<!--:es-->Gobierno de EEUU demanda a Arizona por su ley anti-inmigrante
…Brewer dice que Arizona está «bajo el ataque» del Gobierno Federal<!--:-->

Gobierno de EEUU demanda a Arizona por su ley anti-inmigrante …Brewer dice que Arizona está «bajo el ataque» del Gobierno Federal

Washington.- El departamento de Justicia demandó hoy al estado de Arizona por su nueva ley anti-inmigrante y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.
Los abogados del gobierno argumentaron que la norma viola la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
«La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país», afirma la demanda.
La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
En su demanda, el gobierno alertó de que la ley resultará en el «acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal».

Además, obligará al gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará «la seguridad de todo el país», destacó el fiscal general, Eric Holder.
La presentación de la demanda no es una sorpresa, pues Holder ya había indicado que sopesaba tomar esa medida.
La acción legal se añade a otras cinco demandas contra la nueva norma, presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado la ley como «mal concebida» y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
Los grupos de defensa de los derechos civiles mantienen que la norma dará poder a los agentes para arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y hará que los inmigrantes no colaboren con la policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.
La ley también ha provocado la repulsa de los países latinoamericanos y en particular de México, que se ha sumado con un escrito de apoyo a una de las demandas.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la normativa el 23 de abril, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas presentadas hasta ahora porque se basan en «suposiciones» y en casos de discriminación que no han ocurrido.
En Arizona residen unos 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

Brewer dice que Arizona está «bajo el ataque» del Gobierno Federal

Phoenix (Arizona).- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, consideró hoy que su estado se encuentra «bajo el ataque» de los narcotraficantes, traficantes humanos y el Gobierno federal por interponer una demanda por la ley anti-inmigrante SB1070.
«El estado de Arizona está bajo el ataque de violentos cárteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su Departamento de Justicia», aseguró Brewer en un comunicado de prensa.
La mandataria republicana calificó de «equivocación» que el Gobierno Federal demande a la gente de Arizona por querer «ayudar» a reforzar las leyes federales de inmigración y aseguró que la aprobación de la ley SB1070 es resultado del fracaso del Gobierno federal por proteger la frontera.
«La demanda presentada el día de hoy es una pérdida de recursos. Esos fondos deberían ser utilizados en contra de los violentos cárteles mexicanos y no en contra de la gente de Arizona», enfatizó Brewer en su comunicado.
La gobernadora reafirmó que la ley estatal SB1070, la primera en los EEUU en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, es «razonable» y «constitucional».
«Es un reflejo de lo que ha sido la ley federal en los EEUU durante décadas. La ley de Arizona está diseñada para complementar y no suplantar la aplicación de las leyes federales de inmigración», dijo la mandataria.
Agregó que «el estado de Arizona no está tratando de establecer su propia política de inmigración» o «regular directamente» el estatus migratorio de los extranjeros.
«La ironía es que la Administración del presidente Obama escogió demandar al estado de Arizona por ayudar a aplicar la ley de inmigración federal y no demandar a los gobiernos locales que han adoptado políticas de ‘santuarios’, que directamente violan la ley federal», consideró.
Por otra parte, la gobernadora dijo estar «complacida» de que el Departamento de Justicia y el presidente Obama no hayan incluido en su demanda acusaciones de prácticas de perfil racial.
Brewer aseguró que luchará en la Corte Federal para defender a los ciudadanos de Arizona y dijo estar convencida de que el estado saldrá victorioso de las seis demandas interpuestas en contra de la ley SB1070.
Las reacciones de otros políticos estatales no se hicieron esperar, y, en un comunicado conjunto, los senadores de Arizona, John McCain y Jon Kyl, criticaron al Gobierno federal por no hacer todo lo posible para proteger a la gente de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración indocumentada trae a este estado.
«Mientras el Gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona bajo los términos de que la aplicación de las leyes de inmigración son de responsabilidad única del Gobierno federal», argumentaron los senadores.
Por su parte, el congresista demócrata de Arizona Raúl Grijalva agradeció a Obama por solicitar una orden judicial para bloquear la controvertida ley, que, en su opinión, ha dividido al país sobre la inmigración ilegal.
«Éste es exactamente el momento adecuado para que nuestro Gobierno federal envié un mensaje sobre la importancia de la justicia e igualdad ante la ley», dijo el legislador demócrata.
La ley estatal SB1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio si no es suspendida en la Corte Federal, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos de policía locales, así como convierte en un crimen el solicitar empleo en las calles.

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