Anulación de la Política ‘Parole in Place’: Un Revés para Familias Inmigrantes en Estados Unidos

Un juez federal ha anulado una de las políticas migratorias clave de la administración Biden, la cual proporcionaba a familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses una vía legal para regularizar su estatus sin abandonar el país. Esta decisión, dictada por el juez J. Campbell Barker en Texas, ha dejado en incertidumbre a miles de familias inmigrantes, intensificando el debate sobre los alcances de las políticas migratorias y la separación de poderes en Estados Unidos.

El fallo, emitido por el juez Barker, quien fue designado durante la administración Trump, establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece de autoridad para implementar el programa “Parole in Place” (PIP). En su argumentación, Barker sostiene que el Congreso no otorgó al poder ejecutivo la facultad para establecer esta política migratoria. El programa fue objeto de una demanda por parte del fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, junto con otros 16 estados que alegaron que el PIP excedía las atribuciones del DHS y suponía una carga financiera para los servicios públicos estatales.

El PIP ofrecía a aproximadamente 500,000 cónyuges y 50,000 hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses la posibilidad de ajustar su estatus migratorio sin enfrentar las penalidades de la Ley de Castigo, que impone restricciones de entrada a quienes han estado en el país de manera indocumentada. La eliminación de este programa pone en riesgo el acceso a una vía legal para miles de personas, que ahora enfrentan la posibilidad de la separación familiar o la deportación.

Grupos conservadores y algunos funcionarios estatales han celebrado la anulación del PIP, argumentando que la política permitía a la administración Biden eludir las leyes migratorias existentes. El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, comentó que la decisión judicial refuerza la autoridad del Congreso y frena lo que él percibe como un exceso en la implementación de políticas migratorias.

Desde el otro espectro, defensores de los derechos de inmigrantes y algunos políticos han expresado preocupación, subrayando que la decisión del juez Barker establece un precedente que puede frenar futuras reformas migratorias. La anulación plantea un escenario de incertidumbre y angustia para familias que confiaban en los beneficios del PIP.

La administración Biden tiene la posibilidad de apelar la decisión, y el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, miles de familias afectadas viven en incertidumbre. Esta anulación representa un revés importante en los esfuerzos de Biden por ofrecer soluciones legales a los inmigrantes indocumentados, destacando las complejidades y las divisiones políticas que enfrentan los intentos de reforma migratoria en el país.