Redada de inmigración en Texas …Al menos 170 trabajadores detenidos
Agentes federales del departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detuvieron al menos 170 trabajadores inmigrantes en la compañía de ropa usada Action RASD U.S.A., ubicada en Houston, Texas.
Hubo heridos
Tres mujeres embarazadas se encontraban entre los arrestados y cuatro trabajadores requirieron tratamiento médico durante el operativo, agregó la agencia.
Indicó además que las autoridades sospechan que los detenidos son inmigrantes indocumentados que no tienen permiso para trabajar en el país.
Según el diario The Houston Chronicle, el DHS no reveló qué les llevó a lanzar la redada del miércoles por la mañana.
Explicó que una mujer que fue llevada a un centro asistencial cayó desde una altura de unos seis metros (20 pies), desde una pila de plataformas de madera en la que se había escondido.
La página web de Action Rags U.S.A. asegura que la firma es el principal exportador de ropa usada de Estados Unidos.
Audiencias públicas
El operativo se llevó a cabo un día después de celebrada en Los Ángeles, California, la quinta audiencia de una comisión nacional que revisa los procedimientos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, una de las 23 agencias del DHS) y alista un informe al Congreso que será entregado en septiembre.
La comisión fue creada en septiembre de 2007 por iniciativa del Sindicato Unido de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW, por sus siglas en inglés), preocupado por el incremento de los arrestos en los centros de trabajo y la cancelaciòn del debate migratorio en el Congreso.
Además de Los Ángeles, las audiencias se llevaron a cabo en Washington D.C., Boston (Massachussets), Des Moines (Iowa) y Atlanta (Georgia). En todas ellas los comisionados escucharon testimonios sobre los procedimientos empleados por los agentes federales de boca de inmigrantes, ciudadanos estadounidenses, expertos y abogados de inmigración.
Rechazan acusaciones
Algunos afectados destacaron las irregularidades presentadas durante la redadas y los procesos posteriores, pero el ICE rechazó las acusaciones y dijo que las audiencias ventilaron “alegatos sin base, cuestionables interpretaciones de la ley, y rumores escandalosos”.
“El ICE realiza sus operativos en centros laborales de acuerdo con la ley, de manera profesional, y con gran consideración humanitaria”, señaló la agencia en un comunicado.
“Los agentes y funcionarios de ICE cumplen durante todos sus operativos con los procedimientos y políticas de la agencia”, agregó.
La segunda semana de mayo más de 390 trabajadores inmigrantes fueron detenidos durante una redada en un frigorífico de Postville, al noroeste de Des Moines, estado de Iowa.
El operativo fue calificado como el de mayor escala en la historia del país.
Kadia Koroma, portavoz del departamento de Justicia, dijo que un grupo de agentes del ICE ejecutaron una “orden de arresto de criminales” en la planta Agriprocessors, Inc.
El operativo, agregó, se montó “en relación con robo de identidad agravado, uso fraudulento de números de Seguro Social y otros crímenes”.
Escenas de pánico
La hermana Mary McCauley, una religiosa católica de la Iglesia St. Bridget de Postville, contó que los familiares de los arrestados habían llegado llorando a la iglesia vecina en momentos que se registraban las detenciones.
“Han entrado en pánico y llegan a la iglesia en busca de un lugar seguro”, agregó.
Muchos de los trabajadores de la planta arrestados en mayo son hispanos, en su mayoría de México y Guatemala, afirmó la religiosa.
Severos castigos
Una semana más tarde, 270 de los arrestados en Iowa iniciaron una pena carcelaria. Los reportes de prensa publicados calificaron el hecho como una “fuerte escalada” contra la inmigración ilegal.
Las penas que purgarán los acusados van desde los cinco meses hasta varios años en prisión.
Simultáneamente, organizaciones nacionales a favor de los inmigrantes y grupos de derechos civiles reiteraron sus condenas a las redadas, y pidieron al gobierno de Washington que frene los operativos y reponga de inmediato los derechos constitucionales a los trabajadores arrestados y procesados en tiempo récord.
“Pagando el precio”
A finales de octubre, La Raza y The Urban Institute publicaron un detallado informe en el que revelaron que más de 500 niños víctimas de redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets entre 2005 y 2006 “padecen trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar”, y culpó al Congreso por estos daños que calificó de “irreparables”.
El documento subrayó que los niños afectados por las redadas del servicio de inmigración “no son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos”, y advirtió que otros tres millones podrían correr la misma suerte en corto plazo.
La denuncia, plasmada en el informe titulado Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos, reveló los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los grandes damnificados son los más pequeños de la sociedad.
La Raza dijo que el error cometido por el Congreso causó daño a los niños tras el fracaso del debate de la reforma migratoria, y resaltó la incapacidad del organismo legislativo de lograr una solución al problema que plantean 12 millones de inmigrantes sin papeles en el país.
