El presidente Jimmy Morales y su partido, acorralados por más investigaciones de corrupción

El presidente Jimmy Morales y su partido, acorralados por más investigaciones de corrupción

Las apuestas suben en la partida entre el gobierno Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, un ente de Naciones Unidas creado para investigar estructuras criminales dentro del Estado. En medio de persistentes rumores de un nuevo intento del Ejecutivo por expulsar al jefe de la Cicig, Iván Velázquez, o anular el acuerdo de creación del ente, otro elemento se suma a la ecuación: el Ministerio Público ha solicitado la cancelación del partido de Morales, el Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, por financiamiento electoral ilícito.
En 2015 la Cicig presentó el estudio Financiamiento de la política en Guatemala, un informe que analizaba las distintas formas, licitas e ilícitas, en las que los partidos políticos se hacían de fondos para las campañas electorales. En ese año un casi desconocido partido llamado FCN-Nación aprovechaba la debacle de los principales candidatos, salpicados por señalamientos de corrupción, para ganar las elecciones mientras el gobierno del general Otto Pérez Molina se caía a pedazos y pasó del poder a los tribunales.
La crisis que acorrala al gobierno de Morales tiene su origen en la campaña 2015 y en las lecciones no aprendidas de ese proceso. En aquella oportunidad Velásquez, jefe de la Cicig, señaló “el financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, para la sustitución del bien común por intereses sectoriales y para la perpetuación de la vieja clase política en el ejercicio del poder”.
FCN-Nación enfrenta un proceso de cancelación porque el Ministerio Público y la Cicig lo acusan de recibir fondos no registrados durante las elecciones del 2015. Por haber intentado ocultar del Tribunal Supremo Electoral, TSE, estos recursos y destinarlos actividades como el pago de fiscales en las mesas electorales. Según la investigación al menos 15 millones de quetzales de la campaña de FCN-Nación (equivalentes a más de dos millones de dólares) provinieron de financiamiento ilícito.
Empresarios dan la espalda a Morales
El presidente Morales, su vicepresidente Jafeth Cabrera y el secretario general del partido, Javier Hernández Franco, han negado que la agrupación recibiera financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, algunos de los empresarios señalados, que forman parte de algunas de las compañías más importantes del país, han admitido que realizaron esos pagos.
Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, Jose Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila, directivos de empresas con intereses en la banca, los ingenios azucareros, inmobiliarias, entre otras, dieron un paso al frente y aceptaron haber apoyado a FCN-Nación y utilizar a terceras empresas para evitar el registro.
Seis meses atrás, el directivo de Multinversiones, Felipe Bosch en la principal reunión de empresarios del país, el Encuentro Nacional de Empresarios, Enade 2017, decía de Jimmy Morales “yo no lo tomo como un guatemalteco corrupto, señor Presidente, no lo tomo como un político corrupto”.
Los testimonios de los intermediarios, el registro contable de las transacciones, la documentación de las reuniones en las que se acordó el pago y la admisión de responsabilidad de los financistas parece inapelable. Con semejantes indicios el TSE dispuso la cancelación de tres partidos luego de las elecciones del 2015: El Partido Patriota, PP; Libertad Democrática Renovada, Lider; y Corazón Nueva Nación, CNN.

Contraataque del Ejecutivo apela
a “seguridad nacional”
El gobierno de Morales, mientras tanto, ha pasado al ataque. Su respuesta, de momento, ha sido de tipo mediático al difundir un video de noviembre de 2016 en el cual se observa a personal del Ministerio Público, Cicig y Policía Nacional Civil, PNC, intentando ingresar en el perímetro de seguridad de la Casa Presidencial, para cumplir con una orden de allanamiento a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, encargada de la seguridad presidencial en relación con una investigación en marcha por lavado de dinero contra el hermano y el hijo de Morales.
Ese video, donde se advierte un forcejeo entre los agentes fiscales y agentes de SAAS, ha sido usado por Morales para justificar que el actuar de Cicig representa “un riesgo para la seguridad de la nación”, y para pedir un dictamen legal al respecto a la Procuraduría General de la Nación, el ente encargado de defender legalmente los intereses del Estado.
A esta acción se sumó otro video, difundido en las redes sociales del mismo Presidente, en la que se muestra un fragmento de una declaración del abogado colombiano, César Rincón, durante una audiencia. En su intervención el jurista fundamenta el actuar de Cicig en el convenio de creación de la comisión suscrito entre Guatemala y las Naciones Unidas, un acuerdo de Derechos Humanos que, según la Constitución guatemalteca, tiene preponderancia en el ordenamiento jurídico.
El Ejecutivo ha argumentado que esta declaración “pone casi encima de la Constitución”, según declaración de Morales, el acuerdo de Cicig.

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