Corrupción en el Consulado General de México local
DALLAS – Tras la demanda que cinco mexicanos presentaroon en una corte de Dallas en la que aseguran que fueron manipulados para recibir servicios legales de dos abogados que se hicieron pasar por funcionarios del Consulado General de México en esta ciudad, los demandados niegan acusaciones.
Demanda en curso
Los abogados emitieron un comunicado de prensa en el cual señalan que son inocentes de todo cargo, pero aceptaron que sí son considerados abogados consultores del consulado y como tal reciben clientes de manera eventual pero sin retribuir a ningún funcionario.
“Nunca hemos sido catalogados como funcionarios públicos del gobierno mexicano como señala la demanda ni tampoco hemos fungido como cónsules generales como lo establece la querella”, agrega el comunicado.
La demanda fue interpuesta la semana pasada por Luis Enrique Ramírez, Alonso Salinas, María Salinas, Leticia Salinas y María Alicia Puente Navarro, en contra de los abogados Alvino Guajardo y Pablo Alvarado.
En la querella presentada en una corte de Dallas se asegura que la sede del consulado general de Dallas es un lugar “lleno de corrupción y codicia” y que allí “la ley no existe y en donde reina las coimas y las violaciones éticas”
Según el documento presentado por el abogado Lawrence J. Friedman, Guajardo reclutaba clientes en el consulado mexicano para su supuesto socio y colega Alvarado.
También se asegura que Guajardo y Alvarado entregaban grandes sumas de dinero en efectivo a los funcionarios del Consulado General de México en Dallas.
Por su parte, el Cónsul General de México en Dallas, Enrique Hubbard Urrea, explicó en entrevista con Noticias 23 que en esta sede diplomática todo funcionan en orden y transparencia y negó actos de corrupción.
Consulado mexicano tiene historial
Esta no es la primera vez que el consulado general de México en Dallas se ve involucrado en una situación similar.
A fines de 2005, Susana Loera, una ex colaboradora de ese consulado acusó a las autoridades de esa sede diplomática de corrupción, de negociar actas de nacimientos a centroamericanos y de recibir dinero por parte de funerarias y de un abogado del área.
Lorea incriminó directamente a Luis Lara, en ese entonces vicecónsul del Departamento de Protección de esa sede consular, por no acatarse a la ley al momento de ayudar a sus connacionales.
Lorea también señaló que sus honorarios los cancelaba de manera directa Pablo Alvarado, “el abogado que recibía absolutamente todos los casos que llegaban” a esa dependencia y que hoy está demandado.
A principios de 2007, después de meses de investigaciones, la Cancillería de México indicó que no se habían encontrado pruebas suficientes que involucraran a funcionarios diplomáticos y que las investigaciones se habían cerrado.
