Con reforma cesarían Redadas y Encarcelamientos …Cárceles en la mirilla!
DENVER – Congresistas estatales y activistas pro-inmigrantes de Colorado anunciaron el lunes que pidieron a las autoridades locales y federales modificar las leyes sobre los centros de detención de indocumentados, por el «efecto negativo» que tienen en la comunidad.
Muchos sin delitos
«Nuestro quebrado sistema migratorio pone tras las rejas injustamente a muchos inmigrantes», dijo la senadora estatal Morgan Carroll, demócrata de Aurora y presidente del Comité Judicial en el senado local.
«Más de la mitad de esos inmigrantes detenidos jamás cometieron un crimen. La detención es costosa, porque le cuesta al estado más de $100 por día y por detenido. Pero perdemos mucho más que dinero. Perdemos como comunidad cuando usamos la detención como el primer recurso, cuando tendría que ser el último», agregó.
Según la legisladora, el arresto innecesario de inmigrantes sin antecedentes criminales provoca, además, pérdidas financieras al fisco local, por los impuestos no percibidos, y a los negocios del área donde vivían esos detenidos.
Claman solución federal
«Pero ante todo perdemos la oportunidad de llegar a ser una comunidad unida en la que todos compartamos nuestros dones, valores y talentos cada uno con el otro. Necesitamos una solución federal para nuestro sistema migratorio, pero una solución que ayude a toda la comunidad», afirmó.
En vez de detener a los inmigrantes, la solución, dijo Carroll, sería reducir el tiempo de espera que ahora se requiere para completar trámites de inmigración (en particular los casos de asilo) y que, por ser tan largo, «crea incentivos para evitar el proceso». Además, debería «crearse un sistema para mantener a las familias intactas».
Por su parte, Polly Baca (la primera hispana en ser electa al senado de Colorado, en 1978) aseveró que «ahora es el momento de reconocer la dignidad de todas las familias y de toda la comunidad».
Reforma migratoria amplia
Baca, quien formó parte del panel de expertos convocados por la Universidad de Denver que recientemente publicó una propuesta de reforma inmigratoria, representa ahora a la Alianza Interreligiosa de Colorado.
«Oramos para que se ponga fin al arresto de indocumentados y para que se aprueben nuevas leyes migratorias que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas», declaró Baca, quien fue la copresidente de la campaña electoral de Barack Obama en Colorado.
Tanto Carroll como Baca se presentaron anoche (lunes) ante la sede del centro de detención de inmigrantes en Aurora (a cargo de la empresa privada GEO) y desde ahí le pidieron » a las autoridades correspondientes que cierren ese centro», indicó Jennifer Piper, portavoz del Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC).
Piper pidió que «como mínimo existan normas claras de detención», para que los inmigrantes tengan acceso a abogados y a sus familias cuando lo necesiten.
El informe de la OEA
Las preocupaciones expresadas en Colorado aparecieron cinco meses después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer un informe en el que concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en «condiciones inaceptables», y que en algunos casos el derecho al debido proceso «ha sido afectado».
La mayoría de las cárceles auditadas por la Comisión fueron creadas o reformadas bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
«La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos», precisó la OEA.
Cinco años de espera
La Comisión explicó que demoró cinco años en obtener permiso para visitar los centros de detención y que las autorizaciones fueron concedidas bajo la administración del presidente Barack Obama.
El informe dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató «grave insuficiencia de personal» así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El ‘ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la Comisión reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es «una manera de castigar a las víctimas», denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la OEA fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la CIDH con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Drama de familias presas
El reporte también señaló que en los centros de detención para familias del ICE «las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional».
Subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90% de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Cambio de procedimientos
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos.
Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo del año pasado, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
«De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina», destacó.
Informe de ACLU de 2008
En diciembre de 2008 la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado «Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts», el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que «nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de ‘lavarse las manos’ respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado».
«Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos».
