<!--:es-->Policías respaldan la reforma migratoria
Carolina del Norte tras apoyo de latinos<!--:-->

Policías respaldan la reforma migratoria Carolina del Norte tras apoyo de latinos

CHARLOTTE – Los jefes de los principales departamentos de policía y agencias del orden de Carolina del Norte acordaron apoyar una reforma migratoria para volver a ganar la confianza de la comunidad inmigrante.

Problemas por resolver

En reunión convocada por la organización sin fines de lucro, Police Executive Research Forum, en Raleigh, capital del estado, los uniformados discutieron los problemas que se enfrentan a diario con los residentes que carecen de documentos.

Carolina del Norte es uno de los estados del país cuyas agencias del orden público han firmado más acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para identificar a los indocumentados.

A través del programa 287(g) y Comunidades Seguras, miles de hispanos han sido puestos en proceso de deportación desde las cárceles locales de este estado por cometer delitos menores como manejar sin licencia de conducir.

Plan aprobado en 1996

El programa 287(g) fue aprobado por el Congreso en 1996 como Sección 287(g) de la ley de inmigración vigente. Señala que el Departamento de Justicia (en ese entonces a cargo del servicio de inmigración) puede hacer acuerdos con policías locales (estatales y municipales) para ejecutar una ley federal y arrestar a inmigrantes indocumentados.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 el servicio de inmigración pasó al mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia que activó la Sección 287(g) a finales de 2003.

En octubre del año pasado el DHS emitió un nuevo reglamento nacional del programa 287(g) y anunció una estrategia para ponerla en funcionamiento en los 50 estados.

Mandato con limitaciones

Aunque los agentes de la policía no deportan directamente a los inmigrantes, si los arrestan en las calles y trasladan a las cárceles donde se les revisan sus antecedentes criminales y migratorios a través de estos programas.

Esto ha conllevado a que la comunidad inmigrante no confíe en la policía a la hora de ser víctimas o testigos de crímenes.

«Entendemos que la policía se encuentra en una posición muy difícil de complacer a la comunidad en general que demanda la detención de los indocumentados y de los latinos que piden seguridad», afirmó Tony Asión, director de la organización hispana El Pueblo, con sede en Raleigh.

Algunos se resisten

Asión, quien estuvo presente en la reunión, contó que los policías no desean realizar el trabajo de inmigración, sino enfocarse en resolver los delitos en sus comunidades.

«La policía necesita identificar a los individuos con que tratan. Ese es el mayor problema que enfrentan con los indocumentados al no tener la manera de sacarse una licencia», apuntó Asión, quien fue patrullero de caminos antes de convertirse en defensor de los inmigrantes.

Los comentarios y conclusiones de la reunión en Carolina del Norte serán anexados a otros que la organización ha recabado en otros estados y los cuales serán presentar en un informe a miembros del Congreso en algún momento de este año.

Los respaldos crecen

El apoyo de los policías de Carolina del Norte no es el primero que una fuerza de orden público entrega públicamente a la reforma migratoria y la legalización de millones de extranjeros sin papeles que viven en Estados Unidos.

A finales de octubre del año pasado, jefes policíacos de varias ciudades de Estados Unidos reclamaron al Congreso que apruebe una reforma migratoria que regularice el estatus de los miles de inmigrantes indocumentados, y a la vez se refuerce la seguridad fronteriza.

«Somos nosotros, los que trabajamos en hacer cumplir la ley, quienes estamos lidiando con estos problemas a diario», dijo el jefe de la policía de Sacramento, Rick Braziel, quien habló de los inmigrantes como «extranjeros no autorizados deliberadamente».

«La esencia del bienestar de nuestras comunidades es la confianza y mientras exista el miedo de que vamos a verificar el estatus de los que no están autorizados a vivir en este país la comunidad no va a marchar como debe», añadió Braziel, citado por la BBC en un reportaje.

Familias divididas

La jefa de la policía de Arlington en Texas, Kim Lemaux, señaló que revisar el estatus de cada ciudadano es difícil. «Nosotros necesitamos nuestros recursos para enfrentar los problemas criminales locales», dijo.

«No tenemos los recursos ni el entrenamiento para perseguir los problemas de inmigración», señaló Lemaux, quien aseguró que no habrá discriminación de su parte.

En ese sentido, el sheriff del condado de Polk en Iowa, Hill McCarthy aseguró que «los agentes locales deben respetar los derechos constitucionales (de) todos los residentes y necesitamos que todo el mundo en nuestras comunidades puedan participar activamente y no se sientan temerosos de la policía».

«(Los inmigrantes) son seres humanos, sólo están tratando de mejorar sus vidas y las condiciones de sus familias», dijo McCarthy, quien señaló que el actual sistema propicia que las familias tengan que ser divididas.

Respuesta a Napolitano

El apoyo de los jefes de policía ocurrió una semana después de que el DHS anunciara la renovación del polémico programa de cooperación que permite a las policías locales detener a inmigrantes indocumentados, y que entre otros cambios limitó la forma como lo han venido implementando las policías.

El secretario adjunto del DHS encarado del ICE, John Morton, explicó en una conferencia telefónica que hasta la tercera semana de octubre 55 acuerdos habían sido firmados, 12 estaban pendientes ratificación, seis estaban siendo negociados y otros seis no se habían renovado o las agencias se habían retirado de las conversaciones con el gobierno federal.

Según las nuevas guías autorizadas por Napolitano, las policías que firmaron participar en el programa 287(g) sólo pueden mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados que enfrenten cargos criminales previos.

Por qué el cambio

De acuerdo con ICE, el cambio respondió a temores sobre posibles abusos de la policía.

Con estos convenios, el DHS quiere asegurarse de que todas las agencias que participan en el 287(g) utilizan los mismos estándares para la implementación del programa.

El objetivo del programa 287(g) es, desde su puesta en práctica formalmente en 2006, deportar a indocumentados que hayan cometido un delito grave, pero ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por un delito menor.

La persona sobre la que se ha dirigido quizás la mayor furia de la comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles ha sido el Alguacil del Condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, quien afronta acusaciones por detenciones bajo «perfil racial».

Arpaio enfrenta una investigación federal por abusos de sus agentes en la puesta en vigor del programa.

Share