Saturday, November 8, 2025
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El DPS de Texas Podrá Detener a Inmigrantes Tras Ampliar su Colaboración con ICE Bajo el Programa Federal 287(g)

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) firmó a inicios de noviembre de 2025 un nuevo acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite a sus agentes realizar tareas de control migratorio y detener a inmigrantes bajo el marco del programa federal 287(g). Con esta ampliación, los patrulleros estatales de Texas podrán actuar como agentes migratorios en operativos cotidianos y bajo supervisión directa de ICE, en lo que representa un cambio significativo en la política de seguridad del estado.

Qué es el programa 287(g) y cómo se aplicará en Texas

El programa 287(g), parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, autoriza a agencias policiales estatales o locales a asumir funciones de inmigración mediante acuerdos voluntarios con ICE. En el caso de Texas, el DPS adoptó el modelo “Task Force”, el más amplio de los tres existentes (los otros son “Jail Enforcement” y “Warrant Service Officer”), lo que permite a los patrulleros actuar fuera de cárceles, en espacios públicos y durante operativos de tráfico.

Con esta autoridad, los agentes del DPS podrán:

  • Interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante paradas de tráfico y otros operativos policiales.
  • Detener a inmigrantes indocumentados sin orden judicial en circunstancias previstas por el reglamento federal.
  • Ejecutar órdenes de arresto por infracciones migratorias y preparar documentos de procesamiento ante las autoridades federales.

Solo los agentes entrenados y certificados por ICE podrán ejercer estas funciones, y estarán sujetos a supervisión federal continua.

Origen y razones del acuerdo

La medida se enmarca dentro de la estrategia estatal “Operación Lone Star”, impulsada por el gobernador Greg Abbott para reforzar la seguridad fronteriza y el control migratorio. Desde 2021, Texas ha incrementado su participación en políticas de inmigración, destinando recursos estatales a tareas de vigilancia en la frontera sur y coordinación con agencias federales.

Antes de esta ampliación, divisiones del DPS, la Guardia Nacional de Texas y la Oficina del Fiscal General ya colaboraban con ICE en investigaciones y operativos migratorios. Sin embargo, el nuevo acuerdo formaliza por primera vez la participación de patrulleros estatales en el terreno migratorio fuera de contextos penitenciarios.

En ciudades como Dallas, la decisión ha generado debate. El jefe de policía rechazó una oferta de 25 millones de dólares y la adhesión al programa por temor a afectar la confianza comunitaria, mientras el alcalde ha pedido explicaciones al gobierno federal sobre el alcance del convenio.

Preocupaciones y críticas

Organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han expresado preocupación por los posibles casos de perfilamiento racial y detenciones injustificadas. De acuerdo con un informe del American Immigration Council, hasta un 33 % de los arrestos realizados bajo el modelo “Task Force” en otros estados correspondían a infracciones menores o paradas de tráfico.

Abogados de inmigración recomiendan que los conductores conozcan sus derechos: mostrar únicamente licencia de conducir, permanecer en silencio si se pregunta por estatus migratorio y solicitar asesoría legal en caso de detención. Diversos grupos han anunciado campañas de información y acompañamiento para comunidades latinas y migrantes en todo el estado.

Alcance y límites legales

El acuerdo 287(g) no otorga a los agentes estatales autoridad total en materia migratoria. Las detenciones y procesos de deportación iniciados por los oficiales del DPS deben ser revisados por jueces de inmigración federales, y el programa puede ser cancelado por el estado o por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en caso de irregularidades.

De acuerdo con ICE, los agentes participantes recibirán capacitación intensiva en legislación migratoria, procedimientos de arresto y derechos constitucionales. Sin embargo, defensores de derechos civiles advierten que su aplicación en espacios públicos y carreteras podría aumentar la desconfianza hacia las autoridades y agravar tensiones con comunidades inmigrantes.

Implicaciones para el futuro

Con este nuevo acuerdo, Texas se convierte en el estado con la colaboración más amplia del país bajo el programa 287(g), lo que podría aumentar significativamente el número de detenciones migratorias y procesos de deportación. Para sus impulsores, la medida fortalece la seguridad pública y complementa las políticas federales; para sus críticos, representa una expansión del poder estatal sobre una competencia tradicionalmente federal.

En los próximos meses, el impacto de este acuerdo se sentirá en los debates locales sobre seguridad, migración y derechos humanos, en un estado que ya se encuentra en el centro de las tensiones políticas y sociales por la frontera sur.

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