Piden alargar un año limpia en Policías
Ciudad de México.- La bancada del PRI en el Senado propuso de última hora una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para prorrogar durante un año el plazo que tienen estados y municipios en la evaluación y depuración de sus corporaciones policiacas.
El proyecto fue llevado a la Tribuna por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priista Omar Fayad, quien reconoció que es indispensable ampliar el plazo, ya que más de la mitad de las entidades no han cumplido con su obligación de evaluar a los agentes policiacos.
«En los ámbitos estatal, municipal y del DF, al 31 de octubre de este año, se reportan 293 mil 632 elementos evaluados de manera integral en las entidades federativas, de un estado de fuerza estimado en 420 mil 349 elementos activos», detalló al reconocer que 54.8 por ciento de los policías no han sido evaluados.
El legislador federal explicó que, debido a que el 59 por ciento de los estados no podrán cumplir con el plazo que vence el 2 de enero de 2013, es necesaria una prórroga de 365 días naturales.
Fayad explicó que el nuevo plazo permitirá consolidar la inversión realizada en los centros de evaluación y control de confianza, alcanzar las metas de evaluación de las instituciones de seguridad pública al 100 por ciento y concretar los esfuerzos de depuración que ya dieron inicio.
El priista advirtió que de no aprobarse esta medida, los estados y municipios se verían obligados a separar del cargo a más de 400 mil policías, lo que afectaría el desempeño de esas corporaciones.
«De aplicarse de manera estricta lo estipulado (en la ley vigente), sería necesario separar tanto a los integrantes que no hayan sido evaluados como a los que obtuvieron resultado de no aprobado. En ambos supuestos, no contarían con el certificado correspondiente, lo que redundaría en una fuerza pública debilitada», señaló.
La nueva redacción del artículo 3 transitorio de la ley establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tendrán un plazo de 365 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, para obtener su certificación en los centros de evaluación y control de confianza o, de lo contrario, serán separados del cargo.
