En Farmers Branch Analizan la 2952 …Podrían congelarla o autorizarla!
FARMERS BRANCH, TX.- Con una demanda en contra por sus esfuerzos de impedir que los inmigrantes ilegales renten viviendas en esta ciudad, ahora pidieron a un juez federal que tome en consideración su reglamento, que fue recientemente modificado (ordenanza 2952) en vez de hacerlo con el anterior, la 2903.
La petición consolidaría los reglamentos y permitiría al juez analizar la validez de ambos, indicó Michael Jung, un abogado que representa al suburbio de Farmers Branch.
El Consejo de la Ciudad aprobó un reglamento la semana pasada que prohibía la renta de casas y apartamentos a inmigrantes ilegales. El nuevo estatuto exigiría a los caseros potenciales obtener licencias para rentar del municipio, que a su vez pediría al gobierno que revise el estatus legal del solicitante.
Farmers Branch enfrentaba ya una demanda que fue presentada por los propietarios de complejos de apartamentos y por grupos de derechos civiles en torno a una decisión previa que prohibía a los dueños de propiedades rentar apartamentos a la mayoría de los inmigrantes ilegales.
El juez federal Sam Lindsay impidió que Farmers Branch aplicara su reglamento original. El juez descubrió que las autoridades de Farmers Branch intentaban crear su propia clasificación para decidir cuáles personas sin ciudadanía podrían rentar un apartamento.
El juez también escribió que ese reglamento esencialmente utilizaba a los caseros para convertirlos en agentes de inmigración. Como respuesta, las autoridades de Farmers Branch contrataron una firma de abogados para reestructurar el reglamento.
Bajo el nuevo reglamento de Farmers Branch, la ciudad podría enviar información recolectada de las licencias de renta al gobierno federal. Cualquier persona considerada inmigrante ilegal sufriría la revocación de su licencia de arrendamiento y le impedirían rentar sus propiedades en la ciudad.
Los abogados de Farmers Branch indicaron que el go-bierno federal debe trabajar con los gobiernos locales en la confirmación de estatus migratorios y de ciudadanía.
La ordenanza 2952 obliga además a cualquier persona que quiera alquilar una casa o departamento a solicitar una licencia de ocupación. Los interesados, que deberán pagar una cuota de cinco dólares, recibirán la aprobación correspondiente siempre y cuando demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que están en el país de forma legal.
De no ser aprobados en un principio, tendrán un plazo de 60 días para demostrar su legalidad. La ordenanza no entrará en vigor hasta que un juez determine el futuro de otra ley municipal similar (ordenanza 2903) aprobada el año pasado en un referendo.En una visita a la ciudad de Dallas el lunes, el director de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Emilio González, indicó que Farmers Branch primero debe alcanzar un acuerdo con su organización para obtener acceso a su base de datos. Entonces, la oficina gubernamental podría considerar si esta utilización de la información es legal y adecuada.
Varios líderes de organizaciones hispanas criticaron hoy la nueva ordenanza aprobada por el ayuntamiento de Farmers Branch que exige a los arrendatarios de viviendas que demuestren su estatus legal en el país.
Carlos Quintanilla, presidente de Acción América, una organización que ayuda a los inmigrantes del norte de Texas, calificó la ordenanza de “anticonstitucional” y “racista”.
“El Cabildo de Farmers Branch está tratando por todos lo medios de castigar a la comunidad inmigrante. Ya no saben qué hacer, cómo actuar ni cómo dar a conocer su malestar por los latinos”, dijo Quintanilla.
“La propuesta de usar una base de datos (para determinar el estatus migratorio) es descabellada porque no existe una que en pocas horas determine si una persona está en el país legalmente”, agregó el activista.
Luis de la Garza, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), aseveró que esta legislación es “un nuevo atropello para la comunidad hispana y para las leyes federales”.
“Nuevamente esta ciudad quiere pasar por encima de las leyes de inmigración que rigen a través del Gobierno federal. Lo único que están logrando es espantar a los pocos hispanos que quedamos en Farmers Branch”, criticó De la Garza.
Para Gerry Henigsman, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Departamentos de Dallas, la ordenanza afectará aún más al mercado inmobiliario de esa zona. “Le estamos diciendo a un posible arrendatario que primero debe ir a la municipalidad de Farmers Branch a inscribirse y pasar por todo un proceso para verificar sus antecedentes. Con ese requisito, es muy probable que la persona lo piense dos veces antes de querer rentar”, aseveró Henigsman.
El Concejo Municipal de Farmers Branch enfrenta dos demandas por parte de los dueños de viviendas y varios inquilinos de la localidad.
Una querella busca compensación monetaria por los efectos negativos que ha causado la ordenanza, como la pérdida de inquilinos.
La otra reclama que los términos de la ordenanza no son competencia del gobierno local sino mas bien del federal.
Según datos del Censo, la población latina de Farmers Branch representa más del 37 por ciento de los 30 mil habitantes de esta ciudad ubicada a las afueras de Dallas.
