La Comercialización de la Imagen de la Virgen de Guadalupe

La comercialización de la imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego se convirtió en un explosivo dolor de cabeza para las autoridades de la Basílica y para la jerarquía de la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera. Fueron inútiles sus esfuerzos para acallar el escándalo que causó el reportaje publicado por Proceso la semana pasada y, desde el viernes 14, enfrentan, además, la averiguación previa que la PGR abrió sobre el asunto.

Mientras que el arzobispado de México sostiene que el convenio secreto mediante el que se vendieron los “derechos de propiedad” de la imagen guadalupana fue sólo un “contrato-proyecto”, para algunos otros es, sin duda, un contrato realizado formalmente, ya que está firmado por la Basílica de Guadalupe y la empresa estadunidense Viotran, que son las dos partes que lo pactaron.

Aparte, este convenio de comercialización —con el que se vendió la imagen guadalupana en 12.5 millones de dólares— no respetó otro contrato anterior, firmado a finales de 2000 entre la misma Basílica y el impresor Othón Corona Sánchez, que concluye en 2005.

Por lo pronto, mediante una averiguación previa, la Procuraduría General de la República (PGR) acaba de tomar cartas en este enmarañado caso.

El martes 11, en un comunicado de prensa, el arzobispado confirmó que, efectivamente, existió el convenio, pero que fue “solamente un contrato-proyecto firmado por ambas entidades, mismo que fue nulificado por convenio expreso de las mismas”.

Recalcó que “no existe relación alguna o contrato con vigencia legal entre la Basílica de Guadalupe y la empresa Viotran”, por lo que la información difundida por Proceso (1371) es “absolutamente falsa”.

Sin embargo, el sacerdote e historiador Manuel Olimón Nolasco, director de la Comisión Nacional de Arte Sacro, del episcopado mexicano, afirma: “Un proyecto de contrato no se firma. Me parece muy extraño que la arquidiócesis haya dado ese argumento. Es más, aunque hubiera sido sólo un proyecto, fue algo indebido que debe aclararse. Uno de los mandamientos de la Iglesia es precisamente ‘no robarás’”.

Agrega que el contrato con Viotran es, además, contrario a la doctrina social de la Iglesia, “opuesta al capitalismo salvaje que lo monopoliza todo y a favor de dar fuentes de trabajo a los pobres, como lo son los pequeños artesanos que subsisten de la venta de imágenes religiosas, y ahora se intentó dejarlos fuera con ese contrato”.

No le sorprenden las ansias comercializadoras de la arquidiócesis: “Recuerdo que durante la cuarta visita del Papa Juan Pablo II a México, en 1999, la nunciatura apostólica y el episcopado mexicano iban a elaborar una medalla alusiva a la visita. Tratábamos de que se hiciera de la manera más correcta. Pero el arzobispado se adelantó, se llevó la idea y el diseño de la medalla, ignorando a esas dos instancias”.

Agrega: “Veo en venta los artículos religiosos con la bendición del rector de la Basílica, Diego Monroy, sobre todo los artículos relacionados con la canonización de Juan Diego. Conviene profundizar en el asunto, pues todos tenemos derecho a la verdad”.

—¿El episcopado estaría al tanto de ese contrato secreto?

—Hasta donde yo sé, al episcopado no se le informó.

Jesús Ferral Novoa, director de Cronópolis, organización social dedicada a defender los bienes nacionales, también rechaza el argumento de que fue sólo un proyecto de contrato el que Diego Monroy firmó con Viotran el 31 de marzo de 2002.

Dice: “Ese tipo de proyectos nunca se firman. Por eso son justamente eso, proyectos. Y no se necesita ser experto para saberlo. De manera que la justificación del arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, resulta absurda. Intenta tapar el sol con un dedo”.

Señala que Monroy y Rivera Carrera deben dar una explicación convincente: “Están ocultando cosas muy sucias, protegiéndose en la impunidad. Y ese contrato es sólo la punta de la madeja. Las autoridades deben investigar, ya que, pese a lo que dice el arzobispado, siguen vendiéndose los artículos religiosos de Viotran. Basta ir a cualquier Sanborns para comprobarlo”.

La denuncia

Por ello, Ferral Novoa interpuso, el 29 de enero, una denuncia ante la PGR para que se investiguen estos presuntos “hechos delictivos”. Y apenas el viernes 14, la PGR abrió la averiguación previa número 40/FESPLE/2003 contra “quien o quienes resulten responsables”.

De siete páginas, la averiguación previa la levantó el agente del Ministerio Público Jorge Carranza Castañeda, titular de la Mesa XIII de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y previstos en leyes especiales.

Ahí se señala que “monseñor Diego Monroy celebró contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual con una empresa privada de nombre Viotran México, con el fin de obtener un lucro de 12 y medio millones de dólares por medio de la explotación comercial de un bien nacional que pertenece al acervo cultural e histórico de todos los mexicanos”.

Y aunque ese contrato se hubiera cancelado, de cualquier modo hubo “aprovechamiento temporal” de un “bien nacional” por parte de un “particular”.

Y enumera algunas leyes que se violaron: General de Bienes Nacionales, Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, y Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Igualmente, se sospecha de “falsedad” de declaración en el comunicado emitido por el arzobispado, puesto que, “de acuerdo a los usos y costumbres legales en la celebración de los proyectos de contrato, estos no se firman hasta que se lleva a cabo el contrato definitivo en donde las partes ya se han puesto de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas”.

Efectivamente, en las 18 páginas del contrato, cuyas partes medulares fueron publicadas en el número anterior de Proceso, jamás se menciona que se trate de un proyecto. Al contrario, reiteradamente se recalca, a veces hasta con letras mayúsculas, que es un “contrato”. Al principio, el documento estipula claramente:

Contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual (denominado en lo sucesivo el “contrato”) que celebran por una parte la “Basílica de Guadalupe, asociación religiosa”, debidamente representada por monseñor Diego Monroy Ponce, en su carácter de representante legal (denominada en lo sucesivo como “la licenciante”) y por la otra parte “Viotran, Llc.” Y “Viotran México, S.A. de C.V.”, representadas por la señora María Teresa Herrera Fedyk, en su carácter de representante legal (denominadas en conjunto en lo sucesivo como “la licenciataria”).

El documento concluye: El presente “CONTRATO” fue CELEBRADO el día 31 de marzo del año 2002, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Después, aparecen las firmas de Diego Monroy Ponce y de María Teresa Herrera Fedyk. Y más abajo, las firmas de los cuatro “testigos”: Ángel Alejo Torres, Héctor Bustamante Rosas, Rosalinda Salgado Gómez y Lourdes Curiel Gómez.

Aparte, cada una de las hojas del contrato, como ocurre en todos los documentos de esta índole, incluye en el margen izquierdo la antefirma de todas las partes.

Por parte de la Basílica, que declara “bajo protesta decir la verdad”, se hace constar: Es una Asociación Religiosa, constituida conforme a las leyes vigentes en la República Mexicana, según lo acredita mediante la Escritura Pública Número Cien mil ochocientos ochenta y siete, de fecha 14 de marzo del año dos mil dos, pasada ante la fe del licenciado Luis G. Zermeño Maeda, Notario Público Número Sesenta y cuatro, en ejercicio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, la cual se encuentra en trámites de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.

Es decir, esta asociación religiosa fue creada apenas 15 días antes de firmar el contrato con Viotran.

Por parte de Viotran en Estados Unidos, se dice que fue “constituida

el 30 de abril del año 2001en Orlando, Florida”.

Agrega sobre su filial en México: Viotran S.A. de C.V., se constituyó en términos de la escritura número veinticuatro mil doscientos cincuenta y dos, de fecha dieciocho de junio de dos mil uno, otorgada ante la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, titular de la Notaría Pública Número ciento noventa y cinco del Distrito Federal e inscrita el veintisiete de junio del mismo año en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 276794.

Acota que la filial luego cambió de nombre: Cambió de razón social a Viotran México, S.A. de C.V. según consta en la copia de la escritura notarial que se anexa al presente “CONTRATO”, siendo su nuevo Registro Federal de Contribuyentes: VMEO10618DLA.

El contrato tiene 19 cláusulas y dos anexos, el A y el B. En el primero se incluyen las tres imágenes que la Basílica le otorga en “exclusividad” a Viotran: la de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego y el logotipo de la quinta visita papal. Y el B enumera una larga lista de artículos en los que la trasnacional podrá imprimir la imagen guadalupana, indicando que el anexo “es enunciativo mas no limitativo”.

Contradicciones en la anulación

Con su comunicado del martes 11, el arzobispado no logró apaciguar las críticas que ocasionó la difusión del convenio. Decidió, entonces, difundir el documento de nulificación, mismo que fue entregado el miércoles 12 a Proceso por el director de Comunicación Social del arzobispado, Alfonso Navarro. De una sola página, en él se menciona que es un “convenio liso y llano de terminación de contrato”. Lo firman Diego Monroy y Herrera Fedyk y está fechado el 30 de abril de 2002.

Así, de acuerdo con el arzobispado, el “contrato” o “contrato-proyecto” sólo funcionó un mes: del 31 de marzo al 30 de abril.

El propio Alfonso Navarro, en declaraciones al conductor radiofónico Carlos Loret de Mola, señaló que se canceló porque tenía “varias imprecisiones terminológicas” y porque era una “incongruencia” que una empresa trasnacional fuera representante de la Basílica.

Debido a que ni Diego Monroy ni Herrera Fedyk han dado la cara, se telefoneó a la oficina matriz de Viotran, en Orlando, Florida. Atendió la llamada la administradora, Maricela Acevedo, quien dio una versión de los hechos distinta a la del arzobispado respecto del tiempo de duración del contrato: “En este momento, nosotros no tenemos nada qué ver con la señora Herrera Fedyk. Ella ya no es la representante de Viotran en México”.

—¿Pero ustedes siguen con los derechos de comercialización de la imagen guadalupana?

—Ella compró a nuestro nombre esos derechos, en marzo del año pasado. Pero a partir de su salida de la empresa, Viotran ya nada tiene qué ver con ese contrato. Sabemos que Herrera Fedyk continúa haciendo negocios con la Basílica. Nosotros estamos desligados.

—¿Cuándo dejó ella de trabajar con ustedes?

—Dejó de representarnos, aproximadamente, en junio del año pasado. Unos tres meses después de firmado el contrato. Es todo lo que puedo decirle. Ella puede informarle mejor que nosotros.

El otro contrato

Otro hecho complica aún más las ya de por sí confusas circunstancias relacionadas con la comercialización de la Guadalupana:

Al celebrar el contrato secreto con Viotran, Diego Monroy no respetó otro contrato de comercialización pactado con anterioridad entre su antecesor en el cargo, monseñor Antonio Macedo Tenllado, y el impresor Othón Corona Sánchez, director de la empresa Design & Digital Print. Válido por cinco años, fue firmado el 30 de noviembre de 2000, por lo que legalmente vence en noviembre de 2005.

En este convenio, copia del cual tiene Proceso, se estipula que las ganancias serán destinadas a “labores de caridad y sociales”, además de que en la comercialización de la imagen no podrán tener injerencia personas físicas o morales de nacionalidad extranjera.

Apoyado al principio por el cardenal Rivera Carrera, al impresor Corona Sánchez se le abrió la bóveda en la que se guarda en las noches el ayate del Tepeyac, para que le tomara directamente fotografías digitales. Y fue recomendado al rector Macedo para que, juntos, convinieran la reproducción y comercialización de esas fotografías, a través del contrato.

Dos meses antes de celebrar el convenio, el 22 de septiembre de 2000, el entonces encargado de Comunicación Social del arzobispado, Héctor Fernández Rousselon, escribió una carta al impresor para que se coordinara con Macedo Tenllado.

Ahí le dice: Monseñor Antonio Macedo Tenllado, rector de la Basílica de Guadalupe, es quien tiene toda la autoridad y quien ya autorizó esta impresión, es él con quien deberás coordinar todos los detalles para realizar la digitalización de la Sagrada Imagen y la definición de materiales de impresión y tamaños.

Recuerda que esta impresión será para uso exclusivo de la Basílica de Guadalupe, es decir, que no se podrá comercializar por ningún otro medio más que en la Basílica de Guadalupe o por el medio que monseñor Antonio Macedo autorice expresamente.

El cardenal Norberto Rivera Carrera está al tanto de todo esto y está muy interesado en que se lleve a cabo lo antes posible.

Así, el contrato entre “la Basílica” y “el autor” (Othón Corona) se realizó respetando estas recomendaciones. En la cláusula segunda se estipula, por ejemplo: “La Basílica” realizará la comercialización de la imagen digital láser reproducida del sagrado ayate de Juan Diego por todos los medios comerciales que legalmente procedan. En virtud de lo anterior, “el autor” autoriza y faculta a “la Basílica” a que determine sin restricción alguna los medios de reproducción y comercialización que le sean ordenados a su persona o a terceros.

Ahí se habla sobre la propiedad de la imagen original: El ayate que contiene la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pertenece al pueblo fiel de nuestro país y a los católicos de todo el mundo que veneran la santísima imagen.

Lo mismo sobre el objetivo de su comercialización: Antonio Macedo Tenllado… es la única autoridad eclesiástica facultada a fin de autorizar la reproducción de imágenes que tiene en custodia el templo del Tepeyac y la comercialización de dichas imágenes, a fin de ser estos medios para robustecer la fe, evangelizar sobre la devoción de Nuestra Madre del Cielo, e inclusive a fin de obtener recursos para la conservación del templo, su sostenimiento y las labores de caridad y sociales de la Iglesia.

La cláusula cuarta indica: No autorizar o ceder la comercialización o el otorgamiento de una condición de licenciataria a ninguna persona física o moral de nacionalidad extranjera, o que tenga domicilio en el extranjero, o que tenga nexos de sociedad, asociación o cualquier tipo de negocios en forma directa o indirecta con empresas extranjeras.

A Othón Corona se le reconocen los derechos de autoría de la imagen digital láser, por lo que, en caso de que un tercero comercialice con ella, el autor recibirá 20% de los ingresos que ese tercero le entregue a la Basílica.

Pero ya con Diego Monroy como rector —su período es de 2001 a 2006—, al parecer se consideró que se requería una acelerada comercialización de la imagen. Por lo que se contrató a Viotran y se ignoró el contrato anterior.

Sin embargo, todavía en vísperas de la última visita del Papa, realizada en julio de 2002 y en la que se canonizó a Juan Diego, se le encomendó a Othón Corona que hiciera el logotipo de la canonización. Y lo hizo. Pero no se respetaron sus derechos de autor y el logotipo ilegalmente se le cedió a Viotran.

Rivera Carrera estuvo al tanto de todo. El 16 julio de 2002, le escribió una carta al impresor en la que sólo le agradeció su colaboración:

“Conociendo el empeño que tuvo en la creación del logo, que enmarca esta gracia con un testimonio artístico, imborrable, quiero manifestarle mi agradecimiento al haber puesto en mis manos este diseño aprobado para la quinta visita a México de su Santidad Juan Pablo II”.

Actualmente, los abogados de Corona Sánchez preparan varias demandas que se sumarán a la averiguación previa que ya inició la PGR. “Toda esta comercialización ilegal de la Guadalupana es un sofisticado delito de cuello blanco. Y sospecho que el cardenal Rivera Carrera maneja muchos hilos, por lo que estaremos atentos a sus declaraciones ante los tribunales. Las investigaciones judiciales pueden aclarar muchas cosas”, concluye Ferral Novoa.