Los Demócratas exigen una investigación sobre la  cancelación del TPS a El Salvador, Haití y Honduras

Los Demócratas exigen una investigación sobre la cancelación del TPS a El Salvador, Haití y Honduras

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En la misiva el grupo citó un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que descubrió evidencia de oficiales con nombramientos políticos que “ignoraron intencionalmente las advertencias de que acabar con el TPS para los tres países representaría un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar” de los miles de receptores del amparo.
Líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso pidieron este martes al Inspector General del Departamento de Estado que investigue la terminación de los Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras, programas humanitarios que frenan temporalmente la deportacion de unos 400,000 inmigrantes indocumentados.
“Solicitamos específicamente que la Oficina del Inspector General revise en qué medida los oficiales con nombramiento político del gobierno de Donald Trump en el Departamento de Estado inyectaron consideraciones electorales en el proceso de toma de decisiones del TPS”, escribieron los legisladores en una carta dirigira al Inspector General Steve Linick.
En la misiva el grupo citó un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que descubrió evidencia de oficiales con nombramientos políticos que “ignoraron intencionalmente las advertencias de que acabar con el TPS para los tres países representaría un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar” de los miles de receptores del amparo.
Quiénes firmaron la carta
La carta dirigida al Inspector General del Departamento de Estado fue firmada por el senador Bob Menéndez (D-Nueva Jersey), el integrante de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y el congresista Joaquín Castro (D-Texas), Presidente del Caucus Hispano del Congreso y del Subcomité de Investigaciones y Superintendencia de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes.
El grupo está integrado además por los legisladores Eliot Engel (Nueva York), Presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Jerrold Nadler (Nueva York), Presidente del Comité Judicial; Albio Sires (Nueva Jersey), Presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental; y Zoe Lofgren (California), Presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara Baja.
En el reporte citado por el grupo, publicado en noviembre de 2018 y titulado ‘Politizando las Protecciones Humanitarias’, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado incluyó una compilación de más de 80 páginas de comunicaciones internas (cartas problemáticas, memorandos y cables de la embajada) que llevaron al presidente Trump a terminar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití.
Elecciones 2020
Los líderes demócratas señalaron además en la carta al Inspector General que entre los documentos se encontraban casos específicos de oficiales con nombramientos políticos del gobierno de Trump en el Departamento de Estado que hacen referencia explícita a las elecciones presidenciales de 2020 en sus recomendaciones al Secretario de Estado.
“La recomendación de estos funcionarios políticos demuestra cómo el gobierno favoreció una decisión política predeterminada por encima de la experiencia colectiva del Departamento de Estado, sin tener en cuenta la orientación proporcionada por cualquier otra oficina relevante”, concluyeron.
El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

Las cancelaciones
En septiembre del 2017 el gobierno de Trump comenzó a cancelar los TPS. El primero en la lista fue Sudán, con poco más de 1,030 beneficiarios.
La Casa Blanca argumentó que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones favorecidas.
La segunda anulación fue el 6 de noviembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses.
El TPS para Honduras y Nicaragua fue otorgado a principios de en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas.
El 22 de ese mes el gobierno agregó a la lista a Haití, donde el programa ampara de la deportación a unos 58,000 inmigrantes.
Dos meses después, el 8 de enero de 2018, le tocó el turno a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.
El 4 de mayo el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protege a unos 56,000 nacionales de ese país.

Fallo judicial
El 3 de octubre de 2018 un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de acabar con el TPS, que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. El fallo aseguró que la terminación de los programas podría causar “un daño irreparable y grandes adversidades” a los beneficiarios.
El fallo emitido por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, liberó de la deportación a cerca de 400,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó a Honduras en ese momento.
La decisión planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.
El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo de ese año por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaron que el presidente hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.
“Hay evidencia circunstancial de que la raza fue un elemento motivador” para acabar el TPS, argumentó Chen en su fallo al citar ejemplos dados por los demandantes, como cuando en enero de 2018 durante una reunión con legisladores bipartidistas, Trump se refirió a ciertos países —El Salvador y Haití específicamente— como “huecos de mierda”.

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