Moratoria a las Deportaciones
Elvira Arellano y su hijo Saúl celebraron Navidad en la misma iglesia de Chicago donde hace casi cinco meses ella encontró santuario y de donde, según dice, no saldrá hasta que haya un cambio en las leyes migratorias de Estados Unidos que le permitan permanecer en Estados Unidos al lado de su hijo que es ciudadano estadounidense
Arellano se ha hecho famosa porque su caso ejemplifica el de millones de madres que, habiendo entrado al país ilegalmente, tienen hijos nacidos en Estados Unidos. También ha llamado mucho la atención su decisión de utilizar al pequeño Saúl como vocero de su causa pronunciando discursos en importantes foros en Washington, D.C., en Miami y en una comparecencia ante el Congreso mexicano solicitándole la ingrata tarea de apoyar la decisión de su madre de no regresar a su patria.
También ha contribuido a darle celebridad a Arellano su inclusión en la revista Time, al lado del Papa Benedicto XVI, el ex Vicepresidente Al Gore, el heredero Raúl Castro, el tenista Roger Federer y el golfista Tiger Woods, como uno de los personajes que hicieron historia este año. De Arellano se sabe que entró ilegalmente a Estados Unidos hace 9 años; que Saúl nació un año después; que en 2001 fue arrestada durante una redada del servicio de inmigración, se le acusó de utilizar un número de seguro social falso y se le giró una orden de deportación que ella peleó por todos los medios a su alcance. Agotados sus recursos legales, el 15 de agosto, Arellano se refugió en la iglesia escudándose en la centenaria tradición del santuario.
Revivido para proteger a sacerdotes de Arizona y California perseguidos por los agentes de inmigración por acoger, transportar y proteger a miles de inmigrantes indocumentados que huían de las guerras en Centroamérica en los 80, el viejo concepto del santuario dio lugar a ordenanzas municipales en Los Ángeles, Nueva York y Chicago que fijaron límites a la cooperación de sus cuerpos policiales con las autoridades migratorias federales y otorgaron un poder tácito a las iglesias para desafiar con su autoridad moral a las autoridades migratorias federales.
Este año, el Alcalde de Chicago, Richard M. Daley, le ha prohibido a los funcionarios de la ciudad que colaboren con las autoridades federales de inmigración y ha solicitado conmiseración para con Arellano. El Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, también le ha pedido clemencia al Presidente George W. Bush.
La complejidad del asunto ha provocado encendidas reacciones. Según una encuesta reciente del Chicago Sun, el 90 por ciento de 665 personas entrevistadas opinan que Arellano debería ser deportada. En Georgia, un periódico ha criticado severamente a la madre por utilizar al niño en un intento por “mostrar al mundo lo cruel que son los estadounidenses al intentar hacer cumplir la ley”.
Como era de esperarse, el caso le ha dado nuevo ímpetu a quienes pugnan por modificar la enmienda 14 de la Constitución para impedir que se les otorgue la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas indocumentadas.
Quienes exigen la deportación de Arellano argumentan que si las autoridades no proceden de inmediato, “el mensaje a las desesperadas mujeres mexicanas sería que si logran cruzar ilegalmente la frontera para dar a luz tendrán un hijo americano y la oportunidad de colocarse al frente de la línea inmigrante”.
Aun desechando la exageración de los xenófobos, el asunto tiene una magnitud tal que reclama un tratamiento serio, frío y responsable en el Congreso. Según el Pew Hispanic Center, entre las aproximadamente 2 millones de familias en las que por lo menos hay una persona indocumentada, viven unos 4 millones de niños nacidos acá, que al cumplir 21 años podrían solicitar la residencia legal para sus padres.
Solicitarle al Congreso la expedición de una ley para resolver el caso particular de los Arellano sería una aberración. Lo correcto sería que el Presidente o el Congreso declararan una moratoria a las órdenes de deportación que penden sobre los padres de los niños nacidos en Estados Unidos, hasta que se elabore una reforma integral al sistema migratorio nacional que incluya una ruta a la legalización. La responsabilidad del Congreso es resolver las contradicciones que el país vive a diario entre la teoría y la práctica en cuestiones de inmigración.
Mientras tanto, la buena noticia es que los oficiales del servicio de inmigración han anunciado que no tienen planes de allanar la iglesia donde se refugia la familia, pues Arellano es tan sólo una de los 600 mil inmigrantes fugitivos que están siendo perseguidos en función de la amenaza que representan al país.
