Estados Unidos Propone Multa De Hasta $18,000 A Migrantes Con Orden De Deportación En Ausencia
La medida del Departamento de Seguridad Nacional fue publicada en el Registro Federal y elevaría de $5,130 a $18,000 el cobro aplicable a ciertos migrantes que fueron ordenados deportar “en ausencia”, no salieron del país y posteriormente fueron arrestados por ICE. Por ahora, es una propuesta en periodo de comentarios públicos, no una regla final.
El gobierno de Estados Unidos propuso aumentar a $18,000 una multa federal aplicable a ciertos migrantes con orden de deportación dictada en ausencia, es decir, cuando una corte migratoria ordena la expulsión de una persona que no se presentó a su audiencia. La medida fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y publicada el 20 de mayo de 2026 en el Registro Federal, donde se abrió un periodo de comentarios públicos hasta el 22 de junio de 2026.
La propuesta no crea una multa general para todos los inmigrantes indocumentados ni para todas las personas con casos migratorios pendientes. Su alcance es más específico: aplicaría a personas que recibieron una orden de deportación in absentia, permanecieron en Estados Unidos y luego fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, después de la entrada en vigor de una eventual regla final.
El DHS plantea elevar el monto actual de $5,130 a $18,000, argumentando que la cifra vigente no compensa de manera suficiente los costos que ICE dice asumir al localizar, arrestar, procesar y remover a personas que ya tenían una orden de expulsión emitida por una corte migratoria.
A Quiénes Aplicaría La Multa
La propuesta se enfoca en un grupo concreto: migrantes que fueron ordenados deportar en ausencia bajo la sección 240(b)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no salieron de Estados Unidos y fueron arrestados posteriormente por ICE.
Una orden de deportación en ausencia ocurre cuando una persona fue notificada para comparecer ante una corte migratoria, pero no se presentó a la audiencia. En esos casos, el juez puede emitir una orden de expulsión sin que la persona esté presente.
Esto es importante porque la propuesta no se dirige a cualquier persona sin estatus legal. Tampoco aplica automáticamente a todos los que tienen una orden final de deportación. El escenario descrito por DHS exige tres elementos: una orden emitida en ausencia, permanencia posterior en Estados Unidos y arresto posterior por ICE.
Por Qué El Gobierno Quiere Subirla A $18,000
El DHS sostiene que el monto actual no alcanza para cubrir, ni siquiera parcialmente, los costos del proceso. Según el documento publicado en el Registro Federal, ICE calculó que en el año fiscal 2024 el costo promedio por persona arrestada en esta categoría fue de $18,042, ajustado a dólares de 2026. Por eso, la agencia propone fijar la nueva tarifa en $18,000.
El gobierno describe el cobro como un reembolso parcial, no solo como una penalidad. En su análisis, DHS incluye gastos directos e indirectos: identificación de la persona, arresto, procesamiento, custodia, logística, vehículos, capacitación, personal de apoyo y otros costos asociados a las operaciones migratorias.
La agencia también afirma que la medida busca desalentar el incumplimiento de órdenes de deportación y reducir la presión sobre los recursos limitados de ICE. En el documento oficial, DHS dice que la propuesta forma parte de sus herramientas para avanzar los objetivos de cumplimiento migratorio y seguridad fronteriza de la administración.
De Dónde Sale El Monto Actual De $5,130
La multa actual tiene su origen en una disposición establecida por la ley conocida como HR-1, vinculada a la Ley de Reconciliación Presupuestaria. Inicialmente, el cobro fue fijado en $5,000 para el año fiscal 2025 y luego ajustado por inflación a $5,130.
La nueva propuesta no se limita a hacer otro ajuste inflacionario. DHS quiere usar la autoridad otorgada por el Congreso para aumentar la cifra de forma discrecional, argumentando que $18,000 se acerca más al costo real del arresto y remoción de una persona con orden de deportación en ausencia.
Además, la regla propuesta indica que, si se adopta, el monto sería ajustado anualmente según el índice de precios al consumidor urbano, conocido como CPI-U, y esos ajustes serían anunciados en el Registro Federal.
Cuántas Personas Podrían Verse Afectadas
El DHS incluyó datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR. Según el documento, entre los años fiscales 2016 y 2025 se emitieron más de 1 millón de órdenes de remoción en ausencia. La cifra creció de forma marcada en los últimos años: 159,900 en 2023, 222,920 en 2024 y 309,700 en 2025.
Sin embargo, ese total no equivale directamente al número de personas que pagarían la multa. DHS reconoce que una orden en ausencia es solo una de las condiciones. Algunas personas podrían salir voluntariamente, otras podrían no ser arrestadas por ICE y otras podrían lograr que su orden sea reabierta o rescindida.
Para calcular el posible efecto económico de la regla, DHS observó datos de arrestos de ICE. En el año fiscal 2025, la agencia reportó 23,670 arrestos administrativos de personas que habían tenido previamente una orden de remoción en ausencia. Si se aplicara la tarifa de $18,000 a una cantidad similar de arrestos, el monto máximo anual transferido a ICE y al Tesoro podría alcanzar $426 millones, aunque DHS también reconoce que la tasa real de cobro podría ser mucho menor.
No Es Una Regla Final
Uno de los puntos más importantes es que esta medida todavía no está vigente como regla final. El documento publicado el 20 de mayo es una propuesta de reglamentación, conocida como NPRM por sus siglas en inglés. El periodo de comentarios públicos estará abierto hasta el 22 de junio de 2026.
Después de recibir comentarios, DHS puede adoptar la regla, modificarla o retirarla. Si se aprueba en su forma actual, la multa de $18,000 aplicaría a personas arrestadas por ICE a partir de la fecha efectiva de la regla final, no de manera retroactiva según la redacción publicada.
Esta distinción es clave para evitar confusión. La publicación en el Registro Federal no significa que ICE ya esté cobrando automáticamente $18,000 a todas las personas con orden de deportación en ausencia. Significa que el gobierno inició el proceso formal para aumentar el monto.
La Medida Y La Estrategia De “Autodeportación”
La propuesta se conecta con una línea más amplia de la política migratoria de la administración Trump: aumentar los costos legales, económicos y administrativos de permanecer en Estados Unidos después de una orden de salida. Según el texto oficial, el incremento busca desalentar el incumplimiento de órdenes migratorias y aliviar la carga sobre ICE.
En términos prácticos, la administración intenta que las personas con órdenes de deportación no esperen a ser arrestadas, sino que abandonen el país antes de que el gobierno despliegue recursos para detenerlas. La multa funciona entonces como una herramienta de presión económica, además de un mecanismo de recuperación parcial de costos.
El DHS reconoce que una tarifa de $18,000 puede ser costosa para las personas afectadas, pero sostiene que el monto está justificado por los gastos de cumplimiento migratorio. También admite que la medida podría tener un efecto secundario: más personas podrían presentarse a sus audiencias para evitar una orden en ausencia, lo que podría extender procesos y requerir recursos adicionales en las cortes migratorias.
Qué Significa Para Los Migrantes Con Casos Pendientes
Para las personas con procesos migratorios abiertos, la propuesta refuerza una recomendación básica: no faltar a las audiencias de inmigración. Una ausencia puede tener consecuencias severas, incluyendo una orden de deportación emitida sin la presencia del migrante.
También es importante mantener actualizada la dirección ante la corte y las autoridades migratorias. Muchas órdenes en ausencia ocurren porque la persona no recibe una notificación, se muda sin actualizar su domicilio o no entiende la fecha y lugar de la audiencia. En algunos casos, una orden en ausencia puede ser reabierta si la persona demuestra falta de notificación adecuada, circunstancias excepcionales u otros fundamentos legales. Pero eso depende del caso y debe revisarse con asesoría legal.
Quienes ya tengan una orden de deportación en ausencia deben consultar con un abogado de inmigración o una organización legal acreditada antes de tomar decisiones. Presentarse ante autoridades, intentar salir del país o ignorar la orden puede tener consecuencias distintas según el historial migratorio, antecedentes, fecha de la orden y posibles opciones de reapertura.
Críticas Y Preocupaciones
Organizaciones de defensa de inmigrantes han criticado medidas similares porque consideran que multas tan altas pueden afectar a personas de bajos ingresos, familias mixtas y migrantes que no comparecieron por falta de aviso, barreras de idioma, temor, desinformación o dificultad para conseguir abogado.
También existe preocupación por la capacidad real de cobrar estas multas. Muchos migrantes afectados podrían no tener recursos para pagar $18,000, lo que abre preguntas sobre planes de cobro, deudas federales, consecuencias adicionales y mecanismos de apelación o impugnación.
Desde la perspectiva del gobierno, en cambio, la multa busca responder a un problema operativo: el aumento de órdenes en ausencia y el costo de arrestar a personas que, según DHS, ya habían recibido una orden de salida. La administración sostiene que el sistema no puede asumir indefinidamente esos costos sin herramientas de recuperación y disuasión.
Lo Que Deben Saber Las Familias Inmigrantes
La propuesta no debe interpretarse como una multa automática para toda persona indocumentada. El alcance es más limitado, pero serio. Afectaría a quienes tengan una orden de deportación en ausencia, no hayan salido del país y sean arrestados posteriormente por ICE.
Para familias inmigrantes, el mensaje más importante es revisar cualquier documento recibido de la corte, confirmar fechas de audiencia, actualizar dirección, buscar ayuda legal y no ignorar correspondencia oficial. En inmigración, faltar a una audiencia puede cambiar completamente el rumbo de un caso.
La multa de $18,000 todavía no es definitiva. Pero su publicación muestra hacia dónde se mueve la política migratoria federal: más costos, más presión económica y más consecuencias para quienes no cumplan con órdenes de deportación.
El debate ahora entra en una etapa regulatoria. DHS recibirá comentarios hasta el 22 de junio. Luego decidirá si adopta la regla final. Mientras tanto, abogados, organizaciones migratorias y familias deberán seguir de cerca una propuesta que, de aprobarse, podría añadir una carga económica enorme a uno de los escenarios más delicados del sistema migratorio: una orden de deportación emitida sin la presencia del migrante.