Bloqueó acuerdo para pagar ayuda psicológica a familias migrantes separadas en la frontera

Bloqueó acuerdo para pagar ayuda psicológica a familias migrantes separadas en la frontera

Bloqueó

La Casa Blanca impidió en octubre del año pasado que el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) aceptara un acuerdo para pagar servicios de salud mental a familias que fueron afectadas por un cuestionado programa que durante meses se mantuvo en secreto y formó parte de la política de ‘tolerancia cero’.
Tres fuentes involucradas en las discusiones y que hablaron bajo condición de anonimato, revelaron a la cadena NBC que la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca tomó la decisión de rechazar el acuerdo de una demanda federal después de consultar con Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Trump.
Miller es el principal gestor de la severa política migratoria que el presidente ha implementado desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, incluidas las separaciones familiares forzadas.
“El DOJ apoyó de manera firme y unánime el acuerdo, pero no todas las agencias involucradas estaban en la misma página”, dijo un funcionario del gobierno. “Al final, el acuerdo fue rechazado por orden de la oficina del abogado de la Casa Blanca”, indicó.
Otro funcionario dijo: “Al final, fue Stephen quien prevaleció. Lo aplastó”. Las fuentes indicaron que la negativa de la Casa Blanca a aceptar el acuerdo terminó costando a los contribuyentes $6 millones.

Las separaciones

Las separaciones forzadas fueron ordenadas por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien durante su permanencia en el Congreso como senador (republicano) por Alabama fue jefe de Miller. El funcionario exigió que a los migrantes que entraban al país en busca de asilo por lugares no autorizados, les levantaran cargos criminales pese a que la presencia indocumentada se trata de una falta civil.
Al tener cargos criminales por ingreso ilegal el gobierno entonces los separó der sus hijos obligando a los padres a enfrentar un proceso criminal y a los hijos al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Pero al no tener un protocolo de separación y menos una guía para la reunificación después de concluir el proceso criminal, cientos de padres fueron deportados a sus países de origen sin sus hijos, y cientos de niños migrantes permanecen sin sus padres en Estados Unidos esperando a ser reunificados.
Una fuente de la oficina legal de Casa Blanca, negó que Miller estuviera involucrado: “El señor Miller no estuvo involucrado, y cualquier sugerencia de que sí es falsa”, indicó, de acuerdo con el reporte de NBC.

Largas negociaciones

En un principio las separaciones se llevaron a cabo entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 2018 y fueron afectadas 2,654 familias, de acuerdo con datos entregados por el DOJ bajo el mando de Sessions. Pero un reporte fechado en enero de 2019 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reveló que las separaciones comenzaron secretamente varios meses antes y que el número de afectados era de “varios miles”.
El 26 de junio de 2018 el juez Dana Sabraw, quien presidente la Corte de Distrito del Sur de California, en San Diego, ordenó al gobierno suspender inmediatamente las separaciones forzadas y hacer todo lo posible por permitir la reunificación de las familias afectadas cuanto antes.
El reporte de NBC indica que después de nueve meses de negociaciones, principalmente en Los Ángeles, tanto los abogados del DOJ como los abogados que representan a las familias migrantes, “habían acordado en principio un acuerdo de $8 millones para evaluar y asesorar a miles de afectadas, según dijo Mark Rosenbaum, del bufete de abogados de interés público pro-bono Public Counsel, que representa a las familias.
Rosenbaum dijo además que la presión para llegar a un acuerdo de manera rápida estaba aumentando” hasta que fue frenado por la Casa Blanca. “Muchos de estos niños pensaron que sus padres los habían abandonado deliberadamente. Cuanto más tiempo pasa y no se resuelve el trauma, más graves serán las consecuencias”, señaló el abogado.

De puño y letra

En mayo de 2019, un año después de la fecha oficial de las separaciones forzadas de familias migrantes en la frontera, a la redacción de Univision Noticias llegó un primer grupo de cartas escritas de puño y letra por menores no acompañados y niños que venían acompañados por familiares, se entregaron a las autoridades, pidieron asilo (un recurso legal disponible autorizado por el Congreso) y que, finalmente, fueron separados.
Los testimonios, inéditos hasta ese momento, mostraban una verdad desgarradora: desde recién nacidos hasta adolescentes eran tratados con crueldad, siendo que se trataba de víctimas que huían de la pobreza, miseria y violencia en sus países de origen, situación que los llevó a escapar para salvar sus vidas.

Hasta entonces era imposible -y lo sigue siendo- hablar con ellos cara a cara, preguntarles cómo están, por qué vinieron y qué esperan. Tanto la Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza (CBP) como el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) no permiten el acceso a las instalaciones donde se encuentran. El proceso migratorio bajo el que han sido puestos no es transparente, ni tampoco hay chances de supervisiones independientes.

Los testimonios escritos por los menores son impactantes:

“Había niños de 6 a 8 años llorando y pidiendo por sus papás, porque tenían frío o les hablaban muy fuerte…;
“No se podía bañar ni lavarse los dientes, no se podía hacer nada, todo era horrible…”;
“Lo amenazaban que iría preso si no dice la verdad, y que hasta 3 y 5 años de cárcel le darían…”;
“Mi sueño es estudiar para ayudar a mis semejantes a que puedan lograr su sueño…”;
“Había una niña de 17 años con una bebé recién nacida. Ella no podía caminar, solo estaba en silla de ruedas y nadie la ayudaba en nada…”;
“Me trataron de ‘esclavo’ diciendo cosas muy feas…”;
“Quise venir aquí́ en Estados Unidos porque mi mamá no tiene con qué mantenernos…”

Los trataron como “animales” Publicidad

Todo esto lo hicieron “para quitarle la humanidad a estas personas, tratarlos como animales”, dijo en esa ocasión Margarita Mustelier, una doctora en psicología y psicoanálisis que ejerce en Miami, Florida, y ha tratado a decenas de migrantes detenidos en cárceles del gobierno.
“Esto es abuso. Lo sabemos por las historias que cuentan, por los traumas causados”, añade.
La psicóloga advirtió que los migrantes son “personas que ya tienen múltiples traumas. Eso es parte del motivo por el cual vienen. Han pasado por situaciones tan extremas (asesinatos de sus padres, violaciones…) que cuando tienen un chance de escaparse, lo hacen”.
Y cuando por fin llegan tras recorrer miles de millas en busca de asilo, se enfrentan a otro trauma todavía peor. “Demorará décadas poder estudiar lo profundo que es el daño que se le ha hecho a estos niños. Estamos hablando de algo extremo”, advierte y menciona como ejemplo los abusos cometidos por los nazis durante la II Guerra Mundial.
Mustelier también dijo que no hay palabras para describir el daño que ha hecho la política de separaciones en la frontera. “La huella digital que eso plasma en la psicología, en el alma del niño, en su desarrollo dependiendo en qué etapa están, afecta de maneras diferentes. El sentido de seguridad, el sentido de quién es, de su habilidad, de poder sentir que hay esperanza en la vida, de poder superar y mejorar. Hay tantas cosas que son afectadas y que de verdad son duras”, precisó.

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