Defienden Empresas a Ilegales!
Phoenix, Estados Unidos.- Organizaciones empresariales de Arizona pelean contra el Estado ante cortes federales para tratar de impedir la entrada en vigor de la nueva Ley de Sanciones a los Empleadores, que entrarán en vigor.
La ley HB 2779, aprobada por el Congreso local en el 2006 y confirmada la semana pasada por el juez federal Neil Wake, obliga a los empresarios a comprobar ante el Gobierno estatal el estatus migratorio legal de cada uno de los trabajadores que contraten a partir del 1 de enero del 2008, bajo riesgo de perder la licencia.
Las empresas están ya resintiendo los efectos tanto en sus plantillas de trabajadores como en sus ventas, pues ante el temor de la entrada en vigor de la nueva ley, muchos inmigrantes están dejando el Estado o gastando menos.
“Es un impacto directo a los negocios y a los que ayudan a operar los negocios: los empleados”, dijo Alberto Rodríguez, vocero de la Cámara de Comercio Hispana, que aglutina a 600 empresas.
“(La ley) anda causando varios problemas”, explicó Rodríguez. “Los empleados están afectados porque le tienen temor a la ley, andan ahorrando, no gastan como antes, porque si pasa la Ley, tienen que irse a sus países”.
Aunque dijo no saber cuántos indocumentados hay en Arizona, consideró que hay suficientes como para afectar al comercio local, corporaciones, bancos y mercados.
“A las empresas les están renunciando sus empleados porque se están yendo a sus países”, agregó.
“Las empresas que proveen de servicios a la comunidad hispana no están vendiendo tanto”.
Analistas prevén una ola masiva de despidos y el consecuente desempleo, ya que las compañías pueden ser denunciadas por cualquier ciudadano y los fiscales tendrán la obligación de investigar en la empresa, pidiendo documentación como cartillas de seguro social o pago de impuestos de sus empleados.
De ser descubiertas, las empresas que hayan contratado a un indocumentado pueden ser multadas y perder su licencia por 10 días, pero si reinciden, podrían perder su permiso para operar definitivamente.
Entre las 12 organizaciones que demandaron al Estado desde julio del 2007 están Arizona Contractors Association, Arizona Employers for Immigration Reform, U.S. Chamber of Commerce, Arizona Chamber of Commerce, Arizona Hispanic Chamber of Commerce y Arizona Farm Bureau Federation.
También están Arizona Restaurant and Hospitality Association, Associated Minority Contractors of America, Arizona Roofing Contractors Association, National Roofing Contractors Association, Wake Up Arizona y Arizona Landscape Contractors Association.
Las organizaciones consideran que, con todo y la validación del juez Wake, la norma no entrará en vigor, pues prevén recurrir a la Corte de Apelaciones, sin embargo, Rodríguez afirmó que ya miles de familias han salido de Arizona y otras más se preparan para ello.
