Plan económico de Maduro acaba con 200 comerciantes detenidos

En la semana del aniversario de la parroquia ‘La Candelaria’, en el centro de Caracas, sus habitantes recibieron de regalo la presencia de policías armados con rifles de asalto que acompañaron a funcionarios del Estado en un férreo operativo de fiscalización contra comerciantes en la zona.
La operación se debía a una promesa del presidente Nicolás Maduro de cargar contra los comerciantes que no acataran las medidas impuestas en su plan “recuperación económica” con el que pretende que el país salga de la profunda crisis económica en la que está sumido. “El bate (de béisbol) está preparado”, dijo el presidente al hacer los anuncios contra el aumento indiscriminado de precios, la especulación y el acaparamiento. Los que no cumplan, aseguró, “van a arrepentirse de haber nacido”.
Y su promesa se cumplió. Desde el pasado 22 de agosto, autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizaron inspecciones a la fuerza en cientos de negocios, en su mayoría establecimientos de venta de alimentos de todo el país. El resultado: más de 200 gerentes y dueños de comercios detenidos por parte de efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional “por delitos como remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía”, según un comunicado de Sundde.
Uno de los lugares donde se sintió con más fuerza el operativo en la capital fue precisamente en el barrio de La Candelaria donde el pasado jueves y viernes, efectivos del Sundde y la PNB iniciaron un “acoso directo fomentando saqueos controlados y quiebra de sus negocios”, según denunció Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. “Pudimos ver cómo policías encapuchados con armas largas amenazaron a bodegueros, carniceros y panaderos con cerrarles sus negocios, incluso ya se están efectuando extorsiones previo pago de dinero o mercancía para evitar sanciones o ir hasta detenidos”, afirmó.
Los numerosos comercios y restaurantes de inmigrantes asiáticos en Venezuela también han sido objeto de fiscalización y varios de los detenidos, algunos de ellos liberados el mismo día, eran de nacionalidad china: “Al chino de la tienda lo liberaron en la tarde del viernes, capaz y le pagó a la policía para que lo dejaran libre”, afirmó una vecina de la parroquia Los Ruices al este de la ciudad. Univision Noticias intentó entrevistar al comerciante asiático pero éste no quiso discutir el tema.
“Muchas de estas detenciones no tienen razón de ser, no se determinan los delitos, por eso vemos que a muchos los liberan el mismo día o al día siguiente. Este tipo de operativos son puro show del Gobierno para hacer creer que trabajan para bajar la inflación que ellos mismos impulsan con sus políticas económicas”, afirmó la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui. Según explicó, cuando los trabajadores detenidos pertenecen a grandes empresas, éstas asumen su defensa legal, mientras que si se trata de negocios pequeños, como panaderías o carnicerías, en muchos casos son igualmente apoyados por sus gremios.
Sin embargo, conocer la suerte de los comerciantes detenidos es una tarea difícil en Venezuela, ante el temor de mayores represalias. Según el abogado Roberto León Parilli, director de un gremio de defensores de usuarios y consumidores en el país, la mayoría de las veces, los dueños de negocios pasan mas tiempo en la cárcel de lo que indica la ley para las penas de prisión por acaparamiento y remarcaje de precios. “Todo es muy arbitrario”, lamentó.

Decomisos y multas
Además de los arrestos que ocurrieron en diversos operativos en todo el país, también se produjeron multas millonarias y decomiso de mercancía, según la información que se desprende de la Sundde.
Las imágenes publicadas por el propio organismo y por usuarios de las redes sociales mostraron la detención de varios comerciantes, lago que indignó a una buena parte de la población venezolana. En el estado Táchira en la región andina, los ciudadanos y empleados lucharon por una hora hasta que finalmente el gerente de un negocio fue llevado esposado por la policía.

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