Una madre de 3 hijos estadounidenses y con trámite de ‘green card’ aprobado está a punto de ser deportada

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Una inmigrante hondureña con casi dos décadas en Estados Unidos, madre de tres hijos estadounidenses y una solicitud de ajuste de estatus I-130 aprobada por el servicio de inmigración, deberá marcharse del país el próximo 20 de marzo a menos que el gobierno de Donald Trump suspenda su deportación y permita que reciba su residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde).
“Sólo tengo que esperar que haya un cupo”, dice Jessica Elizabeth Lemus a Univision Noticias. “El boletín de visas (del Departamento de Estado) está tramitando las solicitudes presentadas en el 2012 y la mía tiene fecha del 2016. Es cuestión de paciencia para tener mi residencia. Pero me dijeron que tenía que irme la próxima semana”, explica.
Lemus es madre de tres menores estadounidenses, dos niñas de 10 y 4 años, y un niño de 10 que padece ADHD (desorden hiperactivo y déficit de atención). “Necesita cuidados especiales. No puedo dejarlo solito porque me necesita”, indica.

Entrada sin permiso
Lemus y una hermana entraron indocumentadas a Estados Unidos en 2000. Fueron detenidas en la frontera con México por agentes federales y puestas en proceso de deportación. “Entramos ilegal por la frontera. Entonces nos mandaron a la corte y fuimos como a cinco citas”, recuerda.
Tras un proceso que demoró cerca de dos años, “el juez negó mi pedido de asilo. Dijo que los hondureños no teníamos razón para hacerlo”, cuenta. “En 2002 llegó una carta donde me decían que tenía deportación”, añade.
Cuando un caso de asilo se pierde, la corte emite automáticamente una orden de deportación. Pero Lemus no se marchó. Por el contrario, se casó, nacieron los hijos y esperó una oportunidad para legalizar su permanencia.

Citación de ICE
En 2015 Lemus recibió un citatorio de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para presentarse en sus oficinas ubicadas en Miramar, condado de Broward, sur de Florida.
“A mi hermana la habían agarrado y fue por medio de ella que me enviaron una cita para ir a Miramar”, cuenta. “Cuando fui, me otorgaron un stay of removal (perdón administrativo provisional de deportación) y un permiso de trabajo. Cada año iba a la oficina de ICE para renovarlo, pero todo eso ya no existe porque este gobierno lo canceló”.
El 20 de noviembre de 2014 Obama emitió una orden ejecutiva para extender los beneficios del programa Acción Ejecutiva de 2012 (DACA) y crear DAPA, que frenaba temporalmente la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de residentes legales y/o ciudadanos, además de concederles una autorización de empleo.
Si bien ambos beneficios fueron frenados por las cortes, entraron en vigor nuevas prioridades de deportación centradas en aquellos inmigrantes con antecedentes criminales. Quienes no tenían faltas, como el caso de Lemus, los jueces de inmigración podían ejercer su autoridad para detener administrativa y temporalmente una deportación (stay for renoval) porque el indocumentado no representaba una amenaza a la seguridad nacional.

Cambio de reglas
El 17 de agosto del año pasado, el entonces fiscal general Jeff Sessions dio un nuevo paso en los esfuerzos del gobierno por limitar los poderes de los jueces de inmigración. Su propósito fue afectar procesos judiciales que han beneficiado a cientos de miles de inmigrantes que pelean legalmente sus permanencias en el país.
Sessions firmó ese día una orden provisional que estableció un nuevo estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación. El exfiscal halló entonces la manera de revertir los dictámenes utilizando su poder para desautorizar las decisiones de los jueces y con ello reabrió más de 350,000 casos que habían sido cerrados administrativamente, como el de Lemus.
Puntualizó además que “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”.
“El fiscal general no sabe de lo que está hablando”, dijo en ese momento Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Mire, en los miles de casos cancelados revertidos, los jueces determinaron que esas personas son honorables, no tienen antecedentes criminales, tienen familias establecidas en Estados Unidos, demostraron tener una buena causa para quedarse en este país”, indicó.

Ajuste de Lemus
En 2016 el padre de Lemus, un residente legal permanente, llenó y envió a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) un Formulario I-130 para ajustar el estado migratorio de su hija Jessica para que pueda recibir la residencia legal permanente (tarjeta verde)
“La I-130 ya fue aprobada por el servicio de inmigración”, reitera Lemus. “Ahora están procesando las peticiones del 2013. Faltan tres años en el boletín (de visas) para que proceden la mía y pueda ir a buscar mi residencia”.
La orden emitida por ICE no le permitirá a Lemus esperar a que el Departamento de Estado le notifique que existe un cupo de visa disponible. “Al no existir un beneficio inmediato que pueda favorecer a mi cliente, ICE activó la deportación” para el 20 de marzo, dice la abogada de inmigración Karina Acevedo, quien ejerce en Miami, Florida.
“Los inmigrantes que no son familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges o hijos menores de edad solteros) están sujetos al boletín de visas del Departamento de Estado. Y desafortunadamente, esta petición a nombre de ella fue sometida hace un par de años por un padre residente”, agregó.
Acevedo dijo además que “en la época de Obama el gobierno se fijaba más en aquellos inmigrantes con antecedentes criminales y no en personas como Jessica. Pero ahora bajo este gobierno todas las personas que no pueden arreglar sus procesos inmediatamente se tienen que ir”, añadió.

Problema adicional
El caso Lemus es todavía más complejo. Si ICE prolongara la vigencia del stay of renoval, por ejemplo, y el Departamento de Estado le notifica que tiene un cupo de visa (green card) disponible, eso no garantiza que la inmigrante hondureña reciba inmediatamente la codiciada green card.
“Una vez le notifiquen, ella tendrá que gestionar un perdón 212 (Solicitud de permiso para volver a volicitar ingreso a Estados Unidos después de haber sido deportado o removido) y, una vez conseguido, someter un Formulario I-601A para remover temporalmente la Ley del Castigo y volver inmediatamente al país una vez finalice el trámite consular en su país de origen”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami, Florida.
La Ley del Castigo sanciona con tres años fuera si la permanencia indocumentada pasa de 180 días y con 10 años si la presencia ilegal pasa de 365 días, como el caso de Lemus.
A la pregunta respecto a qué tipos de garantías existen de que el gobierno aprobará los perdones 212 y I-601A en el caso que Lemus recupere el stay of removal, Acevedo dijo “ninguna, pero es parte de lo que permite el debido proceso migratorio y todavía no agotamos esta instancia”.
Guerrero advierte que ambos perdones son en gran medida discrecionales, no existen garantías de que el gobierno los otorgue y dependen de los méritos de cada caso.

Qué dice ICE
ICE advierte que “es importante tener en cuenta que una petición I-130 no otorga ningún tipo de beneficio de inmigración, por lo que cualquier reclamo relacionado con el arresto de una persona durante una cita I-130, no le permitirá obtener un estado legal, no sería correcto”.
Agrega que una solicitud de ajuste I-130 “simplemente documenta que existe una relación familiar con un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente”, y que “después de establecer una relación familiar, una persona puede solicitar un beneficio de inmigración por separado a través del formulario I-485”.
“Son asuntos totalmente separados”, advierte. También previene que los ciudadanos extranjeros presentes ilegalmente en el país “no son elegibles para ajustar su estado sin antes salir del territorio estadounidense”, un paso que activa inmediatamente la Ley del Castigo.
Respecto a las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin inspección (EWI) o libertad condicional (entrada sin visa otorgada en una oficina consular en el extranjero o inspección en un puerto de entrada autorizado) “se consideran inadmisibles conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, precisa el Foro Nacional de Inmigración (NIF) en su página digital.
“Para ser admisible, la ley requiere una entrada legal en los Estados Unidos después de la inspección y autorización de un agente de la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo (CBP)”, agrega la entidad defensora de los derechos de los inmigrantes con sede en Washington DC.
Señala además que las personas que son inadmisibles no son elegibles para recibir visas. Y que la entrada al país sin inspección “es solo uno de varios motivos que pueden hacer que una persona sea inadmisible” para recibir cualquier tipo beneficio migratorio, prohibición que puede afectar a Lemus a menos que el servicio de inmigración, como dijo Guerrero, apruebe los perdones 212 y 601A “una vez el Departamento de Estado apruebe un cupo de visa (green card) disponible”.

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