“La guerra al narcotráfico ha terminado”

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Su mayoría en las cámaras legislativas, su gran apoyo popular y los más de cinco años que le restan de presidencia anticipan un escenario favorable para que Andrés Manuel López Obrador cumpla con su ambicioso programa electoral.
López Obrador no necesita mucho esfuerzo para implementar sus reformas, ya que cuenta con un amplio respaldo en las cámaras legislativas. Pese a ello, ha preferido someter a consultas populares todas sus grandes propuestas.
Hasta la fecha ha lanzado, y ganado, tres consultas: la construcción de grandes infraestructuras al sur del país, la puesta en marcha de una central termoeléctrica y la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Este último punto ha sido especialmente doloroso para varias empresas españolas (FCC, Acciona, Sacyr y Aldesa), que participaban en su construcción y ahora tendrán que ser compensadas por el Gobierno mexicano. Con esta cancelación, López Obrador buscaba evitar daños medioambientales en el lago de Texcoco, donde se construía el aeropuerto, y castigar al tiempo a los empresarios que presuntamente habrían obtenido contratos con malas prácticas. Sin embargo, la factura podría salirle cara al presidente mexicano, ya que, según desveló el Instituto Mexicano para la Competitividad, sólo la cancelación del proyecto le costará al Gobierno 270.000 millones de pesos (unos 13.500 millones de euros). Una cifra a la que habrá que añadir además la compensación económica para las empresas afectadas.
Otra de las medidas que hicieron saltar las alarmas de los mercados internacionales fue la promesa del presidente de cancelar la reforma energética, aprobada por su antecesor en el cargo, que permitió la entrada al país de inversión extranjera en el sector, como la de Repsol, Cepsa o Iberdrola.
López Obrador quiere apostar todas sus cartas en materia energética a la petrolera estatal Pemex, que quiere recuperar para los mexicanos pese a que se encuentra en horas bajas (a nivel de producción) y rodeada de múltiples escándalos de corrupción. Para el doctor Khemvirg Puente, Coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, las negativas perspectivas de las agencias calificadoras llegan porque “el presidente continúa con un discurso de confrontación con las élites económicas”.
Combatir la inseguridad forma parte de cualquier programa electoral en México y López Obrador no iba a ser la excepción. Su estrategia, sin embargo, es radicalmente opuesta a la de sus antecesores. Sin ir más lejos, hace una semana, el presidente anunciaba que la guerra contra el narco “se ha terminado”.
Lo que no quiere decir que no se siga combatiendo, tal y como explica a EL MUNDO Jesús Cantú, jefe de información de Presidencia: “Hoy hay un cambio en la retórica, ya no se busca combatir frontalmente a los capos del narco como se hizo en el pasado, sino establecer una estrategia integral y nacional que no se base exclusivamente en el uso de las fuerzas públicas, si no también de programas sociales que permitan restaurar el tejido social”.
Este plan integral cuenta con varios puntos, el primero y quizá más importante es la creación de una nueva fuerza de seguridad: la Guardia Nacional.
La reforma constitucional necesaria para su implementación está a punto de ser aprobada con un amplio consenso del arco parlamentario, pero también con duras críticas por parte de organismos internacionales que denuncian que esta fuerza mixta servirá para perpetuar la presencia de los militares en las calles.

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