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La autoridad va ganando terreno Michoacán: Castillo

El comisionado de seguridad para el estado de Michoacán, Alfredo Castillo, cree que en la región se comienzan a ver señales positivas que indican que el papel de la autoridad va ganando terreno en una región que ha atravesado muchos años de desamparo en ese sentido.

“La gente empieza a ver el vínculo entre la autoridad y la sociedad”, dice en una entrevista con Efe Castillo, de 38 años, a quien el presidente Enrique Peña Nieto le encargó el 15 de enero una de las tareas más complejas de la actual Administración.

Michoacán es un estado del suroeste de México con una fuerte presencia del cártel Los Caballeros Templarios, con grupos de autodefensa que se alzaron en armas para luchar contra los narcotraficantes y con un Gobierno estatal ineficaz ante todos estos problemas.

El Gobierno federal decidió involucrarse de lleno en el estado, mandó a miles de policías y militares a Michoacán, y especialmente a la llamada Tierra Caliente, la más conflictiva, y asumió funciones de seguridad que le correspondían al estado o a los municipios.

Y designó como coordinador de todos estos esfuerzos a Castillo, un hombre de confianza de Peña Nieto que ha sido procurador en el Estado de México, de donde procede el presidente.

Uno de los principales problemas que vive Michoacán es que la sociedad desconfía de la autoridad. Ha sido reemplazada por los narcotraficantes, que han llegado a manejar los temas de seguridad, a controlar la economía, imponer su ley y recaudar cuotas como si se tratara de impuestos.

Castillo ve ahora que ese recelo hacia la autoridad se comienza a superar en Michoacán y, por ejemplo, la gente “se empieza a acercar a ellos (las fuerzas federales) para hacer señalamientos, y empiezan a sentirse protegidos”.

“Cambió la perspectiva de cómo se veía al Gobierno desde estas comunidades”, indica en la entrevista, en el salón de un hotel de Morelia, la capital de Michoacán, que utilizan Castillo y su equipo para desarrollar una labor que, en principio, no tiene plazo.

Uno de los principales problemas que se ha encontrado es integrar al sistema a los grupos de autodefensa, divididos, dispersos, en algunos casos sin control y que además comienzan a despertar sospechas sobre posibles infiltraciones del crimen organizado entre algunos de ellos.

Aunque no hay datos fiables sobre cuántos efectivos de los grupos de autodefensa hay, 892 se han registrado hasta ahora como posibles candidatos a integrar las Guardias Rurales, un cuerpo que depende del Ejército.

Eso es indispensable, recuerda Castillo, porque, “con todo lo que está pasando”, es preciso que las autoridades “puedan validar nombre con nombre, huellas, antecedentes, posibles vínculos” para evitar posibles infiltraciones de personas no aptas.

Además, en un país en el que hay muchas armas sin control, un registro oficial ha identificado 1,400 armas, la mitad de ellas largas, que antes lucían sin problemas los grupos de autodefensa.

Unido a ello, se ha convencido a los grupos de autodefensa, que comenzaron a surgir en la Tierra Caliente de Michoacán hace un año, de que no pueden detener a ningún sospechoso, o si lo hacen, no tendrá validez jurídica.

“Quien puede detener es una autoridad, y ellos lo que pueden hacer es una imputación, la cual se tiene que sustentar con una denuncia del Ministerio Público”, insiste.

El Gobierno mexicano, que amenazó en un principio con la cárcel a los autodefensas que portaran armas exclusivas del Ejército, ahora coordina con ellos operativos, lo “que también refleja que hay un voto de confianza a las autoridades”.

Castillo relata que en una reciente “toma” de una comunidad de Michoacán por un grupo de autodefensa, en Ario de Rosales, fue “la autoridad la que definió la hora, de qué forma iba a ser, quiénes iban a participar, cuántos iban a ingresar…”

Lejos están los días en los que los autodefensas llegaban solos a un pueblo, echaban o detenían a los policías municipales, destituían a los alcaldes y buscaban libremente a sospechosos de convivencia con los narcotraficantes.

Ahora, los autodefensas, cuyos líderes se reúnen periódicamente con las autoridades, prestan un apoyo vital a las fuerzas federales porque conocen las rutas de movimiento de los narcotraficantes, que siempre buscan “esconderse y mimetizarse”, recuerda Castillo.

Desde que las fuerzas federales se volcaron en Michoacán, no han tenido bajas, algo que destaca Castillo. También están ganando terreno y “controlando actividades económicas” que anteriormente estaban manejadas por los “templarios.

“Tampoco puedes decir que en tres o cuatro semanas se resuelva lo que llegó a
pasar durante años, pero creo que vamos por el camino correcto”, sostiene Castillo.

Parte de estos avances se deben a que las fuerzas federales han reemplazado a policías municipales, los cuerpos de seguridad más propensos a connivencia con los cárteles de la droga, y en ciudades como Apatzingán, antiguo feudo de los “templarios”, la Policía Federal patrulla continuamente por toda la localidad.

“Son bien vistos (los federales). Eso por sí mismo es un gran logro, es algo que se debe destacar”, insiste Castillo al aludir a la generalizada desconfianza de los habitantes de Michoacán hacia las autoridades que supuestamente están a su servicio.

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