Traficantes de bebés detenidos …Vendían a los pequeños en $10,000
SAN JOSÉ – Las autoridades costarricenses confirmaron que desarticularon una banda dedicada al tráfico de bebés tras realizar múltiples allanamientos en varias zonas del país y detener a 14 personas, entre ellas una jueza de Familia.
Irregularidades
El director de la policía judicial Jorge Rojas explicó en rueda de prensa que las investigaciones iniciaron en junio del 2006 por la desaparición de una joven madre y su bebé. “La mamá apareció días después pero sin el niño, que luego encontramos con una familia adoptante”, dijo Rojas, al señalar que surgieron dudas por “lo rápida que fue la tramitación”.
“Tenemos establecido que había una venta del menor a familias quizás ilusionadas por tener un hijo, pero eso es tráfico y es prohibido por la ley a pesar que se trataba de adopciones directas, donde la madre entregaba al menor, pero porque mediaba un pago”, destacó el jerarca.
Se estimó que el precio de la transacción rondaba en los $10,000 dólares.
Entre los detenidos figura Ilse Araya, jueza de Familia de la ciudad de Liberia, ubicada al norte del país, así como el abogado Esteban Soler, capturado en la capital y a quien señalan como el cabecilla de la agrupación. También a dos trabajadoras sociales y otras 10 personas.
Siguen las investigaciones
La investigadora Maribel Bustillo señaló que aunque se trata de tres casos particulares, consideran que “hay más casos por investigar y más personas por detener”.
En Costa Rica la adopción es posible de dos maneras, una es por medio del Patronato de la Infancia con gran cantidad de requisitos dirigidos a proteger al niño, mientras otro camino es la llamada adopción directa, cuando la madre entrega el hijo a otra persona, proceso que no pasa por el Patronato sino por algún juzgado.
En el 2003 el tema figuró en los titulares de prensa luego que nueve bebés fueron encontrados en una casa cuna clandestina operada por una red que pretendía darlos en adopción con el consentimiento de sus madres. Cinco de los menores eran guatemaltecos y fueron repatriados en el 2005 hacia su país tras dos años de permanecer bajo el cuidado del Patronato.
Por ese caso fueron condenados dos abogados costarricenses a 10 años de prisión, mientras otros sospechosos quedaron en libertad por falta de pruebas.
