Protestas en Los Ángeles: Redadas Migratorias y Despliegue de la Guardia Nacional
La ciudad entra en una nueva etapa de tensión social tras operativos de ICE y la intervención militar federal ordenada por el presidente Trump.
La ciudad de Los Ángeles vive días de agitación e incertidumbre tras el inicio de redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), seguidas por un despliegue sin precedentes de la Guardia Nacional, ordenado directamente por el presidente Donald J. Trump. La situación ha detonado una respuesta ciudadana masiva, con protestas, tensiones entre gobiernos y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
Operativos migratorios y el inicio de las manifestaciones
Las redadas comenzaron el viernes 30 de mayo en distintos puntos de la ciudad, principalmente en lugares de trabajo con alta presencia latina, como talleres mecánicos, cocinas industriales y almacenes. Según cifras confirmadas por el ICE, al menos 44 personas fueron detenidas, en su mayoría de nacionalidad mexicana y centroamericana.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Cientos de personas se volcaron a las calles del centro de Los Ángeles y de barrios como Compton, Boyle Heights y Paramount, alzando banderas mexicanas, pancartas con mensajes como “Fuera ICE” y exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se tornaron caóticas en la noche del sábado, con barricadas, quema de contenedores y enfrentamientos directos con la policía.
Llega la Guardia Nacional: intervención federal sin respaldo estatal
Frente a la escalada del conflicto, el presidente Trump firmó el domingo una orden ejecutiva bajo Title 10, autorizando el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. Es la primera vez desde 1965 que se despliega la Guardia Nacional en California sin coordinación estatal.
Trump justificó la medida afirmando que era necesario “restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de la ley migratoria”, calificando las protestas como “actos de rebelión organizada”. Los efectivos fueron desplegados en zonas federales clave, como el edificio Edward R. Roybal, donde se encuentran oficinas del ICE y centros de detención temporal.
El gobernador Newsom respondió calificando el despliegue como “una provocación política innecesaria”. En una carta dirigida al Departamento de Defensa, solicitó el retiro inmediato de las tropas, argumentando que no existe una amenaza que justifique la militarización de la ciudad. “No hay insurrección, hay indignación legítima de una comunidad que teme por su gente”, declaró.
Líderes locales y congresistas demócratas también han denunciado el uso de fuerza federal contra manifestaciones ciudadanas, especialmente tras reportes de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y detenciones masivas.
Comunidad migrante: miedo, resistencia y organización
Foto: Jae Hong / AP
Organizaciones como CHIRLA, CARECEN y ACLU han denunciado abusos contra migrantes y defensores legales, incluyendo obstáculos para acceder a los centros de detención, denuncias por separación de familias y detenciones sin justificación clara.
“Lo que estamos viendo no es solo una redada. Es una estrategia de intimidación y castigo colectivo”, declaró un vocero de ACLU en conferencia de prensa.
La comunidad ha respondido organizando redes de vigilancia vecinal, centros de información legal y manifestaciones continuas. En supermercados, estaciones de autobús y parques, se han distribuido folletos con los derechos básicos de los migrantes ante detenciones federales.
La situación en Los Ángeles sigue evolucionando minuto a minuto. Se esperan nuevas movilizaciones en los próximos días, tanto en zonas urbanas como en ciudades satélite como Santa Ana y Long Beach. El conflicto ha reactivado tensiones entre la Casa Blanca y gobiernos locales en torno al control migratorio, el uso de la fuerza y los límites del poder federal.
Para muchos analistas, este episodio marcará un precedente en la campaña presidencial de 2025 y podría influir en el debate nacional sobre el futuro de las ciudades santuario, los derechos civiles y la figura de Trump como jefe de Estado en medio de una polarización cada vez más aguda.
“Somos hispanos, ayudamos a la comunidad, hacemos el trabajo que la gente no quiere hacer. Las redadas son injustas”, dijo Juan R., residente de Boyle Heights y testigo de las detenciones.La pregunta ahora no es solo qué pasará en Los Ángeles, sino si otras ciudades seguirán el mismo camino de confrontación entre autoridad federal y comunidad local.