“Perdimos la esperanza”: la frase que resume  la política de ‘tolerancia cero’ en 2018

“Perdimos la esperanza”: la frase que resume la política de ‘tolerancia cero’ en 2018

Perdimos

“Hemos hecho mucho por nada”, se lamenta la inmigrante de origen peruano Patricia García, quien junto a su familia llegó a Estados Unidos en 1993 en busca de asilo. Su expediente se extravió durante 11 años y, cuando por fin apareció, un juez emitió una orden de deportación.
Apelaron y, tras revisar el expediente, un segundo juez procedió a cerrarles el caso de manera administrativa, pero la política de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump obligó a la reapertura de su caso y les puso fecha para que se marchen del país tras 25 años de una larga batalla judicial.
“Estoy cansada”, dice García. Hemos hecho mucho por nada. Igual nos tenemos que ir el 2 de enero y ando como loca tirando, regalando, donando y vendiendo algo de la casa. Ya está casi vacía. Ya mandé cinco maletas a Lima y ya perdimos la esperanza de todo. Muy tristes, son más de 25 años que se van. Y lo más triste es dejar a mi hijo”, agrega.
El lamento de García es el mismo que experimentan miles de inmigrantes que en el último año padecen los resultados de la política migratoria de Trump, cuyo objetivo se resume en dos propósitos: expulsar al mayor número que pueda de los 11 millones de indocumentados que viven en el país y frenar la inmigración tanto legal como ilegal.

Para conseguirlo, el mandatario no ha contado con el respaldo del Congreso. Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 ha ido construyendo una enmarañada política migratoria basada en memorandos y órdenes ejecutivas, y varias de ellas, por ahora, han sido revertidas por los tribunales de justicia porque algunas de sus controversiales medidas, advierten jueces, violan la ley y la Constitución.
Los resultados conseguidos por Trump en 2018 no se miden por el número de deportaciones, que siguien siendo inferiores a las registradas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), y detenciones (un 40% mayor que su antecesor), sino por los niveles de miedo e incertidumbre provocados por el discurso del mandatario y su gobierno.

Fecha de salida
García y su familia llegaron a Estados Unidos en 1993 en busca de asilo. Huyeron del Perú por amenazas del grupo terrorista Sendero Luminoso. A sus hermanos, sobrinos y primos “les aprobaron las peticiones, menos a mi esposo, mi hijo y a mí porque (en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) perdieron nuestros expedientes”, cuenta.
Mientras aguardaban una respuesta del gobierno, recibieron un permiso de trabajo que renovaban cada 12 meses. “Después de 11 años aguardando, nuestro caso fue desestimado ( dismiss)”, explica. “Cuando los papeles por fin aparecieron, un juez nos dio la deportación sin que nosotros lo supiéramos”.
Corría el 2010 y en aquellos tiempos, bajo el gobierno de Barack Obama, las prioridades de deportación eran otras, distintas a las establecidas por Donald Trump en enero de 2017. Antes, sólo los extranjeros con antecedentes criminales graves estaban en la mira de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ser deportados; ahora todos son prioridad porque el mandatario decretó que la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Reapertura de juicios
Como el caso García, otros 350,000 inmigrantes viven situaciones similares desde el pasado mes de mayo, cuando el ex fiscal general Jeff Sessions, prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplica desde la década de 1980.
El llamado “cierre administrativo” o “cancelación de deportación” permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes, como García y su familia, permanecieran indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.
“Sin lugar a dudas, el cambio más significativo fue la eliminación de la política de discreción, donde solo hacían cargos de deportación a los casos que eran prioridad, o sea a las personas que tenían antecedentes”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
“Ahora todas las personas detenidas son enviadas a un juicio de deportación. A esto hay que agregar que, desde fines de noviembre, el gobierno anunció la implementación de una nueva norma, que todas las personas cuyos casos hayan sido denegados, tal como violencia doméstica (VAWA), visa U o ajuste de estado), también serán enviados a un juicio de deportación. En mi opinión, esta es la política que más daño ha causado”, añade.
Velásquez dice además que “sobre la política de ‘tolerancia cero’, no sabemos qué consecuencias tendrá el que tengan una convicción por entrada ilegal al país. Sabemos que no es un delito en contra de la moral y no creo que sea una base de descalificación para una visa. A mi forma de ver, es puro teatro, una medida mal encaminada que tiene el propósito de disuadir a personas a que sigan cruzando ilegalmente. Como podemos ver, no vemos una disminución del cruce ilegal. Por lo menos se aclaró que padres con niños no serán perseguidos penalmente para evitar la separación forzosa de menores de sus padres”.
Al resumir lo actuado por el gobierno de Trump en 2018, Velásquez dijo que “terminaremos con un gobierno cerrado que afectará los retrasos que ya tenemos en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y las cortes de inmigración. Esperemos que, una vez la Cámara de Representantes demócrata tome riendas a partir del 3 de enero, se frenen estas políticas antiinmigrantes”.
Cambio de estrategia
La política de ‘tolerancia’ cero’ de Trump comenzó a ser implementada el 25 de enero de 2017, cuando el mandatario firmó las órdenes ejecutivas sobre las ciudades santuario y la construcción del muro en la frontera con México.
“El gobierno ha tomado medidas importantes para redefinir las políticas de inmigración de Estados Unidos”, dice Rebeca Sánchez- Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
Tras una pausa, desglosa una lista de áreas en las que la Casa Blanca puso especial énfasis:

Nuevas prioridades de detención;

Rescindir DACA para aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños;
Restringir las visas de viaje y de trabajo de ocho países de mayoría musulmana (travel ban);
Aumentar las investigaciones de solicitudes de refugiados e inmigración legal mientras recortan personal;
Revisión y cambio del programa de visas H-1B;
Proponer limitaciones a la inmigración legal;
Proponer nuevos requisitos y exigencias a las cortes de inmigración;
Reducir programas humanitarios;
Construir un muro en la frontera con México;
Otorgar poderes extraordinarios y definir nuevas políticas de adjudicación para el servicio de inmigración (USCIS);
Restringir el proceso de asilo;
Consolidar la política de ‘tolerancia cero’.

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