Diez cosas a tener en cuenta sobre la última política de deportaciones

A mediados de agosto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

De inmediato abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que la medida no se trata de una ‘amnistía’, y recomendaron que las personas con orden de deportación vigente o indocumentadas en Estados Unidos no se entregaran al servicio de inmigración, sino que antes de cualquier decisión buscaran ayuda legal.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan trámites no autorizados de inmigración.
La asociación también recordó que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
AILA apuntó que no existe una manera “segura” de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque “puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación”.
“Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos”, subrayó AILA. Un mal paso lo puede poner fuera de Estados Unidos en un santiamén.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe “tener cuidado” y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
El anuncio hecho por el DHS solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
AILA explicó además que con la nueva política el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo integrado por funcionarios de alto nivel de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia, quienes procederán a la revisión de todos los casos pendientes ante las cortes de inmigración y tendrán autoridad para cerrar o cancelar aquellos que califiquen como de “baja prioridad”.

Share