El día que un puñado de científicos se vendieron para defender el tabaco

El día que un puñado de científicos se vendieron para defender el tabaco

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Nuestro producto es la duda
El 9 de mayo de 1979, un grupo de ejecutivos de la industria del tabaco se reunió para informarse sobre un nuevo programa de gran importancia. Habían sido invitados por Colin H. Stokes, el antiguo presidente de R.J. Reynolds, una compañía famosa por sus campañas publicitarias, incluidos los primeros anuncios de cigarrillos difundidos por radio y televisión («Andaría una milla por un Camel»). En años posteriores, Reynolds sería declarada culpable por saltarse las leyes federales dirigiéndose al público infantil con el personaje Joe Camel —al que la Comisión Federal de Comercio comparó con Mickey Mouse—. Sin embargo, en esta ocasión ese grupo de ejecutivos no se había reunido para hablar de sus productos ni de marketing. El objetivo de la reunión era hablar de ciencia. La estrella de la velada no era Stokes, sino un viejo físico calvo con gafas llamado Frederick Seitz.
Seitz era uno de los científicos más distinguidos del país. Un prodigio que había ayudado a construir la bomba atómica y había desempeñado su carrera profesional en los niveles más altos de la ciencia estadounidense: asesor científico de la OTAN en la década de 1950, presidente de la Academia Nacional de Ciencias en los años sesenta, rector de la Universidad Rockefeller —la institución más destacada del país en investigación biomédica— en los setenta. En 1979 acababa de jubilarse y había sido convocado a esta reunión para hablar sobre su último trabajo: un nuevo programa, que dirigiría en nombre de R.J. Reynolds, con el que se financiarían proyectos de investigación biomédica en universidades prestigiosas, hospitales y distintas instituciones de todo el país.
Este nuevo programa se centraría en las enfermedades degenerativas —cáncer, cardiopatías, enfisema, diabetes—, que eran las principales causas de muerte en el país. El proyecto era inmenso: en los seis años siguientes invertirían 45 millones de dólares. Con ese dinero se financiarían investigaciones en Harvard, en las universidades de Connecticut, California, Colorado, Pensilvania y Washington, en el Instituto Sloan-Kettering y, naturalmente, en la Universidad Rockefeller. La subvención habitual era de 500.000 dólares anuales durante seis años, una cantidad de dinero muy grande para lo que era la investigación científica en aquellos tiempos. El programa llegó a financiar 26 proyectos diferentes y otorgaría becas de investigación R.J. Reynolds a seis jóvenes investigadores en áreas relacionadas con enfermedades degenerativas crónicas, inmunología básica y con los efectos de los «tipos de estilos de vida» sobre las enfermedades.
El papel de Seitz consistía en elegir los proyectos que se iban a financiar, supervisar y controlar las investigaciones realizadas e informar de sus progresos a R.J. Reynolds. Para determinar los criterios del proyecto —qué tipo de proyectos se financiaban— buscó la ayuda de dos destacados colegas: James A. Shannon y Maclyn McCarty.
Shannon era un médico que durante la Segunda Guerra Mundial había sido pionero en el uso de un fármaco contra la malaria: el Atabrine. Este fármaco era eficaz, pero tenía efectos secundarios muy negativos. Sin embargo, Shannon descubrió la forma de administrarlo sin esos efectos secundarios perjudiciales y dirigió entonces un programa que permitió el tratamiento de millones de soldados en el Pacífico Sur, librando a miles de esta enfermedady, por lo tanto, de la muerte.4 Más tarde fue director de los Institutos Nacionales de Salud —desde 1955 a 1968— y convenció al Congreso para transformarlos permitiéndoles ofrecer subvenciones a investigadores de las universidades y los hospitales. Antes de eso, los fondos de la institución se empleaban en gastos internos; había muy poco dinero disponible en los hospitales y universidades del país para la investigación biomédica. El programa de ayudas externas de Shannon alcanzó una gran popularidad y tuvo mucho éxito, por lo que creció y creció. Con el tiempo, acabó generando ese gigantesco sistema de subvenciones que constituye hoy el núcleo básico de la institución y que situó a Estados Unidos a la cabeza de la investigación biomédica. Sin embargo, pese a todo esto, Shannon nunca obtuvo el Premio Nobel ni la Medalla Nacional de la Ciencia, ni siquiera el Premio Lasker —normalmente considerado la mayor distinción en el campo de la biología después del Nobel—.
También Maclyn McCarty contaba con una carrera de éxitos fabulosos que no habían sido tan fabulosamente reconocidos. Mucha gente había oído hablar de James Watson y Francis Crick, que obtuvieron el Premio Nobel por descifrar la estructura de doble hélice del ADN, pero no habían sido ellos quienes demostraron que el ADN portaba la información genética en las células. Ese primer paso crucial lo habían dado una década antes, en 1944, tres bacteriólogos de la Universidad Rockefeller: Oswald Avery, Maclyn McCarty y Colin MacLeod. Estos probaron en un experimento con bacterias de la neumonía que las bacterias benignas podían convertirse en virulentas inyectándoles ADN de cepas virulentas. Se podía cambiar la naturaleza del organismo alterando su ADN, algo que hoy damos por supuesto, pero era una idea revolucionaria en la década de los cuarenta.
Tal vez porque Avery era un hombre discreto que no se dedicó a pregonar a los cuatro vientos su descubrimiento o quizás porque la actualidad de la Segunda Guerra Mundial dificultaba que se prestase atención a cualquier avance científico que no tuviese una importancia militar inmediata, Avery, McCarty y McLeod despertaron poco interés por su descubrimiento. De todos modos, los tres tuvieron una carrera profesional brillante y en 1994 McCarty obtuvo el Premio Lasker. En cambio, en 1979 McCarty estaba claramente infravalorado.
Así que tal vez no tenga nada de sorprendente que Shannon y McCarty, cuando ayudaron a Seitz a establecer unos criterios para las propuestas, buscaran proyectos que adoptasen un punto de vista diferente del predominante, individuos con ideas excéntricas o insólitas y jóvenes investigadores en su «etapa de formación» que careciesen de ayuda federal. Un estudio financiado examinaba el impacto del estrés, los fármacos terapéuticos y los aditivos alimentarios —como la sacarina— en el sistema inmune. Otro exploraba la relación entre «el marco emocional y el estado del… sistema inmunológico… en una familia de pacientes deprimidos». Un tercero se preguntaba si la «actitud psicológica de un paciente puede tener un papel significativo en la determinación del curso de una enfermedad». Había proyectos que exploraban las causas genéticas y dietéticas de la ateroesclerosis, las posibles causas víricas del cáncer y datos sobre las interacciones y el metabolismo de los fármacos.
Hubo dos científicos en particular que atrajeron la atención personal de Seitz. Uno fue Martin J. Cline, profesor de la Universidad de California (Los Ángeles), que estaba estudiando los mecanismos naturales de defensa de los pulmones y se encontraba a punto de crear el primer organismo transgénico. Otro fue Stanley B. Prusiner, el descubridor de los priones —las proteínas plegadas responsables del mal de las vacas locas—, por lo que obtendría más tarde el Premio Nobel de fisiología o medicina.
Los estudios elegidos abordaban cuestiones científicas razonables que habían sido menospreciadas por la corriente dominante de la medicina, como el papel que jugaban las emociones y el estrés en las enfermedades somáticas. Todos los investigadores tenían experiencia como tales en instituciones respetables. Parte del trabajo que estaban desarrollando era innovador. Pero ¿el único propósito era impulsar el progreso de la ciencia? No exactamente.
Varios documentos de R.J. Reynolds analizaban la finalidad del programa de Seitz. Algunos sugerían que apoyar la investigación era «una obligación cívica de las empresas». Otros indicaban que el objetivo de la empresa era «contribuir a la prevención y cura de enfermedades» de las que se había acusado al tabaco de ser el causante. Otros, en cambio, sugerían que, si se utilizaba la ciencia para refutar las acusaciones contra el tabaco, la industria podría «eliminar la excusa del Gobierno» para aplicar impuestos punitivos. (En 1978, los fumadores pagaban unos diez mil millones y medio de dólares en impuestos indirectos por el consumo de cigarrillos en Estados Unidos y en el extranjero; estos se aplicaban, en parte, a causa de las pruebas científicas que mostraban sus daños sobre la salud).
Pero el objetivo principal, subrayado por Stokes a su comité asesor ese día de mayo y repetido en numerosos documentos de la industria del tabaco, era desarrollar «un amplio cuerpo de datos científicamente bien fundamentados útil para defenderse de los ataques a la industria». Es indudable que algunos científicos rechazaron la oferta de financiación de la industria del tabaco, pero otros la aceptaron, presumiblemente pensando que en realidad no importaba quién pagase mientras pudiesen hacer ciencia. Si algún accionista preguntaba por qué se estaban utilizando fondos de la empresa para financiar ciencia básica —en vez de aplicada—, se le podía decir que el gasto estaba «plenamente justificado por el apoyo que aporta para defender la industria del tabaco de los principales ataques a su actividad empresarial». El objetivo era combatir la ciencia con ciencia… o al menos con los vacíos e inseguridades de la ciencia existente y con investigación científica que pudiera utilizarse para desviar la atención del hecho principal. La industria del tabaco, como el mago que agita la mano derecha para desviar la atención de lo que está haciendo con la izquierda, financiaba una investigación de distracción.
En un informe dirigido al comité asesor internacional de R.J. Reynolds y revisado por el consejo legal interno de la empresa, Stokes explicaba que las acusaciones de que el consumo de tabaco estaba vinculado al cáncer de pulmón, el endurecimiento de las arterias y el envenenamiento con monóxido de carbono carecían de fundamento. «Reynolds y otros fabricantes de cigarrillos hemos reaccionado ante estas afirmaciones no demostradas científicamente intensificando nuestra financiación de la investigación objetiva de esas cuestiones». Esa investigación era necesaria porque las acusaciones contra el tabaco no estaban demostradas.
«La ciencia sabe poco en realidad sobre las causas o el desarrollo de los mecanismos de las enfermedades degenerativas crónicas atribuidas a los cigarrillos —continuaba Stokes—, incluidos el cáncer de pulmón, el enfisema y los trastornos cardiovasculares». Muchos de los ataques contra el tabaco se apoyaban en estudios «incompletos o… basados en métodos o hipótesis dudosos e interpretaciones erróneas». El nuevo programa suministraría datos fehacientes, nuevas hipótesis y nuevas interpretaciones para desarrollar «un vigoroso cuerpo de datos científicos opinión en defensa del producto». Sobre todo proporcionaría testigos.
A finales de la década de los setenta se habían presentado muchas demandas en las que se alegaba daño personal por fumar cigarrillos, pero la industria tabacalera había conseguido defenderse utilizando a científicos como testigos expertos para demostrar que el vínculo entre cáncer y tabaco no estaba claro. Podían hacer esto valiéndose de la investigación centrada en otras «causas o mecanismos de desarrollo de las enfermedades crónicas degenerativas imputadas a los cigarrillos». El testimonio sería particularmente convincente si disponían de investigación propia. Los expertos podrían suministrar dudas razonables y ¿qué mejor experto que un científico auténtico?
La estrategia había funcionado en el pasado, así que no había ninguna razón para pensar que no siguiese funcionando en el futuro. «Gracias al testimonio científico favorable —presumía Stokes—, ningún demandante ha conseguido ni un céntimo de ninguna empresa tabacalera en litigios basados en que el tabaco era el causante de cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, a pesar de que desde 1954 se han presentado 117 demandas de ese tipo».
Eso cambiaría en años posteriores, pero aún era cierto en 1979. Nadie había conseguido ni un céntimo de la industria del tabaco, a pesar de que los científicos estaban seguros del vínculo entre tabaco y cáncer desde la década de los cincuenta —y muchos desde antes—. Cada proyecto financiado por Reynolds producía potencialmente un testigo que podía exponer causas de la enfermedad distintas al tabaco. El trabajo de Prusiner, por ejemplo, sugería un mecanismo generador que no tenía nada que ver con causas externas. Un prion, explicaba Seitz, podía «obrar de modo que produce su propia especie de proteína en exceso y… destruye la célula», igual que «ciertos genes… pueden sero de estimulados para que causen una división celular excesiva y producir cáncer». El cáncer podía deberse solo a células que se volvían locas.
La investigación de Cline sugería la posibilidad de prevenir el cáncer fortaleciendo las defensas naturales de la célula, lo que sugería a su vez que el cáncer podría ser solo un fallo (natural) de esas defensas. Muchos de los estudios exploraban otras causas de enfermedad —estrés, herencia genética y causas similares—; una investigación perfectamente legítima, pero que también podía ayudar a distraer la atención del problema central de la industria: la evidencia aplastante de que el tabaco mataba a la gente. Que causaba cáncer era un hecho y la industria lo sabía. Así que se buscaba algún medio para desviar la atención de esto. De hecho, la industria lo sabía desde principios de la década de los cincuenta, cuando empezó a utilizar la ciencia para combatir a la ciencia, cuando se inició la era moderna de combatir los hechos. Volvamos por un momento a 1953.
El 15 de diciembre de 1953 fue un día fatídico. Unos meses antes, investigadores del Instituto Sloan-Kettering de la ciudad de Nueva York habían demostrado que el alquitrán de los cigarrillos aplicado sobre la piel de los ratones causaba cánceres mortales. Este descubrimiento había atraído mucho la atención de la prensa: el New York Times y la revista Life habían informado sobre él y Reader’s Digest —la publicación más leída del mundo— sacó un artículo titulado «Cáncer por el paquete de cigarrillos».
Es posible que periodistas y directores estuviesen impresionados por las dramáticas frases finales del informe científico: «Tales estudios, en vista del corolario de datos clínicos que relacionan el tabaco con diversos tipos de cáncer, parecen urgentes. Pueden tener como consecuencia no solo aumentar nuestros conocimientos de los carcinógenos, sino promover algunas medidas prácticas para la prevención del cáncer».
Estos descubrimientos no deberían haber sido una sorpresa. Científicos alemanes habían demostrado en la década de los años treinta que el humo de los cigarrillos causaba cáncer de pulmón y el Gobierno nazi había emprendido importantes campañas antitabaco; Adolf Hitler prohibió fumar en su presencia. Sin embargo, el trabajo de los científicos alemanes estaba contaminado por sus asociaciones nazis y después de la guerra fue en cierta medida ignorado, si no realmente censurado; se tardó un tiempo en redescubrirlo y confirmarlo independientemente. Ahora, sin embargo, investigadores estadounidenses (no nazis) calificaban el asunto de «urgente» y los medios informaban de ello.22 «Cáncer por el paquete de cigarrillos» no era un lema que la industria del tabaco estuviese dispuesta a aceptar.
A la industria tabacalera le entró el pánico. Un memorándum suyo comunicaba que los vendedores estaban «frenéticamente alarmados». Así que los ejecutivos tomaron una decisión fatídica, una decisión que sería más tarde la razón básica de que un juez federal considerase a la industria culpable de connivencia para cometer fraude, un fraude masivo y continuado para ocultar al público estadounidense los efectos dañinos del tabaco. La decisión fue contratar a una empresa de relaciones públicas para que refutase las pruebas científicas que aseguraban que el tabaco podía matar.

En aquella mañana de diciembre, los presidentes de cuatro de las compañías tabacaleras más grandes del país (American Tobacco, Benson and Hedges, Philip Morris y U.S. Tobacco) se reunieron en el distinguido hotel Plaza de la ciudad de Nueva York. El edificio, estilo château del Renacimiento francés —en cuyo famoso bar Oak Room estaba prohibido el acceso a damas no acompañadas—, era un lugar adecuado para la tarea que se planteaba: proteger una de las industrias más antiguas y poderosas del país. El hombre con el que habían ido a reunirse era también poderoso: John Hill, fundador y director ejecutivo de una empresa de relaciones públicas que figuraba entre las más grandes y eficaces del país: Hill and Knowlton.
Los presidentes de las cuatro compañías —así como el director ejecutivo de R.J. Reynolds y el de Brown and Williamson— habían acordado cooperar en un programa de relaciones públicas destinado a defender su producto. Trabajarían unidos para convencer al público de que no había «ninguna base científica sólida en aquellas acusaciones» y que los informes recientes no eran más que «acusaciones sensacionalistas» realizadas por científicos que buscaban publicidad con la esperanza de obtener más fondos para su investigación. No se quedarían con los brazos cruzados mientras su producto era vilipendiado; en vez de eso, crearían un Comité de Información Pública de la Industria del Tabaco con el fin de suministrar un mensaje «positivo» y «enteramente a favor de los cigarrillos» que contrarrestase el científico contrario a ellos. Como afirmaría más tarde el Departamento de Justicia, decidieron «engañar al público estadounidense sobre las consecuencias de fumar para la salud».
Al principio, las empresas no creían que necesitasen financiar nuevas investigaciones científicas, pensaban que bastaría con «difundir la información disponible». John Hill discrepó «previniendo enfáticamente… que deberían… patrocinar investigación adicional» y que sería un proyecto a largo plazo. Sugirió también incluir la palabra «investigación» en el nombre de su nuevo comité, porque un mensaje a favor de los cigarrillos necesitaría ciencia que lo respaldase. Al final del día, Hill llegó a la conclusión de que «las dudas científicas deben persistir». Su trabajo sería asegurar que así fuese.
A lo largo del medio siglo siguiente la industria siguió los consejos de Hill and Knowlton y creó el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco para refutar las crecientes pruebas científicas de los daños causados por esta sustancia. Se financiaba investigación alternativa con el objetivo de sembrar dudas sobre el vínculo entre tabaco y cáncer. Efectuaron encuestas para sondear la opinión pública y utilizaron los resultados para crear campañas destinadas a influir en ella.
Distribuyeron folletos e informes entre los médicos, los medios de comunicación, los responsables de tomar medidas políticas y el público en general en los que insistían en que no había ningún motivo de alarma. La posición de la industria era que no había «ninguna prueba» de que el tabaco fuese malo y la promocionó fabricando un «debate», convenciendo a los medios de comunicación de que los periodistas responsables tenían la obligación de presentar «las dos posturas».

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