Cuando la única salvación es el aborto

Cuando la única salvación es el aborto

Unica Salvación

Las leyes que prohíben el aborto en América Latina y el Caribe atentan contra el derecho más fundamental de las mujeres: vivir. Las víctimas suelen ser las más pobres, como lo demuestra este recorrido por República Dominicana y El Salvador.
6 países de la región prohíben el aborto sin excepciones aún cuando la vida de la madre está en peligro o el embarazo es producto de una violación. En 2014, al menos 900 mujeres murieron en América Latina y el Caribe por abortos inseguros, la causa del 10% de las muertes maternas. La mayoría de las víctimas eran mujeres pobres. En El Salvador y República Dominicana el aborto, incluso espontáneo, se criminaliza con penas de hasta 30 años de prisión. Las que no van a la cárcel, mueren.
Rosa Hernández acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que se investigue la muerte de su hija “Esperancita” y establezca la responsabilidad del Estado dominicano que le negó el tratamiento. Este caso se ha vuelto emblemático en la lucha de las mujeres de República Dominicana para que las leyes autoricen el aborto cuando la vida de la madre corre peligro.
En Honduras, Nicaragua, Haití, Surinam, República Dominicana y El Salvador el aborto está totalmente prohibido en casos de embarazo ectópico, cuando el embrión fecundado se instala fuera del útero. La medicina establece que un embarazo ectópico debe interrumpirse cuanto antes para salvar la vida de la mujer. Cuando se retrasa, puede ocurrir una emergencia obstétrica. A los 20 años, Keyla Cáceres casi muere por causa de un embarazo ectópico.
97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas. Garantizar el derecho a la vida de la mujer es garantizar también su derecho a sobrevivir al embarazo, según la Comisión Interamericana de DDHH.
Las mujeres son, además, víctimas de altos índices de violencia de género, física y sexual. En República Dominicana, más del 60% de las mujeres ha sufrido violencia física, según cifras de Unicef. Y una de cada 4 mujeres asegura haber experimentado algún tipo de abuso antes de los 15 años de edad. En El Salvador, solo en junio de 2017 una mujer fue asesinada cada 16 horas. Según cifras de la fiscalía, ese año fueron reportados un total de 4,343 abusos sexuales a adolescentes de hasta 17 años.
Las tasas de embarazo adolescente son altas en ambos países. En El Salvador, el 30% de los embarazos registrados en 2015 ocurrieron entre adolescentes de 10 a 19 años, según cifras del Ministerio de Salud. Mientras, en República Dominicana, un 22% de las adolescentes de entre 15 y 19 años ha estado embarazada.
La pobreza y la falta de educación sexual son las principales causas del embarazo entre adolescentes. Estas madres enfrentan riesgos de salud mucho mayores. La obstrucción en el parto, las hemorragias o las infecciones son hasta tres veces más comunes en adolescentes que entre las mujeres de 18 a 34 años.
En las últimas dos décadas, decenas de mujeres han sido sentenciadas a prisión en El Salvador por abortos espontáneos y emergencias obstétricas. Los fiscales las acusan de haber “asesinado“ a sus hijos, aún cuando han nacido muertos o fallecido poco después del parto. Es el caso de Teodora del Carmen Vásquez fue acusada de homicidio y condenada a 30 años de prisión luego de perder a su bebé a los 9 meses de embarazo. Teodora pasó 10 años y 7 meses en la cárcel. Salió en libertad en febrero de 2018, luego de que su pena fue conmutada.
Hasta 1998 el aborto seguro era legal en El Salvador en casos en los que la madre corría peligro, cuando el embarazo era resultado de una violación o cuando el feto no tenía posibilidad de sobrevivir. Ese año, la Asamblea Legislativa aprobó la prohibición absoluta del procedimiento. Esta norma no solo genera complicaciones obstétricas y muertes que podrían evitarse, sino que condena a las mujeres a largas e injustas penas de cárcel. 20 años después el país desperdició la oportunidad de despenalizarlo en circunstancias extremas, por lo que la prohibición se mantiene.
El Código Penal vigente en República Dominicana data de 1884 y penaliza totalmente al aborto. Y no solo castiga a la mujer, sino que castiga con penas de hasta 20 años de cárcel a cualquier persona que le ayude: médico, enfermera o farmacéutico. Dos presidentes han solicitado al Congreso Nacional la despenalización del aborto en tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando existe inviabilidad del feto o cuando es producto de una violación o incesto. Pero no han tenido éxito. Sin embargo, el apoyo de la sociedad civil a la reforma es cada vez mayor.

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