El gobierno tendrá que aceptar nuevas peticiones de DACA si en 90 días no argumenta mejor por qué canceló el programa

El gobierno tendrá que aceptar nuevas peticiones de DACA si en 90 días no argumenta mejor por qué canceló el programa

El gobierno tendrá que aceptar nuevas peticiones de DACA

Un juez federal ordenó al gobierno este martes que continúe con el programa DACA y acepte nuevos solicitantes, pero da 90 días a la administración para que de mejores argumentos sobre el fin del programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers. Si en estos 90 días el gobierno no puede dar “razones más sólidas” deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.
Si bien este ya es el tercer magistrado que decide a favor de DACA, este es el golpe más duro a los intentos del gobierno de Donald Trump por terminar con este beneficio porque, no solo sostiene su vigencia sino que ordenará aceptar nuevos inscritos.
En la decisión de este martes, el juez federal John Bates (del Distrito de Columbia) calificó el acto de poner fin a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) como algo “injustificado (…) arbitrario y caprichoso” y por lo tanto “es ilegal y debe ser anulada”.
“El argumento legal virtualmente no fue explicado y, por tanto, no puede justificar la decisión de la agencia”, se lee en el documento en referecia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Por estas razones, el fin de DACA fue ilegal y tiene que interrumpirse por ahora”, añade la decisión.
Sin embargo, el juez da un plazo de 90 días para permitir que la administración Trump proporcione una razón más sólida para finalizar el programa. “ La corte aplaza su orden por 90 días para permitir al Departamento de Seguridad Nacional la oportunidad de explicar mejor su punto de vista de que DACA es ilegal”.
La decisión del juez se produce como respuesta a la demanda establecida por la dreamer María Perales junto a la Universidad de Princeton y Microsoft. La denuncia se presentó en noviembre de 2017 argumentando que la cancelación del programa violaba la Quinta Enmienda de la Constitución que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.
El magistrado Bates apuntó que los tribunales tienen la autoridad para revisar la interpretación de la ley de una agencia, en este caso DHS. Agregó que la argumentación legal presentada por el gobierno para finalizar DACA “era prácticamente inexplicable, por lo que no puede respaldar la decisión de la agencia”.
Consultado por Univision Noticias, el abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California, Nelson Castillo, advirtió que no es recomendable que ningún aspirante a DACA se inscriba “por primera vez en este momento”. Recomienda esperar a que la corte emita el fallo definitivo para evitar fraudes y engaños de cualquier tipo.
¿Fin de DACA? Tres jueces dicen que “no”
“Estamos satisfechos y agradecidos, pero no hemos resuelto el problema todavía”, dijo Bradford Berry, consejero general de la Asociación para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que ha demandado al gobierno por su medida contra DACA.
Sin embargo, Berry dijo que había que ser cauteloso cauteloso porque “el gobierno todavía tiene una oportunidad para salvar su rescisión del programa”, dijo en referencia a esa ventana de 90 días que otorgó el juez.
La de este martes es la tercera decisión de un juez en favor de DACA. Se trata del primer juez nominado por un presidente republicano (George W. Bush) que emite una decisión contraria a la orden del presidente Trump. Los dos anteriores, uno en San Francisco y el otro en Brooklyn, fueron nominados por el entonces presidente demócrata Bill Clinton.
DACA, una acción ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama en 2012, ampara de la deportación y otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años a unos 700,000 jóvenes indocumentados. Fue cancelada el 5 de septiembre de 2017 por Trump .
En una declaración, el Departamento de Justicia defendió su decisión de eliminar el programa, como parte de sus esfuerzos por proteger las fronteras y aplicar las leyes migratorias.
“La orden de hoy no cambia la posición del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a ese mismo grupo de inmigrantes ilegales. El Departamento de Justicia seguirá defendiendo vehementemente su posición”, dijo el portavoz Devin O’Malley.
Cuando fue cancelado, el fiscal general Jeff Sessions concedió un plazo de 30 días para que aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencieron entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, renovaran sus protecciones por otros dos años.
Pero el 9 de enero una corte federal del norte de California restituyó el programa a los mismos términos que regía antes de su eliminación, lo que forzó al gobiero a aceptar renovaciones de quienes ya estaban bajo el programa.
Ese dictamen respondió a una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland. El tribunal decidió que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de los procesos.
Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del DHS si concedía o no el beneficio a los nuevos inscritos.
A principios de marzo, un juez federal de Maryland, dio la razón al Ejecutivo asegurando que tenía la potestad de terminar con DACA si así lo determinaba, aunque criticó la “retorica inflamatoria” de Trump y destacó que la “abrumadora mayoría de los estadounidenses” aprueba la protección de los dreamers, pero reconoció que es una acción que corresponde al Congreso o la Casa Blanca resolver.
DACA es discrecional
Si bien DACA se mantiene vivo por orden de estos tres tribunales, la USCIS, agencia encargada de recibir y procesar las solicitudes de renovación, reitera que el programa “es una determinación discrecional para diferir la acción de deportar a una persona como un acto de discreción procesal”.
“Además, DACA no confiere estatus migratorio legal a una persona y podría ser cancelada en cualquier momento, con o sin una Notificación de Intención de Cancelación, a discreción del DHS”, advierte.
Y previene que, si un dreamer “no ha sido convicto de un delito grave, un delito menor significativo o tres o más delitos menores, o no es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, califica para renovar DACA. De lo contrario, la agencia rechazará la solicitud y el soñador se quedará sin las protecciones del programa.
“Un delito grave puede ser posesión de droga y la persona fue declarada culpable de posesión de droga, aunque la cantidad hata sido mínima”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Toda falta relacionada con droga es un delito grave para el servicio de inmigración”.
En cuanto al delito menos significativo, Guerrero mencionó “el más común de todos, manejar borracho (DUI) o bajo la influencia de alguna droga”, una falta que para algunos abogados constituye uno de los “pecados capitales” que los inmigrantes no deben cometer.

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