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Crece la alarma por deportaciones aceleradas

Organizaciones y activistas pro inmigrantes están advirtiendo al gobierno de Barack Obama que la deportación acelerada de niños indocumentados detenidos en la frontera es una “violación” de derechos humanos y al “debido proceso”. Y agregan que las expulsiones expeditas pondrían en mayor riesgo a los infantes, más de 52 mil que desencadenaron una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera de Estados Unidos con México.
“No olvidemos que la Constitución garantiza que cada acusado tiene derecho al debido proceso.”
El Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC, por sus siglas en inglés) dijo que el plan de la Casa Blanca de apurar las deportaciones de niños indocumentados solos era “inadmisible”. De hacerlo, pondrá al gobierno en “una senda peligrosa” al restringir el debido proceso, dijo Meg McCarthy, directora del centro.
“La Casa Blanca debería encarar las raíces de este flujo de niños, la violencia desenfrenada en Centroamérica, en lugar de buscar soluciones provisionales a un problema sistémico”, agregó la directora en un comunicado.

Dos niños recibieron los besos y abrazos de su madre en otro emotivo reencuentro de familias migrantes.
El National Immigrant Youth Alliance (NIYA), dijo que condenaba los planes de Obama para deportar a los niños refugiados, y que después de “consultar con nuestros aliados en México y Centroamérica, en las próximas semanas estaremos anunciando planes para defender los derechos de los niños refugiados”.
NIYA precisó que mientras Obama reiteró el lunes, en una carta enviada a los líderes del Congreso, que la mayoría de los niños refugiados serán enviados de regreso a sus países, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que hasta el 60% de los niños que actualmente se encuentran en la frontera podrían ser elegibles para recibir la condición de refugiado o asilado político.
La alianza dijo además que los $2,000 millones que Obama pidió al Congreso para enfrentar la crisis “no deben ser gastados en la vigilancia fronteriza”, sino que el gobierno “está obligado, por ley”, a proteger a los niños del peligro y les debe permitir permanecer en Estados Unidos.
reforzar la frontera con México, debía ofrecer una vía a la ciudadanía para los cerca de 11 millones de indocumentados —la mayoría de origen latinoamericano— que ahora viven en EE UU. En junio de 2013 el Senado, de mayoría demócrata, aprobó una versión de la reforma con 68 votos a favor —entre ellos los de destacados republicanos— y 32 en contra. Pero la reforma encalló en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Su presidente, el speaker John Boehner, se negó siquiera a permitir un voto, aunque según los demócratas la ley contaba con el apoyo de suficientes legisladores —demócratas pero también algunos republicanos— para aprobarse.
Si la reforma sanitaria fue el proyecto estrella del primer mandato de Obama, la reforma migratoria lo era del segundo. Ambas leyes eran proyectos ambiciosos destinados a definir el legado del presidente. No ha sido el primero en intentarlo. Su antecesor, el republicano George W. Bush también logró en 2006 que el Senado aprobase una reforma similar, pero aquella, como la actual, acabó naufragando con la oposición de la derecha del Partido Republicano.
Al dar por liquidada la reforma migratoria, Obama admite su impotencia ante un Congreso que, desde que 2011, ha bloqueado sus principales iniciativas. Sin la reforma migratoria, es improbable que en los dos años y medio que le quedan en la Casa Blanca el presidente firme otra ley de alcance parecido.
La promesa de actuar con decretos es un desafío a la oposición republicana, que le acusa de abusar de este instrumento y de acaparar poderes presidenciales.
“Yo sólo adopto acciones ejecutivas cuando tenemos un problema grave, y el Congreso decide no hacer nada”, dijo Obama en alusión a la opción de gobernador por su cuenta, sin contar con el poder ejecutivo. “Y en esta situación, el fracaso de los republicanos de la Cámara [de Representantes] a la hora de adoptar una maldita ley es malo para nuestra seguridad, es malo para nuestra economía, es malo para nuestro futuro”.
Obama explicó que la semana pasada Boehner le comunicó que no habrá un voto para la reforma en 2014. El Congreso que salga de las elecciones legislativas de noviembre entrará en funciones en enero de 2016. Ningún sondeo vaticina que los demócratas de Obama recuperen la Cámara de Representantes.
El fracaso de la reforma migratoria no es una sorpresa. El bloqueo sistemático del Partido Republicano en la Cámara de Representantes dejaba pocas dudas sobre su escasa viabilidad. En el último mes las cosas se han complicado aún más.
La derrota en unas elecciones primarias del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, se interpretó como una señal de que las bases conservadoras no tolerarían la menor tibieza de sus líderes respecto a la inmigración: sin ser favorable a la reforma, Cantor no era uno de sus detractores más estridentes.
La ola de miles de menores procedentes de Centroamérica disipó cualquier esperanza. Algunos republicanos del Congreso ven en la llegada de decenas de miles de inmigrantes una respuesta al efecto llamada que suponen las promesas de regularización y acceso a la ciudadanía de la ley. Para Obama el problema actual es fruto del desbarajuste de la actual legislación, que tolera la presencia de indocumentados sin permitirles una plena integración en el país.
La renuncia a la ley de inmigración representa una derrota de Obama, convertido en un pato cojo: en la jerga política de EE UU, el presidente que, en el último tramo del mandato, ha dejado de influir.
El coste para los republicanos no es inmediato. En las elecciones legislativas el votante hispano participa poco, pero en las presidenciales su voto puede ser decisivo. Así ocurrió en 2012, cuando Obama se llevó el 73% del voto de los latinos, la minoría más pujante. Y sí puede volver a ocurrir en 2016, cuando se elija al sucesor de Obama: quien tenga en contra a los latinos lo tendrá más difícil para ganar.

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