Houston Limita La Cooperación De Su Policía Con ICE Tras El Giro Político En Texas
El alcalde de Houston, John Whitmire, ordenó limitar la cooperación de la Policía de Houston con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en una de las primeras consecuencias concretas del cambio político producido en Texas después de las elecciones de noviembre. La nueva directriz establece que los agentes municipales ya no deberán contactar a las autoridades migratorias simplemente porque una persona aparezca con una orden administrativa de inmigración durante una parada de tránsito o una interacción policial que no termine en arresto.
La decisión fue anunciada el viernes 6 de noviembre, apenas tres días después de unas elecciones en las que los demócratas consiguieron importantes victorias estatales, comenzando por Gina Hinojosa, quien derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas. Whitmire vinculó expresamente la modificación con ese nuevo escenario político. Durante su anuncio dijo que buscaba reducir el temor dentro de la comunidad y reconoció que las elecciones habían cambiado las condiciones bajo las cuales Houston podía actuar.
Qué Cambia Con La Nueva Orden
Hasta ahora, los policías de Houston tenían instrucciones de contactar a ICE cuando encontraban durante una interacción a una persona con una orden administrativa de inmigración registrada en las bases nacionales utilizadas por las fuerzas del orden. Los agentes podían esperar durante un periodo considerado “razonable” para permitir que funcionarios migratorios llegaran al lugar y asumieran la custodia.
La nueva orden de Whitmire modifica ese procedimiento.
A partir de ahora, si una persona es detenida por una infracción menor de tránsito, recibe una citación y no existe otro motivo para arrestarla, la policía municipal no deberá llamar a ICE únicamente porque aparezca una orden administrativa migratoria en su registro. El jefe de la Policía de Houston, J. Noe Diaz, explicó que esa persona recibirá su multa o citación y podrá continuar su camino.
La cooperación sí continuará cuando el individuo vaya a ser llevado a la cárcel por un nuevo delito o por otra orden que permita su detención. En esas circunstancias, la existencia de una orden migratoria seguirá formando parte de la información que puede compartirse con las autoridades federales.
La distinción es importante porque una orden administrativa de ICE no funciona de la misma manera que una orden penal firmada por un juez. Estas órdenes son emitidas por funcionarios de inmigración y pueden estar relacionadas con infracciones civiles de las leyes migratorias, incluidos casos de personas con órdenes pendientes de deportación.
No Significa Que Houston Haya Dejando De Cooperar Completamente Con ICE
La orden tampoco convierte automáticamente a Houston en una ciudad donde las autoridades locales se niegan por completo a colaborar con el gobierno federal.
La Policía de Houston continuará actuando contra personas acusadas de delitos, ejecutará órdenes judiciales y mantendrá determinados canales de cooperación con agencias federales. Las personas arrestadas y trasladadas a la cárcel del condado también pueden terminar posteriormente bajo custodia migratoria.
Entre julio y septiembre, bajo la política anterior, la policía de Houston entregó directamente a 17 personas a las autoridades migratorias, según datos municipales citados por el Houston Chronicle. Otras 13 fueron acusadas de delitos y trasladadas a la cárcel del condado de Harris, donde podían posteriormente ser entregadas a ICE. Este segundo grupo no quedaría protegido por la nueva política porque la orden se concentra principalmente en encuentros que no terminan en encarcelamiento.
El cambio busca evitar situaciones en las que alguien pueda terminar bajo custodia migratoria después de una simple parada de tránsito u otra interacción menor que normalmente concluiría con una citación.
El Cambio Llega Después De Meses De Presión Sobre Houston
La discusión sobre ICE y la Policía de Houston no comenzó con las elecciones.
Durante buena parte de 2026, organizaciones comunitarias, concejales y defensores de inmigrantes habían presionado al Ayuntamiento para que limitara la participación de los agentes municipales en la aplicación de leyes migratorias federales.
La controversia aumentó después de que la administración del presidente Donald Trump incorporara más de 700,000 órdenes administrativas de inmigración a una base nacional consultada por departamentos policiales. Houston modificó entonces sus procedimientos para exigir que los agentes contactaran a ICE cuando encontraran una de esas órdenes.
La política produjo un aumento notable en los contactos.
Investigaciones del Houston Chronicle encontraron que la Policía de Houston había contactado a ICE al menos 107 veces durante los primeros ocho meses de 2025, frente a apenas nueve ocasiones durante todo 2024. Uno de los episodios que generó críticas ocurrió cuando una mujer que había llamado a la policía para denunciar un incidente de violencia doméstica apareció con una orden migratoria en el sistema y el agente informó a ICE. Los funcionarios federales finalmente no acudieron al lugar.
El caso se convirtió en un ejemplo utilizado por organizaciones de inmigrantes para argumentar que una cooperación demasiado amplia podía desalentar a víctimas y testigos de delitos a solicitar ayuda policial.
Abbott Había Amenazado Con Retirar Más De $100 Millones A Houston
Houston ya había intentado modificar su política meses antes.
En abril, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que eliminaba un requisito según el cual los policías podían esperar hasta 30 minutos por agentes de ICE durante determinadas paradas. La respuesta del gobernador Greg Abbott fue inmediata.
Abbott amenazó con retirar aproximadamente $110 millones a $114 millones en subvenciones estatales de seguridad pública, dependiendo del cálculo utilizado por las autoridades y los medios que siguieron la disputa. Su gobierno argumentó que las restricciones podían violar la ley estatal conocida como Senate Bill 4, aprobada en 2017 para impedir que gobiernos locales establezcan políticas que limiten determinadas formas de cooperación con autoridades federales de inmigración.
Ante la posibilidad de perder esos fondos, Houston retrocedió.
El Concejo revisó la ordenanza y la Policía de Houston terminó adoptando nuevas instrucciones que exigían nuevamente contactar a ICE cuando un agente encontraba una orden administrativa de inmigración.
Whitmire explicó en distintas ocasiones que la amenaza financiera del estado limitaba las opciones disponibles para la ciudad.
La Victoria De Gina Hinojosa Cambió El Escenario
Ese contexto cambió radicalmente con las elecciones del 3 de noviembre.
Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convirtió en la primera demócrata elegida gobernadora de Texas desde Ann Richards en 1990. También será la primera mujer latina en ocupar la gobernación del estado.
La elección produjo además otras victorias demócratas en cargos estatales, incluido el puesto de fiscal general, que quedará en manos de Nathan Johnson, el primer demócrata elegido para ese cargo desde 1994. Tanto Hinojosa como Johnson han cuestionado varias de las políticas migratorias desarrolladas durante los años de Abbott.
Ese cambio tiene consecuencias directas para ciudades como Houston.
Durante casi 12 años, Abbott utilizó las facultades del gobierno estatal para convertir a Texas en uno de los estados con mayor participación propia en la aplicación de políticas migratorias. Su administración destinó miles de millones de dólares a la Operación Lone Star, desplegó a la Guardia Nacional en la frontera, construyó barreras y mantuvo numerosos enfrentamientos judiciales con el gobierno federal y con gobiernos locales.
Hinojosa ha criticado varias de esas políticas y, aunque todavía no ha asumido el cargo, su victoria elimina una de las amenazas políticas más importantes que enfrentaba Houston: la posibilidad de que Abbott utilizara nuevamente fondos estatales para castigar a la ciudad por reducir su cooperación con ICE.
Whitmire lo reconoció abiertamente al anunciar la nueva orden.
“Las Elecciones Importan”
El alcalde presentó la decisión como parte de un intento por reducir el miedo y la ansiedad entre residentes de Houston.
“Lo hago para comenzar un proceso de sanación”, dijo Whitmire durante la conferencia de prensa en la que presentó la orden. Luego añadió una frase que dejó clara la relación entre la medida y las elecciones: “Las elecciones importan”.
El alcalde había rechazado anteriormente llamados para imponer restricciones más amplias, en gran medida por el riesgo de enfrentarse al gobierno de Abbott y perder fondos estatales.
La derrota del gobernador republicano eliminó buena parte de esa presión inmediata.
Eso no significa que Gina Hinojosa haya ordenado a Whitmire modificar la política. La gobernadora electa todavía no ha asumido el cargo y la decisión corresponde legalmente al alcalde y a las autoridades municipales de Houston.
Lo que cambió fue el entorno político: la persona que había amenazado con retirar fondos a la ciudad dejará la gobernación y será reemplazada por una dirigente que ha cuestionado las políticas migratorias de su administración.
Las Acciones De ICE En Houston También Aumentaron La Presión
El giro electoral ocurrió después de meses particularmente tensos entre autoridades migratorias y comunidades de Houston.
La Fiscalía del Condado de Harris anunció recientemente que un gran jurado acusó al agente de ICE Mario Alberto Morales de agresión agravada con un arma mortal. Según el fiscal Sean Teare, Morales habría golpeado intencionalmente con su vehículo a un inmigrante mexicano indocumentado.
Teare también mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien recibió disparos de un agente migratorio el 7 de julio.
Esos casos provocaron protestas en Houston, cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas durante operativos migratorios y nuevas exigencias para que las autoridades municipales establecieran una separación más clara entre la policía local y ICE.
El alcalde presentó su orden en ese contexto, argumentando que la prioridad de HPD debe ser proteger a la comunidad y perseguir delitos graves.
El Temor A Denunciar Delitos Es Parte Del Debate
Uno de los principales argumentos de organizaciones comunitarias es que la cooperación entre policías locales e ICE puede provocar que inmigrantes eviten llamar al 911, denunciar violencia doméstica, colaborar como testigos o informar sobre otros delitos.
La preocupación no se limita a personas indocumentadas. Familias con estatus migratorios mixtos pueden temer que cualquier encuentro con la policía termine involucrando a autoridades federales.
Quienes apoyan una mayor cooperación con ICE sostienen, por otra parte, que las agencias policiales deben compartir información disponible sobre personas buscadas por autoridades federales y que limitar esos contactos puede dificultar el cumplimiento de las leyes migratorias.
La nueva política intenta establecer una línea entre ambos escenarios: Houston continuará cooperando cuando existe un arresto por un delito que puede llevar a prisión, pero no activará automáticamente a ICE durante encuentros policiales menores que normalmente concluirían con una citación.
La Orden Puede Convertirse En Ley Municipal
La decisión de Whitmire fue emitida mediante una orden ejecutiva, lo que significa que un alcalde actual o futuro podría modificarla.
Tres integrantes del Concejo Municipal —Alejandra Salinas, Edward Pollard y Tiffany Thomas— ya están intentando convertir las restricciones en una ordenanza municipal permanente. Su propuesta busca incorporar las protecciones establecidas por Whitmire a la legislación de la ciudad y exigir mayor transparencia sobre cada interacción entre HPD e ICE.
La propuesta obligaría a los informes trimestrales de la Policía de Houston a incluir información más detallada sobre por qué una persona fue enviada a la cárcel, si alguien con una orden migratoria era víctima, testigo o sospechoso de un delito y qué ocurrió durante el encuentro.
Los concejales utilizarán una disposición de la carta municipal aprobada mediante la Proposición A de 2023, que permite que tres miembros del Concejo coloquen determinados asuntos directamente en la agenda.
La iniciativa podría llegar al pleno del Concejo a partir de diciembre.
Whitmire Tiene Reservas Sobre Convertirla En Ordenanza
Paradójicamente, el propio alcalde ha expresado preocupación sobre transformar inmediatamente su directriz en una ley municipal más amplia.
Whitmire considera que modificar nuevamente la ordenanza podría generar un conflicto con la legislación estatal, especialmente con SB 4.
Su administración ha señalado que prefiere mantener por ahora la orden ejecutiva y esperar que el nuevo liderazgo político en Austin revise la legislación estatal existente.
Eso crea una diferencia importante entre la medida actualmente vigente y lo que algunos concejales quieren hacer.
La orden ejecutiva modifica la actuación administrativa de HPD dentro del margen que la ciudad considera permitido por la legislación estatal. Una ordenanza podría provocar un desafío judicial más amplio si autoridades estatales o federales sostienen que interfiere ilegalmente con la aplicación de las leyes migratorias.
Austin Y San Antonio También Están Revisando Sus Políticas
El cambio no se limita a Houston.
Después de las elecciones, el alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió al jefe de policía y al administrador municipal revisar la política de la ciudad sobre órdenes administrativas de ICE.
En San Antonio, la alcaldesa Gina Ortiz Jones también anunció que pedirá estudiar alternativas para reducir la cooperación del departamento policial con las autoridades migratorias federales.
Las tres ciudades habían enfrentado presiones similares durante la administración de Abbott.
La combinación de nuevas autoridades estatales y una Legislatura con mayor presencia demócrata podría abrir durante 2027 una discusión más amplia sobre qué facultades deben tener los gobiernos municipales para establecer sus propias políticas de cooperación migratoria.
ICE Critica La Decisión
Las autoridades migratorias federales han cuestionado la nueva política de Houston y sostienen que la cooperación entre agencias locales y federales es importante para identificar y detener a personas sujetas a acciones migratorias.
La administración Trump ha convertido la aplicación de las leyes migratorias en una de sus principales prioridades y ha presionado repetidamente a ciudades y estados para aumentar su colaboración con ICE.
La nueva política de Houston coloca nuevamente a la ciudad en una posición de tensión con ese enfoque federal.
Sin embargo, incluso con la nueva orden, HPD no tiene prohibido todo contacto con ICE y seguirá cooperando en casos relacionados con personas arrestadas por delitos que pueden llevarlas a la cárcel.
Qué Deben Saber Los Inmigrantes En Houston
La nueva política tiene un alcance específico.
Una persona detenida únicamente por una infracción menor de tránsito y que recibe una citación no debería ser retenida por HPD únicamente porque exista una orden administrativa de ICE. La policía tampoco deberá contactar automáticamente a la agencia migratoria en ese escenario.
Pero la situación cambia si existe una orden penal, otro motivo legal para arrestar a la persona o nuevos cargos que permitan enviarla a la cárcel.
También es importante entender que la política municipal de Houston no impide que agentes federales de ICE realicen sus propios operativos, detenciones o investigaciones dentro de la ciudad.
ICE conserva facultades federales independientes de las decisiones adoptadas por el alcalde o por HPD.
La orden regula principalmente qué hará la Policía de Houston cuando encuentre a una persona con una orden administrativa migratoria durante una interacción local.
El Cambio Político De Texas Comienza A Tener Consecuencias Municipales
La decisión de Houston ofrece una de las primeras señales concretas de cómo las elecciones de 2026 pueden modificar políticas que durante años estuvieron condicionadas por el gobierno estatal republicano.
Gina Hinojosa todavía no ha asumido la gobernación, pero su victoria ya alteró los cálculos políticos de algunas de las ciudades más grandes del estado.
Whitmire había argumentado meses atrás que no podía arriesgar aproximadamente $110 millones en fondos públicos para mantener una política más restrictiva frente a ICE. Con Abbott camino a dejar el cargo, el alcalde considera ahora que existe margen para cambiarla.
La transición, sin embargo, está lejos de terminar.
SB 4 continúa siendo ley de Texas, Donald Trump continúa en la Casa Blanca y ICE mantiene sus facultades federales. Houston tendrá que determinar hasta dónde puede llevar sus nuevas restricciones sin provocar una disputa legal con el estado o con Washington.
Por ahora, el cambio es concreto: la Policía de Houston dejará de contactar automáticamente a ICE durante encuentros menores cuando una persona no sea arrestada, incluso si aparece en el sistema una orden administrativa migratoria.
La medida representa un giro significativo respecto de la política aplicada durante los últimos meses y muestra cómo el resultado de las elecciones en Texas comenzó a producir consecuencias antes incluso de que Gina Hinojosa tome posesión como gobernadora.