Jueza Federal En Massachusetts Bloquea El Uso De Datos Del IRS Por Parte De ICE Para Localizar Inmigrantes
La jueza federal Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, emitió una orden preliminar que prohíbe al gobierno federal utilizar información tributaria confidencial para localizar y perseguir inmigrantes. La decisión representa un revés significativo para la administración del presidente Donald Trump, que buscaba ampliar el cruce de bases de datos federales como herramienta de control migratorio.
La orden impide temporalmente que el Servicio de Impuestos Internos y la Administración del Seguro Social compartan datos de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional y con el ICE, mientras avanza el litigio. Entre la información protegida se incluyen direcciones, números de identificación fiscal y otros datos sensibles que, según los demandantes, estaban siendo usados para rastrear a personas indocumentadas que pagan impuestos en Estados Unidos.
Quién Es Indira Talwani Y Qué Ordenó El Tribunal
Indira Talwani es jueza de distrito federal y fue nombrada durante la presidencia de Barack Obama. A lo largo de su carrera ha conocido casos vinculados a derechos civiles, asuntos laborales y controversias en torno a políticas migratorias, lo que la ha situado en debates clave sobre el equilibrio entre seguridad, privacidad y garantías constitucionales.
En esta causa, Talwani no solo ordenó detener cualquier nuevo intercambio de datos, sino que también prohibió que ICE y el DHS “inspeccionen, consulten o se basen” en información de declaraciones fiscales que ya hubiera sido compartida bajo los acuerdos cuestionados. En su análisis, la jueza advirtió que el argumento del gobierno —según el cual los no ciudadanos carecen de protección frente a registros e incautaciones irrazonables— es una interpretación “susceptible de abuso” y contraria al espíritu de las salvaguardas legales vigentes.
Privacidad Fiscal Frente A Política Migratoria
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones comunitarias, clínicas tributarias de bajos ingresos y sindicatos que representan a trabajadores inmigrantes. Los demandantes sostienen que los acuerdos de intercambio de datos violan las estrictas normas de confidencialidad establecidas en el Código de Rentas Internas, diseñado para limitar el uso de la información fiscal exclusivamente a fines tributarios.
Según los documentos judiciales, el IRS habría proporcionado a ICE direcciones y otros datos de decenas de miles de contribuyentes a partir de solicitudes masivas, con el objetivo de facilitar operativos migratorios. Muchas de las personas potencialmente afectadas declaran impuestos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), mecanismo creado para permitir que quienes no tienen número de Seguro Social cumplan con sus obligaciones fiscales.
Talwani concluyó que los demandantes tienen una alta probabilidad de éxito al demostrar que estos acuerdos infringen la ley. La jueza subrayó que el Congreso estableció reglas detalladas para proteger la privacidad de los contribuyentes y evitar que su información se use con fines distintos a los previstos, precisamente para no convertir el sistema fiscal en una herramienta de persecución.
Reacciones Y Posibles Implicaciones A Nivel Nacional
Organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo como una victoria clave para la confianza en el sistema tributario y para la protección de comunidades inmigrantes. Argumentan que, sin estas garantías, miles de personas podrían dejar de declarar impuestos por miedo a que su información termine en manos de las autoridades migratorias, con impacto negativo en la recaudación y en la economía local.
Desde sectores favorables a una política migratoria más estricta, se sostiene que limitar el acceso de ICE a bases de datos federales dificulta la localización de personas con órdenes de deportación. Sin embargo, la decisión de Talwani se suma a otros fallos recientes que han cuestionado la legalidad del uso masivo de datos civiles para fines migratorios, configurando un frente judicial cada vez más sólido en defensa de la confidencialidad fiscal.
Más allá de este caso, el fallo abre interrogantes sobre otros programas en los que el gobierno federal ha intentado utilizar información recabada con fines sociales o administrativos —como registros de salud o asistencia— para reforzar la política migratoria. Si la prohibición se confirma en una sentencia definitiva, podría limitar de manera duradera el margen del Ejecutivo para convertir datos tributarios en una herramienta de control migratorio, marcando un precedente de alcance nacional.