Por primera vez, México condena a dos militares por violar y torturar a una adolescente indígena

Por primera vez, México condena a dos militares por violar y torturar a una adolescente indígena

México condena a dos militares

Cuando tenía 17 años, Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena de la etnia me’phaa en el sureño estado mexicano de Guerrero, fue violada y torturada sexualmente por un grupo de militares cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo. Luego de 16 años y una larga lucha ante instancias internacionales, una jueza mexicana condenó a dos de los militares responsables a 19 años de cárcel.
“El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que yo fui agredida por los militares. Yo me tuve que salir de mi pueblo, tuve que aprender español. Ahora puedo demostrar que siempre dije la verdad y aquí estoy”, aseguró Valentina Rosendo durante una conferencia en la Ciudad de México para dar a conocer el fallo que la favoreció.
Durante su búsqueda de justicia, Valentina tuvo que tocar puertas en diversas instancias del gobierno, pero nunca creyeron su versión. Incluso recibió burlas de funcionarios públicos por no hablar español y nunca le ofrecieron un traductor para poder realizar su denuncia.
Esta condena, es considerada por defensores de derechos humanos como un hecho histórico en México: es la primera vez que el gobierno mexicano emite una sentencia contra personal del ejército, tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres al sentar precedentes para el desarrollo de los términos “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”.
La decisión la tomó el pasado 1 de junio la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, contra los militares identificados como Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, quienes, además de la sentencia a prisión, fueron condenados al pago de la reparación del daño a favor de la víctima.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en esta sentencia se habla por primera vez de la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional, pues toma en cuenta la desigualdad en la que Valentina se encontraba al ser indígena y menor de edad, ante el poder que sus agresores ostentaban el poder de armas de fuego.
“Con la sentencia se demuestra un contexto de fuerte presencia militar en Guerrero donde hay tendencia a una vulnerabilidad de las mujeres indígenas. Se evidencia una política del gobierno y el ejército para hacer labores de seguridad pública, un marco en el que se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos como la violencia sexual y la tortura”, aseguró Rosales.

Luchar 16 años contra la
impunidad del gobierno mexicano

Para lograr ese histórico fallo, Valentina tuvo que pasar por una larga lucha para que el gobierno mexicano creyera en su versión y emitiera una condena.
El ataque sucedió en el año 2002, cuando ella tenía solo 17 años y no hablaba español. Ese día, elementos del 41 Batallón de Infantería recorrían las inmediaciones de la comunidad de Acatepec, y llevaban a una persona detenida. A su paso encontraron a Valentina lavando ropa en un arroyo. Los soldados la interrogaron y luego la torturaron sexualmente.
Pese a que Valentina interpuso una denuncia en el fuero civil, el caso fue trasladado al ámbito militar y archivado por el gobierno mexicano. Por esa razón, decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 emitió una sentencia ordenando una investigación efectiva.

No obstante, los acusados
interpusieron recursos judiciales
para tratar de revertir la sentencia.

El testimonio de Valentina, una evidencia de discriminación múltiple
Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, señaló que esta sentencia condenatoria marca 16 años de injusticia del gobierno mexicano, pero por primera vez se da plena credibilidad al testimonio de una víctima de violencia sexual.
“Una persona menor de edad, una persona indígena, una persona pobre, una persona que habla una lengua indígena. Todas las discriminaciones múltiples e interrelacionadas, reconocidas en un acto jurídico. Todos los factores hechos visibles en una sentencia es una señal muy poderosa para evitar la impunidad. Nuestros cuerpos no deben ser usados como un instrumento de represión, de guerra, ni de humillación, señaló.
Rosendo Cantú pasó por una lucha similar a la de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, quien también fue víctima de tortura sexual en 2002 y obtuvo una sentencia de la Corte IDH a su favor, aunque en México su caso sigue en integración.
Valentina considera que la justicia que se convirtió en realidad para ella, debe aplicarse a casos similares de otras mujeres.

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