Secretaria de Educación afirma que corresponde a cada escuela decidir si reporta a ICE a sus estudiantes indocumentados

Secretaria de Educación afirma que corresponde a cada escuela decidir si reporta a ICE a sus estudiantes indocumentados

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La secretaria de Educación, Betsy DeVos, declaró este martes que las escuelas son las que deben decidir si llaman a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para reportar sospechas sobre estudiantes indocumentados en sus instalaciones. Algo que es inconstitucional, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
El representante demócrata Adriano Espaillat le preguntó a DeVos: “Dentro de la escuela, si el director o un maestro descubren que un niño es indocumentado o que sus familiares son indocumentados, ¿cree que ese director o maestro debe ser responsable de llamar a ICE y de reportar a la familia?”.
“Esa es una decisión de la escuela. Es una decisión de cada comunidad”, afirmó DeVos. “Es un hecho que tenemos leyes y también tenemos compasión. Pido a este cuerpo aclarar cualquier confusión sobre esto”, agregó la funcionaria.
“Cualquier escuela que denuncie a un niño a ICE violaría la Constitución. La Corte Suprema ha dejado en claro que todos los niños en los Estados Unidos tienen derecho a una educación básica, independientemente de su estatus migratorio. La secretario DeVos se ha equivocado otra vez”, afirmó Lorella Praeli, directora de política de inmigración de la ACLU.
Y razón tiene la ACLU, pues la Corte Suprema lo dictaminó en 1982. Todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos cuando se trata de su educación y de las escuelas, según la decisión en el caso Plyler v. Doe, que declaró que los niños indocumentados o de padres indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas que tienen los niños que son ciudadanos estadounidenses.
En Estados Unidos los jóvenes no solo están obligados a asistir a la escuela hasta los 18 años. Además, las escuelas públicas no pueden:
Negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar.
Tratar a un estudiante en forma desigual al verificar la situación migratoria solo de ciertos estudiantes.
Promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares.
Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria.
Interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados.
Exigir que los padres produzcan licencias de conducir u otros documentos de identificación.
Exigir que un estudiante obtenga un número de Seguro Social (SS) como requisito de admisión a la escuela.

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