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Sospechoso de matanza fue capturado

MÉXICO – Las autoridades dijeron que habían arrestado nuevamente al presunto autor intelectual de una masacre de medio centenar de personas ocurrida en 1997 en el sur del país.

Proporcionó armas

Antonio Santiz fue detenido en el décimo aniversario de la matanza, y acusado de robo con violencia en los días previos a la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, dijeron las autoridades en un comunicado.

Santiz había sido detenido previamente en 2000 por su presunta responsabilidad en la matanza, pero un juez desestimó los cargos en 2001 por falta de mérito.

El secretario de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, dijo que Santiz es el presunto “autor intelectual de la masacre de Acteal” y dijo que el sospechoso presuntamente proporcionó muchas de las armas usadas en la masacre.

Asimismo, aseguró que su detención era un paso importante en la investigación, ahora supervisada por un procurador especial.

Divisiones ideológicas

Simpatizantes locales del gobierno, armados con machetes, masacraron 45 hombres, mujeres y niños el 22 de diciembre de 1997. La matanza provocó reacciones de indignación en el mundo.

En aquel momento, Chiapas estaba profundamente dividido entre los sectores allegados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lucha por una mayor autonomía y reconocimiento a los grupos indígenas, y los grupos del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 1 de enero de 1994, los rebeldes zapatistas tomaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otras poblaciones de Chiapas, y el estado se convirtió en el campo de batalla de su insurrección contra el PRI, que hasta el 2000 monopolizó la vida política de México durante siete décadas.

Discrepancias sobre el móvil

Las autoridades afirman que la matanza de Acteal fue causada por una disputa entre comunidades de indígenas tzotziles por tierras. Pero los familiares de las víctimas insisten en que todo surgió de un intento por aplastar a los zapatistas, incluso con el apoyo de funcionarios estatales que proporcionaron armas y entrenamiento a los victimarios.

El proceso judicial en torno al caso ha sido lento y no fue sino hasta octubre del 2007 que fueron sentenciados 34 hombres, a 26 años de prisión por cada una de las muertes. Varios otros fueron condenados en el 2002.

La semana pasada, grupos de derechos humanos renovaron su pedido para que la máxima instancia judicial del país investigue lo que consideran una maniobra para encubrir a los verdaderos autores del crimen.

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