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Trump Acude De Nuevo A La Corte Suprema Para Frenar Restitución Del TPS A Venezolanos

Trump Acude De Nuevo A La Corte Suprema Para Frenar Restitución Del TPS A Venezolanos

El gobierno del presidente Donald Trump acudió este miércoles 18 de noviembre nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar impedir que entren en vigor las decisiones judiciales que restablecerían el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para cientos de miles de venezolanos. El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para mantener suspendida una sentencia de un juez federal de California mientras continúa la disputa legal, argumentando que, si la Corte no interviene antes del viernes 20 de noviembre, el gobierno tendría que reactivar las protecciones migratorias y los permisos de trabajo para una amplia población que perdió el beneficio durante los últimos 19 meses.

La solicitud representa la tercera vez que la administración Trump lleva esta misma disputa sobre el TPS venezolano ante el máximo tribunal. El caso enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional con la National TPS Alliance y varios beneficiarios venezolanos que sostienen que la cancelación de las protecciones fue ilegal. Por ahora, la Corte Suprema no ha resuelto esta nueva petición, por lo que el punto inmediato de atención es el vencimiento, este viernes, de una suspensión administrativa concedida por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El gobierno asegura que permitir que el fallo del tribunal federal entre nuevamente en vigor tendría consecuencias inmediatas para las operaciones migratorias. En el documento presentado ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia afirma que podrían quedar suspendidas hasta 332 órdenes finales de deportación y que aproximadamente 1,800 venezolanos actualmente detenidos podrían tener que ser liberados. También sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional tendría que restablecer autorizaciones de empleo para personas nuevamente cubiertas por TPS. Esas cifras forman parte de los argumentos presentados por el propio gobierno y todavía están siendo discutidas dentro del litigio.

Cómo Llegó El TPS Venezolano Hasta La Corte Suprema

El TPS es un programa creado por el Congreso en 1990 que permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando existen conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que hacen inseguro su regreso. Mientras una persona mantiene el estatus y cumple los requisitos, generalmente está protegida contra la deportación por su condición migratoria y puede obtener autorización para trabajar.

Venezuela recibió una primera designación de TPS en marzo de 2021 durante el gobierno de Joe Biden. Posteriormente, en octubre de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional realizó una nueva designación que permitió que otros venezolanos que habían llegado posteriormente pudieran solicitar la protección. En enero de 2025, pocos días antes de que terminara la administración Biden, el entonces secretario Alejandro Mayorkas anunció una extensión de 18 meses para la designación de 2023, que habría mantenido esas protecciones hasta octubre de 2026.

Después del regreso de Trump a la Casa Blanca, la administración revirtió esa decisión. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló la extensión y avanzó con la terminación de las designaciones de TPS para Venezuela. El gobierno argumentó que el programa fue diseñado como una protección temporal y que el Ejecutivo posee amplias facultades para decidir cuándo las condiciones de un país justifican mantener o terminar una designación.

La decisión fue impugnada por beneficiarios y organizaciones defensoras de inmigrantes. El juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, concluyó que las acciones de la administración no cumplían con la ley federal y dejó sin efecto la terminación. Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó partes centrales de esa decisión.

La Corte Suprema ya había intervenido anteriormente. En mayo de 2025 permitió temporalmente que el gobierno avanzara con la terminación mientras continuaba el litigio y volvió a intervenir en octubre de ese mismo año para mantener suspendida la sentencia del juez Chen. Ese segundo bloqueo expiró durante noviembre de 2026, lo que volvió a colocar el caso ante los tribunales inferiores y provocó la nueva solicitud de emergencia del gobierno.

Una Decisión De La Corte Sobre Haití Y Siria Cambió El Caso

La disputa se volvió más compleja después de una decisión de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026 en un caso separado relacionado con la terminación del TPS para ciudadanos de Haití y Siria.

En ese fallo, identificado como Mullin v. Doe, la Corte concluyó que la ley del TPS limita fuertemente la posibilidad de que los tribunales federales revisen determinadas decisiones no constitucionales del secretario de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o terminación del programa.

Esa decisión llevó a la Corte Suprema a anular en octubre el fallo anterior del Noveno Circuito sobre los venezolanos y devolver el caso para que fuera reconsiderado tomando en cuenta el nuevo precedente. El gobierno sostiene ahora que esa resolución prácticamente obliga a los tribunales inferiores a aceptar su posición y que el juez federal no tenía autoridad para dejar sin efecto la terminación del TPS.

Los abogados de los venezolanos interpretan el alcance del precedente de manera distinta y han argumentado que existen cuestiones legales que todavía deben ser analizadas por los tribunales inferiores. También sostienen que las decisiones de la administración han tenido consecuencias directas para familias que anteriormente contaban con protección migratoria y permisos de trabajo.

El Noveno Circuito concedió el 3 de noviembre una suspensión administrativa de 14 días, efectiva desde el 6 de noviembre, mientras analizaba el impacto de la nueva decisión de la Corte Suprema. Esa protección temporal vence el 20 de noviembre, y hasta la presentación de la solicitud de emergencia el tribunal de apelaciones no había emitido una decisión definitiva sobre la petición del gobierno para extender el bloqueo.

Qué Pasaría Si La Corte Suprema No Interviene

Este es el punto central de la nueva solicitud.

Si no existe una nueva orden judicial antes de que expire la suspensión, volvería a tener efecto la sentencia que dejó sin validez la terminación de la designación de TPS de 2023. Eso podría devolver temporalmente las protecciones a cientos de miles de venezolanos mientras continúa la disputa judicial.

El Departamento de Justicia sostiene que esa situación produciría importantes problemas administrativos porque durante los últimos 19 meses el gobierno canceló permisos de trabajo, inició procedimientos de deportación, obtuvo órdenes finales de expulsión y detuvo a venezolanos que anteriormente estaban cubiertos por el programa.

Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, restaurar el TPS obligaría al gobierno a detener determinadas deportaciones y reconsiderar la situación de personas actualmente bajo custodia migratoria. El Ejecutivo sostiene que realizar esos cambios para luego revertirlos nuevamente si termina ganando el caso generaría confusión y gastos significativos.

La National TPS Alliance y sus abogados rechazan esa posición. La abogada Emi MacLean, de la ACLU del Norte de California, sostuvo que los tribunales inferiores deben tener oportunidad de resolver las cuestiones pendientes y acusó al gobierno de intentar acudir directamente a la Corte Suprema antes de que termine ese proceso. Los demandantes también señalan que desde la eliminación de las protecciones algunos venezolanos han sido detenidos, separados de hijos ciudadanos estadounidenses o deportados.

La cifra exacta de venezolanos que actualmente podría beneficiarse de una restitución es difícil de establecer. Aproximadamente 600,000 venezolanos llegaron a recibir TPS bajo las designaciones de 2021 y 2023, pero desde que comenzaron las terminaciones algunos han obtenido otros estatus migratorios, otros han salido del país y otros enfrentan procesos de deportación. Associated Press señala que actualmente no existe una cifra pública definitiva de cuántos antiguos beneficiarios permanecen en Estados Unidos.

La Corte Suprema Tiene Nuevamente La Última Palabra Inmediata

La petición presentada este miércoles no constituye todavía una decisión de la Corte Suprema. El gobierno está solicitando primero una suspensión administrativa inmediata para evitar que la sentencia entre en vigor el viernes mientras los magistrados estudian la solicitud completa. Después, busca que el tribunal mantenga bloqueada la restitución del TPS durante el resto del litigio.

El caso tiene implicaciones importantes para cientos de miles de venezolanos que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo una protección que, por definición, siempre fue temporal, pero que se extendió durante varios años debido a las condiciones existentes en Venezuela.

La administración Trump sostiene que corresponde al Poder Ejecutivo determinar cuándo esas condiciones justifican mantener la designación y ha convertido la reducción de programas migratorios temporales en una parte central de su política. Desde su regreso al poder, el gobierno ha terminado o intentado terminar protecciones de TPS para ciudadanos de numerosos países.

Para los beneficiarios venezolanos, en cambio, el resultado puede determinar si recuperan temporalmente permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras se resuelve definitivamente el litigio.

Por ahora, la situación permanece abierta. La administración Trump presentó este 18 de noviembre una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, pero el tribunal todavía debe decidir si intervendrá nuevamente. Si no se produce otra orden judicial antes del viernes 20 de noviembre, la suspensión actualmente vigente expirará y la sentencia que favorece a los beneficiarios venezolanos podría entrar nuevamente en efecto mientras continúa la batalla legal.

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