Gobierno pide comentarios del público  para elaborar nueva regla de carga pública

Gobierno pide comentarios del público para elaborar nueva regla de carga pública

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Cuando el gobierno dejó sin efecto la regla de carga publica de Donald Trump, en marzo, reinstaló la norma de 1999 que se utiliza para determinar si un inmigrante califica o no para ser admitido en Estados Unidos o recibir la residencia (green card o tarjeta verde).
Cinco meses más tarde los planes no terminan ahí. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está pidiendo comentarios del público para elaborar un nuevo reglamento elaborado, no solo en base a la política migratoria de Joe Biden, sino tomando en cuenta lo que opina el público estadounidense.
“El propósito de solicitar comentarios del público es asegurar que la propuesta sea justa, conforme a la ley, y basada en datos y evidencia relevantes”, dijo el DHS en un comunicado publicado en su página digital.
El departamento agregó que los comentarios públicos también ayudarán a asegurar “que las regulaciones propuestas no impongan cargas indebidas a los no ciudadanos que buscan la admisión o el ajuste de estatus en Estados Unidos”.

La política de Trump

Tras una serie de disputas legales, el 24 de febrero de 2020 (un año después de ser anunciada), entró en vigor la regla de carga pública de Trump que vinculó el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.
La regla final modificó las regulaciones del DHS y prescribió la manera en cómo esa dependencia federal determina si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Cuando entró en vigor, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes lanzaron fuertes críticas al Ejecutivo. “El gobierno se ha hundido en un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta de castigar a los inmigrantes que usan la ayuda del gobierno para alimentar, proporcionar atención médica y albergar a sus familias”, dijo en ese momento Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC).

El plan de Biden

El 11 de marzo y tras un año de controversias, el DHS anunció el fin de la regla de Trump y el restablecimiento de la norma aprobada por el Congreso en 1999.
La decisión fue adoptada tras una revisión solicitada en enero por Biden, quien pidió a miembros de su gabinete delinear una política migratoria enfocada en no castigar a quienes “acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles”.
Para poder desactivar la norma, el Departamento de Justicia (DOJ) envió una nota a la Corte Suprema diciéndole que el gobierno ya “no defenderá la regla de carga pública de 2019” porque hacerlo no es de interés público ni es un uso eficiente de los recursos limitados del gobierno.
La decisión suspendió inmediatamente las apelaciones que existían en las Cortes de Apelaciones del 4º y 7º Circuitos. Poco después, el máximo tribunal de justicia anunció que “desestimaba el caso” de revisión, que había confirmado en febrero. El resultado fue que la regla de carga publica de 1999 (Guía de Campo Provisional de 1999 Sobre la Disposición de Inadmisibilidad de Carga Pública) cobró vigencia.

La nueva apuesta

Ahora el gobierno quiere dar un nuevo paso y elaborar un nuevo reglamento teniendo en cuenta “que los inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, puedan acceder a los servicios del gobierno necesarios a los que son elegibles a fin de mantener a sus familias seguras y saludables”, dijo Ur M. Jaddou, directora de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Para poder recibir los comentarios del publico, el servicio de inmigración dijo que el DHS había publicado una notificación anticipada en el Registro Federal “para solicitar datos e información de parte del público, incluidas las agencias estatales, territoriales, locales y tribales que brindan beneficios públicos, así como organizaciones sin fines de lucro”.

EL período de comentarios es de 60 días y vence el 22 de octubre.

El DHS dijo que, una vez cerrado el plazo, tomará en cuenta la totalidad de comentarios recibidos en la elaboración de la regla final.
Estas son las claves de la Regla de Carga Pública de 1999, vigente en la actualidad.

1.- De qué se trata

La regla de Carga Pública de 1999 establece las pautas para determinar cuándo se convierte en inadmisible y no es elegible un inmigrante, por ejemplo, para ser un residente legal permanente (LPR) o recibir otro tipo de beneficio inmigratorio disponible.
Las determinaciones de carga pública se basan en la solicitud de ciertos servicios públicos que los no ciudadanos acceden bajo ciertas circunstancias.

2.- Inadmisible en EEUU

El término “inadmisible” se incluye en el Articulo 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Señala que una persona que solicita admisión a Estados Unidos o que busca un ajuste de estatus para convertirse en un residente legal permanente (green card o tarjeta verde) “es considerado inadmisible si, al solicitar admisión el ajuste de estatus pueda convertirse en carga pública en cualquier momento”.
La ley señala demás que, si una persona es considerada “inadmisible”, se le negará la admisión y/o el ajuste de estatus a residente no le será otorgado.
Abogados consultados por Univision Noticias advierten que, si bien la Regla de Carga Pública de 2019 ya no está vigente, “los inmigrantes deben tener siempre cuidado con lo que piden para no tener problemas en el futuro cuando pidan un beneficio migratorio disponible”.
“Antes, con Trump, había una especie de sistema de puntos, por factores, que hacía difícil para muchos no ciudadanos conseguir el ajuste de estatus o la green card”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Pero la regla de 1999 que vuelve a estar en vigencia le otorga amplia discrecionalidad al agente de inmigración para determinar si la persona que solicita un beneficio puede convertirse en carga pública. Por eso hay que tener cuidado con lo que se pida al gobierno”.

3.- dmisión o ajuste,
¿hay diferencia?

Una pregunta recurrente desde 1999 es si existe diferencia para determinar carga pública cuando un extranjero pide ser admitido o solicita el ajuste de estatus (residencia). “Los estándares de carga pública son los mismos tanto para la admisión como para el ajuste”, precisa la regla de 1999.
Y advierte que, cuando se determina que un extranjero puede convertirse en una carga pública, no solo se le niega el beneficio que solicita, sino que se convierte en deportable de Estados Unidos.

4.- Cómo se determina

La norma señala que para determinar “si es probable que un extranjero se convierta en carga pública, los agentes deben evaluar la responsabilidad financiera del extranjero examinando la totalidad de las circunstancias en el momento en que presentó su solicitud” (del beneficio migratorio deseado).
Agrega que la existencia o ausencia de un factor en particular “nunca debe ser el único criterio para determinar si es probable que un extranjero se convierta en una carga púbica”.
Y que la determinación de la responsabilidad financiera “debe ser una evaluación prospectiva basada en la edad, la salud y la familia del extranjero, sus activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades, entre otros factores”.
También precisa que “se puede considerar que un extranjero
se convierta en carga pública, incluso si no existe la obligación legal de reembolsar a la agencia que otorga las ayudas por los beneficios o servicios recibidos”.
La regla advierte que, en ciertas circunstancias específicas, tal como discapacidad mental o física, edad avanzada u otro hecho que tienda razonablemente a mostrar la probabilidad de que el sostenimiento del extranjero recaiga sobre el público,

“debe estar presente”.

A su vez, una persona sana en la flor de su vida “no puede considerarse que probablemente se convertirá en una carga pública, especialmente cuando tiene amigos o parientes en Estados Unidos que han indicado su capacidad y voluntad de acudir a su asistencia en caso de una emergencia”.
“Todos los inmigrantes (que piden residencia) basados ​​en familia (y algunos inmigrantes basados ​​en empleo) tendrán un patrocinador que haya indicado su capacidad y voluntad para
acudir en ayuda del inmigrante (en caso de una necesidad”, advierte.

5.- Para efectos de deportación

La regla de carga pública de 1999 señala que, dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada, un extranjero se convierte en carga pública, se convierte en “deportable”. Pero primero el servicio de inmigración debe determinar si el extranjero se ha convertido en una carga pública dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada. A menos que el extranjero demuestre que surgieron circunstancias que hicieron que se convirtiera en una carga pública después de haber entrado a Estados Unidos.
Si lo demuestra, el extranjero no será deportado, pero familiares y/o amigos deben estar legalmente obligados a reembolsar los beneficios solicitados por el extranjero.

6.- Qué beneficios afectan la determinación de carga pública

La guía proporcionada por USCIS señala que ciertos programas disponibles están sujetos a la consideración de carga pública como la asistencia monetaria para el mantenimiento de ingresos que, incluye:

· Ingresos Suplementarios
de Seguridad (SSI);

· Asistencia monetaria del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);

· Programas estatales o locales de asistencia monetaria para ingresos de mantenimiento, a menudo llamados programas de “Ayuda General”.

Advierte que, la aceptación de estos formularios de asistencia monetaria pública podría hacer que una persona no ciudadana sea inadmisible por determinación de carga pública, aunque cumpla todos los demás criterios.

Sin embargo, añade, la simple recepción de estos beneficios disponibles no hace que una persona sea convierta automáticamente inadmisible o inelegible para el ajuste de estatus a residente legal permanente y sujero a deportación basado en carga pública.
“El gobierno revisará cada caso y lo analizará en su totalidad de circunstancias. Por lo tanto, cada caso es individual y está a la discreción de un oficial de inmigración”, dice Armando Olmedo, coautor del libro “Inmigración, las nuevas reglas.

7.- Beneficios no sujetos
a carga pública

De acuerdo con la regla de 1999, los siguientes beneficios disponibles no afectan en la consideración de carga pública:

· Medicaid y otros servicios de seguro de salud (incluyen asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades trasmisibles, uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo, atención prenatal y servicios de emergencia) para cuidado institucional a largo plazo;

· Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP);
· Programa de nutrición, que incluye el Programa de Asistencia para Nutrición Suplemental (SNAP), comúnmente conocido como Estampillas (cupones) para Comida;
· Programa Especial Suplementario de Alimentos para Mujeres, Bebés y Niños (WIC);
· Programa Nacional de Desayuno Escolar y Desayunos Escolares, y otros suplementos y programadas de asistencia alimentaria de emergencia;
· Beneficios de vivienda;
· Servicios de cuidado de niños;
· Programa de Asistencia para Pagar Gastos de Energía para Personas de Bajos Ingresos (LIHEAP);
· Asistencia de emergencia en casos de desastres;
· Asistencia de crianza y adopción;
· Asistencia educativa (como asistir a la escuela pública), incluyendo los beneficios bajo el Decreto Head Start Act y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior;
· Programa de capacitación para empleos;
· Programas de servicios comunitarios basados en la asistencia o servicios de comunitarios (comedores para indigentes, consejería de crisis e intervención, refugio a corto plazo);
· Beneficios no monetarios bajo TANF tales como subsidio de cuidado infantil o subsidio de transporte;
· Pagos en efectivo tales como los beneficios del título II del Seguro Social, pensiones del gobierno y los beneficios de veteranos y otras formas de beneficios;
· Beneficios por desempleo.

8.- Asilados y refugiados

Asilados y refugiados están exentos a las determinaciones de carga pública para propósitos de admisión o ajuste de estatus (residencia legal permanente), señala el reglamento.

9.- Programas adicionales

La guía de USCIS indica que algunos de los programas anteriores “pueden proporcionar beneficios de asistencia monetaria como ayuda para el pago de energía eléctrica, servicios de transporte o beneficios de cuidado de niños proporcionados por TANF o Subvención Global para el Cuidado y Desarrollo de los Niños (CCDBG), y pagos de emergencia por una sola vez bajo TANF”.

10.- Camino a la ciudadanía

La regla puntualiza que los residentes permanentes legales que actualmente poseen una green card o tarjeta verde, “no se les puede negar la ciudadanía estadounidense por recibir legalmente cualquier beneficio público disponible para el cual sean elegibles”.

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