Persiste en México impunidad: EEUU

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos denunció hoy la persistente cultura de impunidad y corrupción en México, en el informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

“Aunque el Gobierno (de México) respete generalmente los derechos humanos y los promueve (…), persiste una cultura profundamente arraigada de impunidad y corrupción, especialmente a nivel estatal y local”, aseguró el Departamento de Estado.

El informe destacó los problemas existentes en México como asesinatos ilegales por las fuerzas de seguridad, secuestros, incluso por parte de la policía o tortura.

Condenan a Cuba y a Venezuela: Cuba y Venezuela son los países de América Latina donde se cometieron más violaciones a los derechos humanos el año pasado, según un informe del Gobierno estadounidense difundido hoy.

El estudio del Departamento de Estado sobre la situación mundial de los derechos humanos afirmó que Cuba aumentó la represión contra disidentes luego de que Fidel Castro cediera temporalmente el poder a su hermano Raúl en julio del año pasado por motivos de salud.

“En el 2006, el gobierno aumentó su intimidación a disidentes y otros ciudadanos vistos como amenazas para el Gobierno, frecuentemente por acciones realizadas por pandillas que fueron calificadas como ‘actos de repudio, que incluyeron abuso verbal y físico”, según un comunicado sobre el informe.

Aunque La Habana haya liberado a algunos presos políticos, el informe dijo que 283 personas aún seguían detenidas con ese estatus en las cárceles cubanas a fines del año pasado, incluyendo a 59 de los 75 disidentes apresados en el 2003.

Washington también criticó a Venezuela por la intimidación a organizaciones no gubernamentales, los ataques violentos a periodistas y el anuncio del Gobierno de no renovar la licencia de un canal televisivo opositor al Presidente Hugo Chávez, un enemigo declarado de Estados Unidos.

El informe del Departamento de Estado también atacó a un proyecto de ley en Venezuela que podría aumentar el control del Gobierno sobre las organizaciones no gubernamentales y unas enmiendas al código penal que imponen condenas de la cárcel a quienes insulten a funcionarios públicos.

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