Perú Rompe Relaciones Diplomáticas con México por Asilo a la Ex Primera Ministra Betssy Chávez
El Gobierno de Perú anunció oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras el otorgamiento de asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo. La decisión marca el punto más crítico de una relación bilateral que venía deteriorándose desde la crisis política peruana de 2022 y ha sido interpretada en Lima como un acto de injerencia directa en los asuntos internos del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien calificó la medida de México como “un acto inamistoso y un obstáculo insalvable para el diálogo”. De acuerdo con el funcionario, la ruptura responde no solo al caso de Chávez, sino también a una serie de pronunciamientos de funcionarios mexicanos —presentes y pasados— que, según el gobierno peruano, constituyen una intromisión en su soberanía.
Betssy Chávez, una de las figuras más cercanas al expresidente Pedro Castillo, enfrenta acusaciones por rebelión y conspiración relacionadas con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia. Tras la detención del expresidente, Chávez fue incluida en la investigación y se encontraba bajo restricciones judiciales mientras avanzaba su proceso. Sin embargo, en octubre buscó protección en la embajada de México en Lima, desencadenando una crisis diplomática inmediata.
La cancillería peruana informó que, como consecuencia de la ruptura, se procederá a retirar al embajador en Ciudad de México y suspender toda actividad diplomática formal, aunque se mantendrán servicios consulares básicos para atender a los ciudadanos de ambos países. También advirtió que cualquier trámite vinculado al asilo deberá regirse bajo los principios de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954), que establece que el Estado asilante no puede utilizar su territorio o sedes diplomáticas para proteger a personas acusadas de delitos comunes o de atentar contra el orden constitucional.
Por su parte, México aún no ha emitido un comunicado formal sobre la decisión peruana, aunque fuentes del Secretariado de Relaciones Exteriores aseguran que el asilo fue concedido “por razones humanitarias” y en cumplimiento de la tradición mexicana de proteger a perseguidos políticos. La situación recuerda el episodio de 2022, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo, provocando la primera ola de tensiones entre ambos países.
El caso de Betssy Chávez ha reavivado el debate sobre la politización del asilo diplomático en América Latina, donde la frontera entre persecución judicial y persecución política suele ser difusa. Analistas en Lima y Ciudad de México coinciden en que esta ruptura podría afectar proyectos de cooperación económica, cultural y de seguridad que ambas naciones mantenían desde hace más de una década.
En el plano interno, el anuncio ha sido celebrado por los sectores conservadores del Congreso peruano, mientras que voces progresistas advierten que la medida podría aislar diplomáticamente a Perú en la región. Chávez, por su parte, declaró desde su refugio diplomático que confía en el respeto del derecho internacional y que es víctima de una persecución judicial.
Con esta decisión, Perú y México entran en una etapa de distanciamiento profundo que pone a prueba el equilibrio diplomático latinoamericano y la vigencia de los acuerdos de asilo en contextos de polarización política. Lo que comenzó como un conflicto jurídico se ha transformado en una crisis de Estado que redefine la relación entre dos naciones históricamente unidas por lazos culturales, migratorios y diplomáticos.
