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Pavor a la criminalización en Arizona Inmigrantes cancelan visitas al médico

TUCSON – Mientras miles de inmigrantes se preparan para viajar a finales de marzo a Washington para pedirle al Congreso que apruebe una reforma migratoria, en Arizona crece el miedo ante la amenaza una ley que criminalizaría la estadía ilegal en ese estado fronterizo con México, un asunto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

Pero para quienes no tienen papeles la incertidumbre llegó a niveles alarmantes, porque ante el temor a las deportaciones, muchas familias no acuden al médico, lo que pone en riesgo la salud de muchos niños, la mayoría ciudadanos estadounidenses.

Revelan casos críticos

«En nuestra oficina tuvimos el caso de una mujer embarazada sangrando que tenía terror de ir al hospital por miedo a ser entregada a inmigración», dijo Kat Rodríguez, vocera de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

En noviembre del año pasado entró en vigor en el estado una ley que obliga a los empleados del Departamento de Seguridad Económica (DES) a reportar ante las autoridades migratorias a los indocumentados que acuden a solicitar ayuda pública como cuidado médico y estampillas de comida.

A finales de enero el Senado aprobó la ley SB 1070 que criminaliza la estadía ilegal en el territorio del estado, norma que de entrar en vigor se convertiría en la ley antiinmigrante más dura en todo el país.

Ambas legislaciones elevaron el pavor en todo el estado.

Miedo a flor de piel

De la primera iniciativa, «a pesar de que solamente aplica a los indocumentados que admiten de forma verbal o por escrito carecer de un estatus y no a sus hijos, el miedo es muy grande entre los padres, quienes han optado por dejar de solicitar beneficios para sus hijos, ciudadanos de este país que tienen todo el derecho», denunció la Rodríguez.

La activista añadió que la ley de noviembre y el miedo que prevalece en el estado han puesto en riesgo el futuro de niños hispanos cuya única opción para obtener atención sanitaria es recurrir a las salas de emergencia.

Rodríguez mencionó que a pesar de la fuerte campaña que llevan a cabo diversas organizaciones de Arizona para informar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos, en ciudades como Phoenix y Tucson el temor es difícil de vencer.

«Simplemente están optando por mantenerse alejados de las oficinas del DES y no renovar los beneficios cuando se les vencen», aseguró la portavoz.

Intento federal de 2005

El 16 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes (federal) aprobó la ley HR 4437 propuesta por un grupo de legisladores republicanos quienes criminalizaron la estadía indocumentada, pero el Senado rechazó el plan y aprobó una versión distinta que incluyó una vía de legalización para millones de indocumentados.

Pero el 3 de junio de 2006 el entonces liderazgo republicano canceló la convocatoria del Comité de Conferencia que iba a armonizar ambas versiones argumentando razones de seguridad nacional.

A partir de entonces los estados comenzaron a aprobar leyes antiinmigrantes por su cuenta, entre ellas las polémicas iniciativas de Arizona. Un reporte de la asociación nacional de municipalidades dio cuenta que entre epp2 y 2008 en más de 29 estados se debatieron más de 1,400 iniciativas. De ellas, menos de 120 fueron aprobadas y muchas fueron detenidas por las cortes federales por violar la Constitución estadounidense.

Avanzada republicana

Sin embargo, los esfuerzos por acabar con la población indocumentada en Arizona no se detienen. A finales de enero un comité del Senado estatal aprobó la iniciativa de ley SB 1070 que entre otras recomendaciones propone convertir en delito la estadía sin papeles, proyecto similar al HR 4437 que aprobó la Cámara de Representantes en 2005 y que luego fue desestimado.

Russell Pearce, senador republicano autor del proyecto, dijo en enero que la SB 1070 busca eliminar las barreras que impiden que nuestras autoridades locales apliquen a su discreción las leyes de inmigración, un tema que para muchos sólo corresponde al gobierno federal.

El proyecto de ley antiinmigrante SB 1070 prohíbe que cualquier agencia estatal adopte políticas que limiten o restrinjan la aplicación de las leyes de inmigración en toda su extensión, y contempla como un “delito menor” la sola presencia de un inmigrante sin papeles en cualquier parte del territorio de Arizona.

Esta nueva figura facultaría a cualquier agente de policía a arrestar a una persona de la cual «sospeche» se encuentra sin permiso de estadía y no habría necesidad de contar para el efecto con una orden de arresto emitida por un juez competente.

Millones en la mirilla

En Estados Unidos viven entre 1.8 y 11.6 millones de indocumentados. Miles están casados con residentes o ciudadanos y al menos 5 millones de niños hijos de estas parejas son ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han advertido que la entrada en vigor de este tipo de legislaciones tendría un efecto “catastrófico” en el estado.

El diario La Estrella de Tucson reportó que la iniciativa SB 1070 también incluye:

Abrir camino para que se realicen operaciones policiales tipo «sting», para identificar a compañías que intencionalmente contraten a trabajadores indocumentados.

Sería un crimen recoger a alguien mediante un vehículo y contratarlos por el día.

Requerirle a los policías que hagan un «intento razonable» para determinar el estatus legal de cualquier persona que contacten oficialmente, si hay una «sospecha razonable » de que sea un inmigrante ilegal.

Permitir que cualquier persona pueda demandar una ciudad, condado o cualquier gobierno que tenga políticas que limiten que sus empleados se aseguren que las leyes de inmigración se apliquen, «menos de lo que permite la ley».

La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), criticó el proyecto de ley sb 1070 del senador Pearce.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la oficina de ACLU en Arizona, dijo que el proyecto «va mucho más allá de alistar a los policías locales para reforzar las leyes de inmigración», además de «atar las manos de las ciudades y condados al mandar que sus oficiales arresten personas por violaciones migratorias sin entrenamiento federal, o precauciones constitucionales», reportó el diario.

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