¿Importa que López Obrador no use el avión oficial, no  viva en Los Pinos y no lo proteja un séquito militar?

¿Importa que López Obrador no use el avión oficial, no viva en Los Pinos y no lo proteja un séquito militar?

AMLO

Preguntamos a tres expertos en seguridad y finanzas públicas las implicaciones que tiene estas tres decisiones: la venta del avión presidencial, el cambio de residencia y la eliminación del Estado Mayor Presidencial, que comprometen la seguridad del mandatario.

Es el cuarto día de López Obrador como presidente de México. Son alrededor de las 7:00 de la mañana y el mandatario está por finalizar una rueda de prensa en el Palacio Nacional frente a decenas de periodistas. De pronto, una mujer se levanta de su lugar en el área reservada para los medios de comunicación, burla a una asistente del equipo de Presidencia y corre hacia AMLO. Aunque el equipo de seguridad intenta detenerla, es demasiado tarde. Ya está frente al presidente.
María Zenodia Arredondo, identificada como activista, logró entrar al Palacio Nacional haciéndose pasar como periodista, y logró engañar tanto a los funcionarios de seguridad de la entrada como al círculo más cercano al Presidente.
Estas escenas se repiten desde que López Obrador ganó las elecciones presidenciales de julio pasado. Ahora, con una semana de mandato, la seguridad en su entorno sigue siendo relajada por decisión de él mismo.
Los incidentes suceden en todos los lugares a los que va. En el aeropuerto, en los trayectos en automóvil, en la calle. Incluso cuando iba camino a la ceremonia de toma protesta y conversó con un ciclista que pedaleando se puso a la par del auto en el que iba.
El nivel de seguridad de López Obrador es bajo si se le compara con la que tenía el anterior presidente Enrique Peña Nieto, quien era resguardado por el Estado Mayor Presidencial (EMP), un órgano militar al servicio del mandatario en turno.
Los expertos coinciden en que estos incidentes representan llamados de alerta y son consecuencia directa de las decisiones tomadas por López Obrador como una forma de demostrar austeridad, como por ejemplo la venta del avión presidencial, el cambio de residencia y la eliminación del Estado Mayor Presidencial.

20 hombres y mujeres desarmados: toda su seguridad

Una de sus promesas de campaña fue que, de llegar a la presidencia, eliminaría las funciones del Estado Mayor Presidencial, porque quien lo protegería sería el pueblo. Ahora como presidente, su seguridad está a cargo de un grupo de ciudadanos compuesto por 10 hombres y 10 mujeres desarmados.
Analistas, políticos e incluso su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, han insistido en que AMLO debe tener la protección de un jefe de Estado.
Para Lilian Chapa Koloffon, especialista en seguridad pública, el incidente del pasado martes no solo tiene que ver con la desaparición del Estado Mayor sino con la logística sobre quién ingresa a los lugares donde se encuentra el presidente.
“Puede pasar cualquier cosa o puede no ocurrir nada, pero es un procedimiento mínimo de seguridad de un jefe de estado el tener diseñados protocolos de acceso de las personas que entran a las conferencias de medios. Debe saber que tiene una protección infalible para que pueda tomar decisiones en materia de seguridad pública en total libertad”, dijo.
Si llegara a pasarle algo a López Obrador, dice Koloffon, las consecuencias serían inéditas, porque en México no se ha vivido una situación similar con un presidente en funciones.
Según el artículo 84 de la Constitución mexicana, en caso de falta absoluta del presidente, el Congreso deberá nombrar presidente interino o sustituto al Secretario de Gobernación quien asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
Al menos desde el miércoles, tras el incidente con la activista, dos elementos del Ejército se encargan de verificar que quienes ingresen a las conferencias de prensa sean representantes de los medios de información. La oficina de prensa de la presidencia también está elaborando una base de datos de los reporteros que usualmente llegan a las conferencias de las 7:00 de la mañana y anunció que creará un acceso especial para el salón donde López Obrador ofrece su mensaje.
Vender el avión presidencial, ¿será un alivio económico?
El lunes pasado, el avión presidencial mexicano –un Boeing Dreamliner 787-8– fue enviado a la ciudad de California para iniciar el proceso de venta, luego de que López Obrador decidiera usar aviones comerciales para hacer sus traslados.
El costo del avión presidencial fue de 218.7 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales. Pero cuando se hizo la compra, se firmó un contrato de arrendamiento financiero por 15 años, que sería amortizado con dos pagos anuales, según señala el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Eso quiere decir que, en suma, la aeronave tendría un costo total de 371 millones de dólares.
Hasta el momento, solo se ha pagado el 19.18% de ese monto. Es decir, México aún debe más de 294.8 millones de pesos por el avión presidencial.
Algunos empresarios opinan que venderlo sería un mal negocio, pues podría traer más pérdidas que ganancias. Gustavo Jimenez-Pons, dueño y presidente de GBS Air Enterprises In., y quien a finales de agosto hizo una oferta de 1,900 millones de pesos para comprarlo, señaló al diario Animal Político que lo más conveniente sería que lo conservaran o lo arrendaran a un privado durante los próximos seis años.
Jiménez-Pons estima que la hora de vuelo en este avión ronda los 23,000 dólares, que equivalen a casi medio millón de pesos.
Firmas como Ascend Flightglobal Consultancy han señalado en diversas ocasiones que la venta del avión no conviene ni financiera ni operativamente, debido a su devaluación a lo largo de los años.
En términos económicos, Kristobal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señala que pese al dinero que pueda ganarse de la venta del avión presidencial, el mayor beneficio económico vendría de una estrategia para que otros funcionarios hagan lo mismo, solo así el gasto público se reduciría considerablemente.
“Si López Obrador usa vuelos comerciales, algunos otros altos funcionarios como diputados y senadores, se verían indirectamente obligados a estar usando ese tipo de vuelos. Al sumar lo de todos, estos gastos [en aviones privados] se elevaban de forma importante. Al hacer esto, el ahorro ya sería millonario”, señaló.
Además de poner a la venta el avión presidencial, otros 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal serán puestos en venta, por lo que funcionarios deberán optar por volar en aerolíneas regulares.
Erubiel Tirado, experto en seguridad nacional y coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, señaló que se trata de una decisión extrema quedarse sin una sola aeronave, que podría ser muy útil en caso de emergencias.
“Fue una decisión extrema porque tanto el jefe del ejecutivo como sus funcionarios principales van a requerir viajar a algún lugar en una situación de urgencia y no podrán hacerlo. Esa era la funcionalidad por la que se justifica en cualquier lugar del mundo un transporte presidencial”, señaló. Tirado recordó que incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, tenía que pedir aviones prestados a Venezuela, Cuba, Brasil y Argentina hasta que adquirió el propio.
Además, señaló que cuando el gobierno de Felipe Calderón compró el avión presidencial en 2010 justificó la adquisición como un tema de seguridad nacional.
Los riesgos de que AMLO viaje en aviones comerciales
La decisión de López Obrador de viajar en aviones comerciales implica que se le verá durante los próximos seis años formado en las filas de los aeropuertos y atendiendo a las indicaciones como cualquier otro pasajero.
Meléndez señala que tomar este tipo de decisiones implica un elevado riesgo en la seguridad de AMLO porque la logística se vuelve más complicada debido a que su equipo de seguridad debe viajar con él, y al mismo tiempo con decenas de pasajeros, por lo que “sería complicado actuar en un momento de emergencia como un atentado”.
Por su parte, Tirado señala que no debemos pensar que el presidente viaja sin ningún protocolo, el asunto es si esos protocolos son efectivos. Y solo se sabrá en la medida que no le pase nada.
Otro de los puntos a considerar, señala, es las implicaciones que tiene para los pasajeros que compartan avión con él, ya que, estos protocolos de seguridad podrían llevar a un cambio en la rutina de viaje y además, un mayor riesgo en caso de posibles ataques contra el presidente.

El gasto en Los Pinos, ¿de verdad era un privilegio?

Meléndez considera que cambiar de residencia no cambia de forma sustancial los gastos en los que incurrirá el presidente por alojamiento, sino que se trata de un acto simbólico.
“Se trata de un modelo de austeridad importante en el que se trata de dar cierta imagen a la población y a sus mismos funcionarios”, señaló.
La analista Lilian Chapa, sin embargo, sí señala que los gastos de seguridad del presidente en Los Pinos eran considerables. Entre 2006 al 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la residencia oficial de Los Pinos generó un gasto de 30,000 millones de pesos (1,479.62 dólares) en 2,638 contratos adjudicados a poco más de 1,000 proveedores, la mayor parte en seguridad y protección.
Los Pinos era una fortaleza impenetrable, señala Chapa y opina que no es necesario que un mandatario resida en ese lugar siempre y cuando se tengan protocolos correctos de seguridad y un equipo bien coordinado.

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