Texas castigará con penas mínimas de 10 años de cárcel por cada indocumentado transportado al estado

Texas se convertirá en el estado con las sanciones más duras contra el transporte de indocumentados. El gobernador Greg Abbott promulgará dos iniciativas de ley (H.B. 7 y H.B. 800) aprobadas la semana pasada por la Asamblea Legislativa (Cámara de Representantes) reunida en sesión especial.
Ambos proyectos de ley están diseñados para desalentar la inmigración indocumentada. Mientras una se dirige expresamente a los traficantes de personas (coyotes), la otra apunta directamente a los extranjeros sin autorización de entrada que buscan ingresar entre puertos de entrada evadiendo controles de las autoridades federales de inmigración.
Los dos proyectos de ley, patrocinados por republicanos que controlan ambas cámaras de la Asamblea, se concretan tres semanas después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis (también republicano) promulgara la ley H.B. 1718.
La H.B. 1718, entre otras medidas, exige el uso obligatorio del sistema federal de verificación de empleo E-Verify, obliga a los hospitales que reciben Medicaid preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes, exige a los empleados estatales colaborar en asuntos migratorios, prohíbe las licencias de manejar de indocumentados emitidas por otros estados y castiga con severas penas el transporte a sabiendas de extranjeros ilegales desde otros estados hacia Florida.

Qué dicen las
leyes de Texas

Los proyectos H.B. 800 y H.B. 7 castigan con severidad actividades delictivas que impliquen el tráfico de personas o el funcionamiento de casas para ocultarlos.
Una de las medidas aumenta las penas, hoy en día de entre 2 a 10 años de cárcel, a un mínimo de 10 años por cada indocumentado transportado al estado.
“Si el acusado es declarado culpable de más de un delito (grave en primer grado), las sentencias por esos delitos deben correr simultáneamente entre sí”, agrega el texto.
La pena estipulada por esta falta será de 10 años de cárcel por cada uno de los cargos presentados. Y el castigo podría ser aumentado a 15 años, “a menos que otra disposición de la ley aplicable al delito prevé un mínimo de pena de prisión de 15 años o más”.
Las penas también aumentarán dependiendo de la gravedad del delito, el que se determinará dependiendo si la persona traficada sufra lesiones corporales graves o la muerte; si se trata de un niño o menor de edad; si el delito se cometió con la intención de obtener un beneficio pecuniario; si el traficante portaba un arma de fuego; si el extranjero traficado se convirtió en víctima de agresión sexual; yo la persona muere.

Unidad de
Protección
Fronteriza

En cuanto al proyecto de Ley H.B. 7 se crea una Unidad de Protección Fronteriza (BPU, por sus siglas en inglés) para “repeler” a quienes, precisa, intenten entrar ilegalmente al estado de Texas evadiendo los controles de seguridad federales.
El proyecto de ley H.B. 7 también permite la creación de las llamadas “corte de protección fronteriza” quienes entre otras funciones determinarán las compensaciones a las víctimas por daños causados por los “extranjeros ilegales” a sus propiedades en la región fronteriza.
La iniciativa también incluye la asignación de fondos a los gobiernos locales e instituciones comunitarias en la frontera para la construcción y mantenimiento de instalaciones relacionadas con la seguridad fronteriza, incluidas las instalaciones utilizadas para mitigar la actividad delictiva y amenazas a la salud pública en la región fronteriza.
Entre las instalaciones se incluye la construcción y mantenimiento de muros, cercas y otras barreras físicas a lo largo de la frontera con México “con el fin de mejorar la seguridad y la protección de las personas del estado de Texas”, señala el texto.
El proyecto de ley H.B. 7 también autoriza que los agentes que integren la BPU puedan, en la medida en que sea compatible con la Constitución de Estados Unidos y leyes del estado, tengan la facultad para arrestar, aprehender o detener a extranjeros que cruzan la frontera con México de manera ilegal o no autorizada.
La iniciativa también menciona que podrán disuadir a las personas indocumentadas que, intentan cruzar la frontera ilegalmente, incluso con el uso de medidas no mortales de control de multitudes.

Retórica política

Para el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, con esta iniciativa de ley el gobernador Abbott “quiere mostrarse igual o más duro que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en materia de inmigración. Tanto como el expresidente Donald Trump”.
Barrón dijo que, de ser promulgada la ley, “creará consecuencias adicionales migratorias que, al ser aplicadas, castigará aún más el delito de tráfico de personas, pero también amenaza con criminalizar a todos los indocumentados”.
“Existe el riesgo que se castigue a las personas sólo por estar sin papeles de estadía legal o que entraron a Estados Unidos sin documentos y venían en busca de asilo, un recurso legal disponible”, precisó.

A la pregunta respecto a qué hacer y qué clase de consejo da a los indocumentados que sean detenidos en Texas si la ley es promulgada, Barrón dijo que “bisque asesoría legal si tiene problemas, sobre todo si el estado se vuelve muy agresivo. Y siempre es importante saber que tienen derechos con o sin papeles. Por ejemplo, tiene derecho a no firmar una salida voluntaria, tiene derecho a ver un juez de inmigración y también tiene derecho a una llamada telefónica”.