Por qué la presidencia de Maduro -ahora sí- es ilegal: 7 claves para endender lo que pasará el 10 de enero en Venezuela

Presidenicia

El 10 de enero, el 10 de enero… la fecha resuena en los oídos de los venezolanos que están a la expectativa sobre lo que pueda ocurrir ese día en la ya convulcionada situación política de ese país.
El motivo es simple: constitucionalmente el 10 de enero es la fecha en que Maduro tomará -así lo ha recalcado él mismo y sus partidiaros- posesión formal del cargo tras los comicios del pasado 20 de mayo, unas elecciones que no han sido reconocidas por la oposición que, por la falta de transparencia y garantías con las que se hicieron, fueron también cuestionadas por distintas instituciones, países y organismos internacionales.
El 10 de enero entonces termina el actual período presidencial de seis años y debería comenzar otro nuevo, pero -coinciden los analistas y la opinión pública internacional- no para un candidato como Maduro, que prácticamente fue solo a las elecciones y a quien rechaza más del 80% de los venezolanos.
En definitiva, el mandatario venezolano -en su supuesto segundo mandato- estaría ilegalmente usurpando el poder, y en estas siete claves explicamos los motivos por las que su juramentación del 10 de enero sería ilegal e ilegítima.

Finaliza un período

Según los artículos 230 y 231 de la Constitución de 1999, el 10 de enero de 2019 finaliza el período presidencial iniciado en 2013, y comienza un nuevo período de seis años que terminaría en 2025. Textualmente el artículo 230 dice: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida”. Y el artículo 231: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.

El “fraude” de mayo
La ilegalidad comienza cuando se habla del “candidato elegido”. Maduro no es un presidente reconocido. La falta de transparencia en las elecciones que dieron el triunfo al heredero de Chávez no fueron avaladas ni internamente por los partidos políticos, ni internacionalmente por la mayoría de los países democráticos -OEA, EEUU, Japón, Australia, y la Unión Europea y organizaciones internacionales- que cuestionaron la falta de garantías y resaltaron las irregularidades que ocurrieron el 20 de mayo: inhabilitación de candidatos opositores con chance de triunfar, incumplimientos de lapsos, falta de observación objetiva internacional, ventajismo, etc. Solo países como China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y Turquía apoyaron esos comicios.

El ‘amparo’ del Supremo
Ante un vacío de poder -porque no se reconoce a Maduro como presidente- le correspondería a la Asamblea Nacional (Parlamento) asumir el cargo y convocar a elecciones libres. El único poder electo por el pueblo -y reconocido internacionalmente- actualmente es la Asamblea Nacional y es de mayoría opositora. Por eso, Maduro entonces prestaría juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El problema es que el Supremo venezolano es acusado de actuar bajo la directriz del gobierno de Maduro, por eso el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (conformado por la AN) manifestó que Maduro debe entregar el poder que “ejerce ilegítimamente” y ponerlo a disposición de la Asamblea Nacional, la cual “está en la obligación constitucional” de cubrir la vacante en la Presidencia.
Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, “la juramentación no es constitucional. Maduro no es Presidente electo con lo cual no puede tomar juramento para asumir el cargo. Que lo haga ante el TSJ no es lo determinante: lo determinante es que, al no ser Presidente electo, no puede juramentarse”.

Share