Trump quiere cobrar a quienes soliciten asilo y  dar seis meses para que se decidan sus casos

Trump quiere cobrar a quienes soliciten asilo y dar seis meses para que se decidan sus casos

COBRAR

La Casa Blanca distribuyó un comunicado pidiendo a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional estudiar medidas para realizar cambios profundos en los procedimientos para manejar las solicitudes de asilo y “proteger al sistema de abusos”.
El presidente Donald Trump pidió que se adopten medidas para cambiar la manera como se manejan los casos de asilo, desde cobrar por procesarlos hasta ponerle límites al tiempo que las cortes den sus respuestas, según un memorándum presidencial distribuido la noche del lunes.
“Los extensos recursos que se requieren para procesar y cuidar a estos individuos alejan al personal de Aduanas y Protección de Frontera del trabajo de asegurar las fronteras de nuestra nación”, indica el texto en el que se argumenta que los cambios buscan “reforzar los procedimientos de asilo para salvaguardar nuestro sistema del descarado abuso de nuestros procesos de asilo”.
En el memorandum se pide al secretario de Justicia William Barr y al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, que propongan cambios a las normas dentro de un lapso de 90 días para el manos de los casos de asilo.
El plan, tipificado este lunes por medio de un memorando, establece que las solicitudes de peticionarios de asilo serán resueltas en un plazo de 180 días desde la presentación del pedido, el gobierno cobrará una tarifa por determinarse, así como un cobro por el permiso de trabajo (autorización de empleo -EAD-).
También se indica que aquellos que hayan ingresado ilegalmente al país no podrán recibir permisos temporales de trabajo hasta que hayan sido aprobadas sus solicitudes o hayan recibido alguna protección para evitar la deportación.
Hasta ahora tanto el pedido de asilo como la autorización de empleo son gratis y se conceden como parte de la respuesta humanitaria del gobierno estadounidense.
Loas nuevos cambios a la política de asilo se suman a severas restricciones que el mandatario ha llevado a cabo desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y forman parte de su polémica política de tolerancia cero.
En cuando a la aceleración de los procesos, que por ahora demoran entre dos a tres años debido al atasco de más de 860,000 expedientes acumulados en las cortes de inmigración, abogados temen que los peticionarios de asilo no tengan tiempo para reunir evidencias que avalen el miedo creíble y justifiquen el pedido de refugio.

Conflicto con el
debido proceso

“Fijar plazo para resolver un caso de asilo daña dramáticamente el debido proceso”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “La aceleración de los procesos no asegura que los casos sean escuchados adecuadamente. Se trata de una violación al derecho”, indicó.
“No puede el gobierno poner una fecha artificial sin base para resolver un pedido de asilo”, añadió. “Los procesos de asilo con largos y difíciles, hay muchas pruebas y evidencias que entregar a la corte y para eso se necesita tiempo. Y también la ayuda de un abogado”.
Gálvez dijo además que “el Departamento de Justicia tampoco tiene jueces suficientes para resolver los casos de asilo en 180 días. El gobierno de Trump no tiene capacidad de respuesta para atender la crisis que en estos momentos existe en la frontera con México”, donde miles de migrantes que han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza tratan de pedir asilo en Estados Unidos.
“Una cosa debe quedar en claro. La ley tiene que ser implementada de una manera justa para preservar los derechos legales. Y además cobrar por el asilo es una ridiculez. Las personas que llegan buscando refugio no tienen nada, no traen dinero. Y si el gobierno les quiere cobrar por medio de una orden ejecutiva del presidente, no puede hacerlo porque estaría cambiando la ley y eso sólo puede hacerlo el Congreso”, precisó Gálvez.
Por otra parte, el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, dijo que “bajo la presidencia de Trump se ha establecido la máxima cantidad de reglas para imposibilitar que los migrantes pidan asilo en la frontera, que la gente deje de venir”.
“Pero eso no va a suceder, porque miles están huyendo para salvar sus vidas”, indicó.
Barrón dijo además que “muchas de estas decisiones que el mandatario está tomando son excesivas y muy probablemente sean demandadas en los tribunales de justicia para que sean los jueces quienes decidan la legalidad de estas”.

Otros cambios que vienen

La nueva orden se emite una semana después de que el fiscal general, William Barr, firmara un memorando para cambiar, en un plazo de 90 días, el reglamento de asilo y disponer que los migrantes que ingresen al país por zonas no autorizadas se les niegue el derecho a pedir un juicio de fianza y esperar en libertad la resolución de sus casos.
La orden fue emitida medio de una nueva oleada migratoria, formada principalmente centroamericanos que huyen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza.
Tras cruzar parte de Centroamérica y México, los migrantes se entregan en la frontera donde piden asilo. Una ley de 2008 impide al gobierno federal deportarlos de inmediato y establece que un juez de inmigración atienda sus solicitudes.
“La medida deja abierta la posibilidad de que haya violaciones constitucionales si la persona es detenida por un largo tiempo sin tener derecho a una fianza”, advirtió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
La prohibición de fianza es la primera medida en su tipo firmada por Barr desde que asumió el cargo en febrero en reemplazo de Jeff Sessions, quien fue despedido por Trump a principios de noviembre del año pasado.
En sus casi dos años como el primer fiscal general de Trump, Sessions puso en vigencia la polémica política migratoria de tolerancia cero que, entre otras medidas, revirtió más de 350,000 casos de deportación cerrados administrativamente en los últimos 20 años, puso en marcha la política de separaciones forzadas en la frontera, negó asilo por violencia doméstica y de pandillas, canceló DACA, ordenó suprimir los Estados de Protección Temporal (TPS) de unos 400,000 indocumentados, quitó poderes de discrecionalidad a los jueves y les impuso cuotas que, de no ser cumplidas, serán motivo de despido inmediato.
La mayoría de las decisiones de Sessions, sin embargo, fueron detenidas por los tribunales de justicia tras demandas entabladas por organizaciones de derechos civiles y defensoras de los derechos de los inmigrantes.

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