<!--:es-->Esposa de Abarca es acusada de delincuencia organizada
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Esposa de Abarca es acusada de delincuencia organizada …Pide amparo contra designación en su contra

Al vencer el plazo de 20 días adicionales para mantener arrestada a María de los Ángeles Pineda Villa, la PGR confirmó a través de una rueda de prensa que la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue consignada a un penal federal por delitos federales.
Durante el anuncio, se informó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, libró la orden de aprehensión contra la esposa del exalcalde de Iguala por el delito de delincuencia organizada, por su relación con el cártel de los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos, motivo por el cual fue consignada.
Asimismo, el mismo juez giró una nueva orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual se cumplimentará en las próximas horas.
Pineda, quien había sido detenida por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa y la muerte de seis personas, permanecía en el Centro Nacional de Arraigos de la dependencia, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, y esta madrugada fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 Noroeste, ubicado en El Rincón, Nayarit.
La esposa de Abarca había sido capturada en noviembre pasado junto con su esposo en una casa de la delegación Iztapalapa.
El 5 de noviembre, un juez federal determinó imponer a Pineda Villa la medida cautelar de arraigo por 40 días, la cual venció el 15 de diciembre.
Al concluir ese plazo, la PGR solicitó al juez federal ampliar el plazo de la medida cautelar otros 20 días para permitir que el agente del Ministerio Público Federal perfeccionara la indagatoria que se inició contra la esposa de Abarca. La petición fue concedida.
A 60 días de que iniciara el arraigo de la expresidenta del DIF municipal de Iguala, el juez federal que lleva el caso tendrá que determinar si existen elementos en su contra y, en su caso, girar una orden de aprehensión, o de lo contrario deberá ser puesta en libertad.
El 8 de diciembre, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que no había posibilidades de que Pineda Villa fuera puesta en libertad, porque existen elementos en su contra.
Pineda Villa es investigada por lavado de dinero, ya que presuntamente era quien se encargaba de distribuir, al lado de su marido, entre 2 y 3 millones de pesos al mes a más de 80 policías del municipio de Iguala, que no estaban en la nómina y servían a la banda delictiva Guerreros Unidos.
Asimismo, se le indaga por delincuencia organizada, debido a sus nexos con los integrantes y líderes de ese grupo del crimen y por privación ilegal de la libertad en el caso de los 43 normalistas.
A pesar de que varios de los policías de Iguala que ya se encuentran procesados por el plagio y desaparición de los estudiantes han mencionado los nexos de Pineda Villa, aún está el reto de poder acreditar ante un juez que existe evidencia suficiente para emitir la orden de aprehensión en su contra.

Pide amparo

La defensa de María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, solicitó un amparo ante la justicia federal para revertir la consignación en su contra y su traslado a un penal federal por los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero.
El lunes 5 de enero, sus abogados presentaron la demanda de amparo contra la PGR ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal bajo el argumento de que su cliente sufrió “ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial e incomunicación” por lo que se exige su inmediata libertad.
Asimismo se informó que Pineda Villa se reservó su dereho a declarar, según informó el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca.
“La presunta responsable se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas a 144 horas para resolver su situación jurídica, el cual vence el próximo 11 de enero a las 10:00 horas”, señaló a través de una ficha informativa.
Ayer en la madrugada, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, libró la orden de aprehensión en su contra y fue trasladada a un penal federal en Tepic, Nayarit.
No obstante, hasta el momento, el Ministerio Público Federal no ha fincado cargo en contra del matrimonio Abarca Pineda por el delito de secuestro, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del año pasado en Iguala.
Pineda, quien había sido detenida por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa y la muerte de seis personas, permanecía en el Centro Nacional de Arraigos de la dependencia, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, y esta madrugada fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 Noroeste, ubicado en El Rincón, Nayarit.
A pesar de que varios de los policías de Iguala que ya se encuentran procesados por el plagio y desaparición de los estudiantes han mencionado los nexos de Pineda Villa, aún está el reto de poder acreditar ante un juez que existe evidencia suficiente para emitir la orden de aprehensión en su contra.
La esposa de Abarca fue capturada en noviembre pasado junto con su esposo en una casa de la delegación Iztapalapa.
Padres de estudiantes critican tardía consignación
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa calificaron como tardía la consignación de María de Los Ángeles Pineda.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, dijo que a pesar de todas las denuncias que existían en su contra, la PGR ha actuado de manera tardía.
“Se tardaron porque desde el momento en que los detuvieron en la Ciudad de México, sabían sus nexos, era para que el proceso fuera más corto”.
Asimismo señaló que lo que a los padres les interesa es que los Abarca pudieran haber dado una pista verídica para encontrar a los jóvenes.
“La PGR tiene a más de 90 detenidos y ninguno dice por dónde pudiéramos encontrarlos. Mientras no den datos que lleven a la localización de los compañeros no funciona la procuración de justicia”.

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