Lo que está en juego en el caso del pastor Max

¿Estarán la directora de ICE y el gobierno de Obama a la altura de las políticas de seguridad establecidas?

03 19 15 PORTADA MaxVillatoro-finalWashington, DC – La atención nacional y local se ha centrado en el caso del pastor Max Villatoro, quien fue detenido la semana pasada por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Iowa y enfrenta deportación inminente a Honduras. La deportación del pastor Max separaría a su familia, que incluye cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y pone su vida en riesgo al enviarlo a un país que tiene la tasa de asesinatos más alta en el mundo y donde sus familiares han sufrido amenazas y muerte.

Aunque el caso del pastor Max es asimismo una prueba de fuego más grande para la nueva directora de ICE, Sarah Saldaña, también lo es para el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y para el gobierno de Obama. Las políticas de seguridad migratoria delineadas en el memo de noviembre de 2014 por el secretario del DHS, Jeh Johnson, hablan de una prueba de equilibrio para sopesar las decisiones de deportación. El memo establece que los funcionarios deben “ejercer la discreción con base en circunstancias individuales”, y considerar si la persona representa una amenaza a “la seguridad nacional, fronteriza o pública” antes de llevar a cabo una deportación.

Al aparecer durante el informe del Estado de la Unión a través de CNN en febrero, Jeh Johnson explicó:

“Nos enfocamos en deportar delincuentes convictos, amenazas a la seguridad pública, amenazas a la seguridad fronteriza, y hay una población que ha estado en este país durante años que no es prioridad y que no será deportada en ningún gobierno, republicano o demócrata”.

Y de acuerdo con el presidente Obama, habrá “consecuencias” para los agentes de ICE que se rehúsen a seguir los lineamientos de seguridad. Como dijo el mandatario durante una reunión de tema migratorio en Miami el mes pasado:

“Habrá algunas jurisdicciones y puede haber agentes de ICE [Oficina de Control de Inmigración y Aduanas] o agentes de Control Fronterizo que no respeten nuestras nuevas directrices. Pero serán responsables ante el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, porque él ha sido muy claro acerca de cuáles serán nuestras prioridades… Si alguien está trabajando para ICE y no sigue sus políticas, habrá consecuencias”.

Como pastor con cuatro hijos ciudadanos estadounidenses que ha vivido pacíficamente sin incidente alguno durante 16 años, Max claramente no representa una amenaza a ‘la seguridad nacional, fronteriza o pública’, y se le debe otorgar un indulto con base en el memo de 2014.

Su abogado, David Leopold, afirma: “Realmente no hay una zona gris aquí. El pastor Max no es una amenaza al público y no es una prioridad para la deportación. La cuestión para las familias alrededor del país es si ICE va a implementar el memo en buena fe o lo usará como pretexto para separar familias estadounidenses”.

Desafortunadamente, hay un reciente y preocupante precedente de lineamientos de seguridad migratoria establecidos en papel que en la práctica no han sido respetados. En 2011, el entonces director de ICE, John Morton, envió un memo centrado en la discreción procesal donde pidió a los agentes de ICE considerar una variedad de factores en casos potenciales de deportación. En realidad, los niveles récord de seguridad continúan y la brecha entre las prioridades establecidas y quienes se encargan de llevar a cabo esas políticas permanece muy abierta.

De acuerdo con Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “el pastor Max es una prueba de fuego sobre si los cambios anunciados en la política migratoria serán seguidos por cambios reales en la práctica sobre la seguridad. Los obstáculos son altos para Max, su familia y el futuro de la seguridad migratoria durante este gobierno”.

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