Nueva Ley dejaría niños sin hogar

Nueva Ley dejaría niños sin hogar

sin

El gobierno de Donald Trump publicó este viernes en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) una nueva regla que, de entrar en vigor, permitiría el desalojo de más de 55,000 niños ciudadanos estadounidenses hijos de padres indocumentados.
La regla, denominada ‘Ley de vivienda y desarrollo comunitario de 1980: verificación del estado de elegibilidad’, fue publicada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), al mando del secretario Ben Carson, quien en las elecciones presidenciales de 2016 compitió por la nominación del Partido Republicano y luego se unió al equipo del presidente Donald Trump.
La regla propuesta endurecería la actual regla que otorga subsidio habitacional a familias de escasos recursos “que tienen derecho legal a ello”, aseguró en abril Carson.
Tras una revisión al programa, el HUD concluyó que la mitad de los residentes actuales que viven en hogares subsidiados podrían ser desalojados y miles de niños que están legalmente calificados para recibir la asistencia se quedarían sin hogar.

El reglamento actual

Las normas vigentes prohíben que los inmigrantes indocumentados reciban la asistencia federal de vivienda, pero lo permiten cuando las familias tienen estatus de inmigración mixto, es decir que al menos uno de los integrantes del grupo sea elegible, tal como un niño estadounidense o un cónyuge ciudadano.
La nueva regla, impulsada por el asesor principal de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, requeriría que todos los miembros de la familia tengan un “estado de inmigración elegible”, reportó el diario The Washington Post.
De entrar en vigor la nueva regla, los inmigrantes indocumentados que tienen hijos estadounidenses y gestionan el subsidio a través de ellos, no tendrán derecho alguno.

Qué dice la propuesta

De acuerdo con la publicación en el Registro Federal, la nueva regla haría dos cambios a las regulaciones del HUD.
La primera, requeriría la verificación del estado de inmigración elegible de todos los beneficiarios de la asistencia bajo un programa cubierto y que tengan menos de 62 años.
Cabe señalar que La Sección 214 vigente prohíbe que el secretario de HUD ponga a disposición ayuda financiera para personas que no sean ciudadanos estadounidenses o ciertas categorías de no ciudadanos elegibles en los programas de vivienda asistida específicos y públicos.
El segundo cambio propuesto especifica que las personas que no están en estado de inmigración elegible “no pueden actuar como arrendatarios”, incluso como parte de una familia mixta cuya asistencia se prorratea según el porcentaje de miembros con estado elegible”.
“Es una medida extremista”, dijo a Univision Noticias el activista Ben Monterroso. “Aquí en California ya una vez quisieron hacer lo mismo, pero nuestra gente se opuso. Los maltrataron, pero no pudieron. Es una manera para desesperar a la gente, que haga sus maletas y se vaya. Pero nos quedaremos e iremos a las urnas. Es ahí donde se deciden las batallas”, precisó.

Datos de la revisión

Conforme el análisis del HUD para proponer el cambio al programa aproximadamente 25,000 hogares, que representan a unas 108,000 personas, viven en viviendas subsidiadas y tienen al menos un miembro no elegible.
Añade que entre estos hogares de estatus mixto, el 70% o 76,000 personas son elegibles legalmente para recibir beneficios, de los cuales 55,000 son niños y la gran mayoría viven en California, Texas y Nueva York.
De cambiar la norma, los 55,000 niños legalmente elegibles de hogares mixtos (uno o dos padres indocumentados) perderían el subsidio y se quedarían sin hogar.
“Es una propuesta horrorosa”, dice Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Tan siquiera pensar que Estados Unidos, el país que se jacta de proteger los derechos humanos vaya a cometer este artero plan en contra de los más vulnerables de nuestra sociedad como son los niños y los ancianos, es inaceptable”.
El activista agregó que “estamos hablando de estadounidenses. No son personas que están robando y tienen derecho a solicitar legalmente este tipo de asistencia”, indicó. “Si lo hacen, seguramente el secretario de Vivienda Carson ayudará a convertir a muchos niños ciudadanos en desamparados”, presagió Cabrera.

Quiénes ganan

El HUD anticipa que el miedo de que las familias sean separadas, “llevará a una rápida evacuación de la mayoría de los hogares mixtos”. Añade que las familias con estatus mixto en viviendas subsidiadas reciben un promedio de $8,400 por hogar al año.
El análisis que justifica la nueva regla señala además que restringir los subsidios a las familias en las que todos los miembros residen legalmente en Estados Unidos, otorgaría entre $193 y $227 millones adicionales al año y las familias elegibles recibirían subsidios más altos.
Como resultado, según el análisis, “podría haber menos hogares atendidos en el marco del programa de vales para la elección de vivienda”, contrariamente a la meta declarada del gobierno de Trump de sacar más familias de las listas de espera de asistencia de vivienda de los últimos años.
El HUD previene además que para los complejos de viviendas públicas, el aumento de los costos impuesto por la regla afectaría la calidad del servicio, el mantenimiento de las unidades y “el posible deterioro de las unidades que podría generar vacantes”, escribió el diario.
Residentes en la mira
El nuevo reglamento asoma en momentos que el Departamento de Justicia escribe un plan que, de aprobarse, revertiría la actual política que permite deportar a residentes legales (green card o tarjeta verde) que se declaran carga pública, pero es raro que ocurra. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos.
El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.
La norma vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en Estados Unidos se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.

Más restricciones
Simultáneamente, el gobierno de Trump estudia castigar a los residentes legales que piden ayuda pública.
El DHS tiene en ascuas a millones de inmigrantes en Estados Unidos ante la inminente puesta en vigor de un nuevo reglamento de Carga Pública que castigará principalmente a inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres, quienes están en la lista de principales afectados por la nueva norma anunciada en septiembre.
El nuevo reglamento de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
El reglamento del HUD tiene un plazo de 60 días de comentario público que vencen el próximo 9 de julio.

Share