EEUU aumenta gastos para muros y policías, pero la reforma migratoria espera

El presupuesto solicitado por la Casa Blanca para el Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2011 contiene más fondos para reforzar la vigilancia fronteriza con muros, policías y armas, mientras la reforma migratoria sigue ausente del tablero.

Sumando los gastos discrecionales y los obligatorios, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha solicitado un total de 56.300 millones de dólares para el año fiscal 2011, un incremento del dos por ciento sobre el año fiscal anterior.

Su meta, según explicó el lunes, es contar con los recursos necesarios para proteger a Estados Unidos de cualquier amenaza, pero, en tiempos de grandes déficits, hacerlo «con eficiencia y disciplina fiscal».

Pero un vistazo hacia algunos de los principales componentes de la solicitud presupuestaria refleja un énfasis en la continuidad de las medidas policiales contra la inmigración ilegal y el combate a la narcoviolencia en la frontera sur.

De hecho, el presupuesto -que de todas maneras tiene que pasar por el tamiz del Congreso- incluye fondos para la contratación de más agentes fronterizos y para reforzar las tareas del Servicio de Guardacostas, entre otros servicios.

Napolitano fue bastante clara: «continuaremos fortaleciendo las actividades para hacer cumplir las leyes, mientras nos enfocamos en extranjeros criminales que representan una amenaza a la seguridad pública y en empleados que a sabiendas violan la ley».

Así, el Departamento de Seguridad Nacional también ha solicitado 137 millones de dólares para el programa electrónico «E-Verify», mediante el cual las empresas pueden verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.

El presupuesto prevé más de 1.600 millones de dólares para continuar los programas de identificación y deportación de indocumentados con antecedentes criminales, lo que equivale a un incremento de 200 millones de dólares sobre el año fiscal anterior.

De ese total, 146,9 millones de dólares van para la expansión nacional del programa «Comunidades Seguras», que se utiliza contra indocumentados que purgan penas en cárceles locales y estatales.

También se destinan 4.600 millones de dólares para reforzar las tareas de 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y para completar el primer segmento de un «muro virtual» con equipos de alta tecnología.

Ausente de esta solicitud presupuestaria, y del tablero político en Washington, es un plan tangible para sacar de la sombra a los doce millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de México y el resto de América Latina.

La semana pasada, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, habló extensamente de las prioridades de su partido para este año: no hubo mención alguna de la reforma migratoria.

El Gobierno del presidente Barack Obama insiste en que la reforma migratoria sigue figurando entre sus prioridades, pero en la práctica, lo único palpable es la abundancia de palos y la escasez de zanahorias respecto a la inmigración ilegal.

Aunque hay una moratoria de facto en las redadas en los sitios de empleo, es innegable el efecto que han tenido las acciones policiales, como las deportaciones, en los hogares hispanos, sobre todo entre los niños nacidos en EEUU de padres indocumentados.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez, que presentó en diciembre un proyecto de ley para la reforma migratoria integral, ha hecho un llamado a una nueva ronda de manifestaciones nacionales para el próximo 21 de marzo para exigir la reforma.

Para Gutiérrez, la inacción del Congreso y la escasa mención de la reforma migratoria durante el discurso sobre el «Estado de la Unión» -fueron solo 36 palabritas- han comenzado a causar un hartazgo entre la comunidad inmigrante, que dio su voto de forma abrumadora a Obama en 2008.

«La gente está enojada y desilusionada», dijo Gutiérrez al diario «Los Angeles Times».

Otros activistas hacen coro de la creciente frustración con el énfasis en muros, policías y armas, y una escasa atención a la urgencia de corregir el maltrecho sistema migratorio.

El 21 de marzo, la comunidad hispana se quitará la venda y se lo recordará a Obama.

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