Reformas anunciadas por ICE ¿Un nuevo capítulo o más de lo mismo?

Washington, D.C. – La administración de Barack Obama ha formulado dos promesas para reparar nuestro maltrecho sistema migratorio: 1) reestructurar las prioridades en la aplicación de leyes para presuntamente perseguir a criminales, “lo peor de lo peor” como ha indicado el director de la Oficina de Inmigración y Controles Aduanales (ICE), John Morton, y 2) lograr una reforma migratoria amplia.

Sin embargo, los recientes desarrollos evidencian que al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le queda mucho camino por recorrer para verdaderamente reformar sus prioridades al aplicar las leyes migratorias.

Considere estos ejemplos:

· En abril la administración Obama anunció cambios bienvenidos en la estrategia de aplicación de leyes migratorias. En lugar de conducir las redadas tan comunes durante la administración Bush, rodeando a cientos de trabajadores, la nueva administración prometió centrar sus esfuerzos en los peores empleadores imponiéndoles sanciones criminales. Pero la principal acción en contra de un empleador que se ha conducido hasta la fecha no fue dirigida contra el “más inescrupuloso de los inescrupulosos” patronos que a sabiendas contratan indocumentados para llenarse los bolsillos, sino contra American Apparel, una empresa ampliamente reconocida por tratar bien a sus empleados y por apoyar una reforma migratoria amplia.

· Un reciente reporte del Instituto Warren de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, documenta un perturbador fenómeno en Irving, Texas, que se está repitiendo en otras comunidades a través del país: latinos que son detenidos por ofensas en extremo menores con el fin de que los agentes puedan revisar cuál es su situación migratoria. En lugar de pedirle a las agencias policiales locales que centren su atención en criminales serios, el reporte señala que en Irving el gobierno federal ha formado parte de la confabulación. Un 98% de las retenciones de ICE involucraron personas acusadas de delitos menores y sólo 2% de las retenciones correspondieron a personas que cometieron delitos graves. Según el reporte, “además de enfrentar arrestos por violaciones menores como manejar sin luces, los hispanos que están legalmente en Estados Unidos tienen que soportar el tener que probar cuál es su situación migratoria, primero a la policía y luego a ICE”.

· El martes un reporte del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el sistema de detenciones, confirmó las dislocadas prioridades de la era Bush en materia de aplicación de leyes migratorias y la necesidad de reformas sistemáticas bajo la dirección de la Secretaria Napolitano. El reporte recomienda que se mejore el sistema de atención médica y que dejen de tratar a los inmigrantes detenidos como si todos fueran criminales violentos. El reporte también determinó que muchos de los detenidos identificados a través de los programas empleados para detectar criminales, no son criminales. Estos incluyen el Programa de Criminales Extranjeros (CAP) y el 287(g). En el año fiscal 2008, un 37% de los detenidos identificados a través de CAP no eran criminales así como 57% de los inmigrantes identificados a través del 287(g). En el año fiscal 2009, 41% de los inmigrantes identificados a través de CAP no eran criminales, y 53% de los identificados a través del 287(g) no eran criminales. El 287(g) permite a policías locales actuar como agentes de inmigración.

Finalmente, reportes de prensa desde Arizona indican dicen que el DHS estaría a punto de renovar su acuerdo 287(g) con el Alguacil del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, para seguir trabajando con él. Arpaio ha cobrado notoriedad por aplicar el programa de forma discriminatoria y perseguir a trabajadores indocumentados mientras su oficina tiene pendientes miles de órdenes de arresto por delitos graves. Sus redadas se han caracterizado por detener incluso a inmigrantes legales y ciudadanos considerados culpables de violaciones migratorias hasta que prueben lo contrario. Arpaio es investigado por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.

Según Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice, “la administración Obama ha tomado algunos pasos importantes para corregir las prioridades del DHS al aplicar las leyes migratorias, pero no ha cumplido su propia meta de centrarse en “lo peor de lo peor”. El DHS tiene la oportunidad de encaminarse en una dirección intrépida que suponga ahorros monetarios para los contribuyentes estadounidenses, que realmente centre sus esfuerzos en criminales y empleadores inescrupulosos, y que trate a los inmigrantes indocumentados con decencia y dignidad. La pregunta es, ¿lo harán?”.

“En el transcurso de la próxima semana, ICE decidirá si legitimiza o no al Alguacil Arpaio. Si lo hace, le estará dando la espalda a su declaración de perseguir a lo peor de lo peor al darle legitimidad al peor de sus acuerdos 287(g) en toda la nación”, concluyó Sharry.

Para obtener más información sobre las fallidas prioridades de aplicación de leyes de la era Bush y una guía de reforma para la administración Obama, lea el reporte de America’s Voice de abril de 2009, The Obama Opportunity on Immigration Enforcement.