Afecta Muro a Gobernador de Texas
Austin, Estados Unidos.- Enzarzado en una disputa por la reelección con otros tres rivales, el Gobernador republicano Rick Perry está caminando por una cuerda floja de 2 mil kilómetros de largo: la frontera entre Texas y México.
Por un lado, debe demostrar a los votantes republicanos que se opone ferozmente al ingreso de inmigrantes ilegales. Pero, al mismo tiempo, algunos de los principales donantes de su campaña son constructores de viviendas, dueños de frigoríficos de aves y hacendados que dependen de los inmigrantes para trabajos que, según dicen, los estadounidenses no desean.
Y luego está el complicado asunto de respaldar al Presidente George W. Bush, predecesor de Perry, mientras al mismo tiempo debe mostrarse indignado con el Gobierno federal cuando alguaciles fronterizos y residentes se quejan de que son ellos los encargados de lidiar con el grueso de la tarea a fin de mantener a Texas segura.
Es un delicado acto de equilibrio que lo ha dejado vulnerable a los ataques por parte de sus tres principales rivales, el demócrata Chris Bell y los independientes Carole Keeton Strayhorn y Kinky Friedman.
Se estima que en Texas viven 1.4 millones de indocumentados, más que en cualquier otro estado excepto California, según estadísticas del Gobierno federal. Un promedio de 54 mil indocumentados se afincaron anualmente en Texas entre el 2000 y el 2005, más que en cualquier otro estado.
Perry eludió durante meses mencionar el tema de la seguridad fronteriza, insistiendo en que esa responsabilidad correspondía a Washington. Al mismo tiempo, episodios de violencia vinculados con el narcotráfico se acrecentaron en Laredo y los Gobernadores de Arizona y de Nuevo México declararon el estado de emergencia en sus fronteras.
El Gobernador de Texas decidió lidiar con el asunto en octubre del año pasado.
Desde entonces, ha proporcionado millones de dólares para respaldar la Operación Linebacker, un esfuerzo de alguaciles de la frontera para reducir el crimen, y la Operación Río Grande, un proyecto estatal que incluye colocar centenares de cámaras de vigilancia en propiedades de voluntarios y eventualmente difundir las imágenes en la internet para que los espectadores informen sobre actividades sospechosas.
