Cancillería revisará caso de mexicanos . . . Corte de Texas falló contra sentenciado
MÉXICO – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza las implicaciones del fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos respecto al recurso de revisión presentado por los abogados de José Ernesto Medellín Rojas, sentenciado a la pena de muerte en Texas.
51 sentenciados
La dependencia federal dio a conocer que los abogados de la cancillería y del Programa de Asistencia para Casos de Pena de Muerte analizan esa decisión, así como las implicaciones jurídicas para los demás mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos.
La intención, explicó en un comunicado, es definir acciones legales inmediatas para preservar los derechos de los 51 mexicanos que están sentenciados a muerte por diversas cortes estatales estadounidenses.
El mexicano fue detenido días después de los asesinatos de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16. La policía le dijo que tenía derecho a guardar silencio y solicitar un abogado, pero no que podría pedir ayuda al consulado mexicano.
Medellín, quien habla, lee y escribe inglés, entregó una confesión escrita. Fue declarado culpable de asalto sexual seguido de muerte, que en Texas conlleva la pena capital, y condenado a muerte en 1994.
La cancillería mexicana manifestó la posición del gobierno de México con relación a la decisión de la Suprema Corte y consideró que “el fallo de la Corte Internacional de Justicia debe ser respetado por los Estados que han aceptado su jurisdicción”.
Respetar derechos humanos
Agregó que continuará haciendo uso de todos y cada uno de los recursos a su alcance, a fin de lograr el pleno respeto de los derechos de los connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos, tal y como han sido reconocidos por la Corte Internacional en el caso Avena.
La dependencia federal detalló que la Suprema Corte de Estados Unidos anunció su decisión final en el recurso de revisión presentado por los abogados de Medellín Rojas.
El recurso de la defensa se basó en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso Avena, el cual ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte.
La revisión se ordenó a la luz de las violaciones de su derecho a la notificación y asistencia consular; así como en el Memorando del presidente estadunidense George W. Bush, en el que ordenaba a las cortes de su país dar cumplimiento al fallo del tribunal internacional.
Sin embargo, la decisión aprobada en la Suprema Corte de Justicia, por una votación de seis a tres, concluyó que “ni el fallo Avena, ni el memorando presidencial constituyen normas federales obligatorias que puedan hacerse valer directamente ante las cortes de Estados Unidos”.
Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los seis magistrados del tribunal estadounidense consideraron que el presidente Bush se excedió en sus facultades constitucionales al pretender que las cortes de los Estados dieran cumplimiento al fallo Avena.
Precisó que el gobierno de México “siguió puntualmente el desarrollo de este caso e intervino directamente ante la Suprema Corte de Estados Unidos como amicus curiae (amigo de la corte), en apoyo de los argumentos presentados por los abogados del connacional”.
Concluyó que además de México, otros 12 países latinoamericanos y 47 naciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa participaron en el proceso también como amigos de la corte.
El fallo de Texas
El martes, la Corte Suprema resolvió que Medellín Rojas no tendrá derecho a una nueva audiencia, a pesar de un fallo en tal sentido de la Corte Internacional de Justicia y que tuvo el apoyo del presidente George W. Bush.
En un caso en que se mezclan el poder presidencial, las relaciones internacionales y la pena de muerte, la corte falló a favor de Texas por 6-3.
Bush se encontró en la situación desusada de tomar partido por un sentenciado a muerte, José Ernesto Medellín, un ciudadano mexicano condenado por violación y asesinato a quien la policía le impidió consultar al consulado de México como dispone un tratado internacional.
La corte internacional falló en el 2004 que las condenas a muerte de Medellín y otros 50 mexicanos en Estados Unidos violaban la Convención de Viena de 1963, según la cual las personas arrestadas en el extranjero deben tener acceso a funcionarios consulares de sus países de origen. La corte mundial dijo que se debían realizar audiencias para determinar si esa violación afectaba sus procesos.
Bush, quien ordenó el cumplimiento de 152 ejecuciones cuando era gobernador de Texas, disintió de esa resolución, pero dijo que era vinculante para las cortes estatales porque Estados Unidos había acordado acatar los fallos de la corte mundial. El gobierno sostuvo que la declaración presidencial era razón suficiente para que Texas otorgara a Medellín una nueva audiencia.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo en el fallo mayoritario que la decisión de la corte internacional no es vinculante para los estados individuales, como no lo es el tratado.
Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David Souter señalaron en su disenso que “la nación podría violar su palabra aunque el presidente intenta cumplir esa palabra”.
En el 2003, México demandó a Estados Unidos ante la Corte de La Haya en nombre de Medellín y otros 50 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y a los que también se había negado el acceso a los funcionarios diplomáticos.
México, que no tiene pena de muerte, y otros países han tratado de usar la Corte de La Haya para impedir la ejecución de sus ciudadanos en Estados Unidos.
De los presos mexicanos afectados por el fallo, 44 enfrentan la pena máxima, 14 de ellos en Texas. Uno de los condenados a muerte vio conmutada su sentencia a prisión perpetua porque había cometido el delito antes de cumplir los 18 años de edad.
