidamente, provocada por el éxodo de dos millones de venezolanos que se estima huyeron del país en los últimos dos años y crearon un problema de refugiados en los países vecinos, entre ellos Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.
“Hay un carácter urgente aquí que no se ha apreciado plenamente”, dijo Irwin Cotler, ex Fiscal General y Ministro de Justicia de Canadá, quien fue uno de los expertos en el panel de la OEA. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió un “rechazo firme y categórico” al caso cuando la CPI anunció que examinaría las pruebas en febrero, y aseguró también que cooperaría con la corte para limpiar su nombre.

Sin precedentes

Ningún país — y mucho menos un grupo de países — ha presentado un caso contra otro país en la historia de la CPI, aunque a los estados miembros se les conmina a utilizar esta opción en sus estatutos. La mayoría de los casos de la corte son autoinformados — por individuos o grupos locales, y son el resultado de conflictos domésticos.
La corte fue fundada hace 20 años por un tratado internacional — conocido como el Estatuto de Roma — para enfrentar los abusos más atroces a nivel mundial: los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
Su trabajo se ha enfocado principalmente en África y nunca ha abierto un caso en América Latina, aunque actualmente está examinando acusaciones de crímenes de guerra en Colombia que datan de hace más de una década.
Venezuela fue uno de los 60 estados que ratificó el Estatuto de Roma en julio de 2002. Desde entonces, la cantidad de miembros ha aumentado hasta incluir 123 países. Estados Unidos no es signatario y, por lo tanto, no está oficialmente involucrado en el caso contra Venezuela.

La decisión de los gobiernos latinoamericanos de llevar a Venezuela a la corte podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el Abdallah, vocero de la CPI. En primer lugar, un caso debe pasar por un “examen preliminar” por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace una recomendación a un panel de jueces. “Si un estado miembro refiere un caso, el fiscal no necesita acudir a los jueces. Eso elimina un paso del procedimiento”, dijo.

Cronograma del caso de Venezuela

El caso comenzó en noviembre de 2015 ‘sin bombos ni platillos’ cuando un prominente político de la oposición en el exilio, Carlos Vecchio, presentó pruebas de abusos a La Haya y nombró a ocho funcionarios, incluido a Maduro, en nombre de un grupo de presuntas víctimas del régimen actual.
Un esfuerzo previo para llevar al expresidente Hugo Chávez a la corte fracasó cuando el líder socialista falleció de cáncer en 2013. “Entonces, comenzamos a documentar los abusos después de los desmanes cometidos durante las protestas de 2014”, dijo Vecchio, quien es el coordinador internacional del partido opositor Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo López, fue encarcelado.
“La inmunidad y la impunidad de las que ha disfrutado Maduro podrían eliminarse y de repente se enfrentará al hecho de un posible enjuiciamiento”, dijo Cotler. “Una vez que eso suceda, podrían ponerse en movimiento ciertas dinámicas”.
También les daría un importantísimo apoyo psicológico a los críticos venezolanos del gobierno de Maduro, tanto en la diáspora como dentro de Venezuela. “Hay un gran anhelo de justicia y rendición de cuentas”, dijo Cotler. “Podrían decir que alguien finalmente se está dando cuenta de lo que está sucediendo”.

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